Comité Cerezo México
Marchan en Pachuca contra desapariciones forzadas
En México existe una Ley General contra la Desaparición Forzada que penaliza con 40 a 60 años de prisión a funcionarios que cometen este tipo de crímenes.
Gregorio de la Cruz de la Cruz era originario de Metlatepec, Huautla, padre de cinco hijos. Se desempeñaba como comisariado ejidal y participó en actividades políticas por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos y por la libertad de los todos los presos políticos del país.
El cuerpo de Gregorio fue encontrado el 23 de julio de este año en Chalma, Veracruz. Estaba boca abajo y se presume tortura, ya que le fueron cortadas ambas orejas, parte de la piel del rostro y el cuero cabelludo; así mismo, el cuerpo presentaba varias heridas de arma punzocortante en el abdomen, en la espalda y un pie.
Representantes de diversas organizaciones civiles se manifestaron esta mañana en la Plaza Independencia con motivo de la conmemoración del Día internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, a fin de dar visibilidad a casos como el de Gregorio, que mediante el desarrollo de un fenómeno delictivo nacional ha tenido un notable incremento de 2006 a la fecha, debido a la guerra contra el narcotráfico que emprendió Felipe Calderón.
Otro caso es el del hidalguense Higinio Bustos Navarro, preso político en Coatzacoalcos, Veracruz, desde hace dos años. Él es integrante del Frente Democrático Oriental Emiliano Zapata. De este asunto ya se dio vista al grupo de detenciones arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas para su puntual seguimiento.
En 2009, aseguran, le fabricaron una acusación por el asesinato de un militar infiltrado en una comunidad y hasta hace dos años le ejecutaron la orden de aprehensión.
De acuerdo con el artículo 2 de la Convención contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se trata del arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra del Estado, o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización y el apoyo del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento del paradero de la persona desaparecida.
Héctor Cerezo Contreras, quien es coordinador del área de acompañamiento del Comité Cerezo México, indicó el gran problema es que no se tiene una cifra certera del número de desapariciones forzadas en México, ya que según el último reporte de la Comisión Nacional de Búsqueda son 2 mil 230 las desapariciones forzadas registradas, lo que contrasta con las 30 mil documentadas por organizaciones de la sociedad civil.
No obstante, de acuerdo a lo señalado por Cerezo Contreras, este número puede crecer hasta 300 mil si es que se toman en cuenta las desapariciones a cargo de grupos delictivos quienes están de acuerdo con los gobiernos, ya que se argumenta que son entre particulares, pero cuando se demuestra esta relación entre la delincuencia y el estado pasan a convertirse en desapariciones forzadas que nadie documenta.
Finalmente, Héctor Cerezo aseguró que tanto la Comisión Nacional de Búsqueda y su homóloga estatal no son más que “elefantes blancos e inoperantes”, ya que no hay resultados por parte de estos organismos y sólo engrosan el aparato burocrático.
Aseguró que es necesario buscar en campo y no solo emitir oficios preguntando por las personas a las diferentes autoridades e instancias, porque lo van a negar.
La organización Comité Cerezo, que encabezo esta manifestación, es una organización dedicada a la defensa y promoción de los Derechos Humanos de víctimas de la represión por motivos políticos en México, con un carácter civil, autónomo, laico e independiente.
