“El narcotráfico es un pretexto permanente para las ejecuciones”

“El narcotráfico es un pretexto permanente para las ejecuciones”

Silvina Pachelo - 7 min de lectura

Francisco Cerezo, del Comité Cerezo México, habla sobre los derechos humanos en ese país, a diez años de las desapariciones forzadas de 43 normalistas de Ayotzinapa.

Hace diez años, la noche del 26 de septiembre de 2014, unos 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en el estado mexicano de Guerrero, fueron desparecidos. Esa misma noche, otros normalistas fueron asesinados y varios quedaron con lesiones de salud irreparables. Todavía no se sabe qué fue de ellos. En su momento, la investigación fue desprolija y el gobierno de Enrique Peña Nieto presentó como “verdad histórica” una versión falsa de los hechos, ahora desmentida. En los últimos años, el trabajo de expertos independientes y de organizaciones internacionales sacó a la luz que se trató de un auténtico crimen de Estado, en el que estuvo involucrada directamente la policía, e incluso el ejército, en connivencia con grupos criminales.

Los 43 normalistas de Ayotzinapa hoy son un ícono cuando se piensa en los desaparecidos en México. Lo que les ocurrió esa noche reveló lo que miles de personas más vivieron desde que, en 2006, se declaró la guerra en contra del crimen organizado. Autoridades coludidas con el narcotráfico, policías municipales que realizan el trabajo sucio de organizaciones delictivas, dilación de la justicia y nulos avances en las indagatorias de búsqueda, alteración de pruebas periciales y genéticas, construcción de culpables y confesiones a punta de tortura son algunas de las experiencias que colectivos de familiares de desaparecidos a escala nacional documentaron para denunciar cómo de manera sistemática se violentaron sus derechos humanos y sus derechos como víctimas de la violencia.

Por este motivo, Caras y Caretas entrevistó a Francisco Cerezo, del Comité Cerezo México. Ese colectivo surgió el 13 de agosto de 2001 a raíz de la detención arbitraria, tortura y prisión de los hermanos Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras y coacusados, Pablo Alvarado Flores y otra persona, en penales de alta seguridad en México. Comenzó como el grupo de trabajo solidario y voluntario integrado por Francisco y Emiliana Cerezo Contreras (hermanos) y amigos de los hermanos presos de conciencia. Se trata de una una organización que contribuye, en el ámbito nacional, al conocimiento y uso de la herramienta de los derechos humanos.

–¿Cuál es la actividad del Comité Cerezo México?

–Cada año sacamos un informe sobre violaciones a los derechos humanos en México, desde 2001, y con el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) observamos que las cifras de presos comenzaron a bajar y eso nos llamó la atención. En ese momento había dos mil presos políticos. Empieza la guerra de Calderón y en 2008 comenzamos a documentar ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en medio de una guerra, que recrudeció la ejecución de defensores de derechos humanos. Un luchador social es mucho más barato desaparecerlo o matarlo que meterlo preso porque genera un movimiento que intensificará una revuelta y la visibilidad de ese movimiento. Y así empezamos a documentar cada caso. Así surgieron marchas y una resistencia muy grande y dar a conocer al mundo que nos gobernaba la derecha. Cuando llega el PAN (Partido de Acción Nacional) al gobierno todo se pone peor. Arrastraba lo que pasaba en Colombia con el modelo que instalaron de “falsos positivos”. Es una estrategia para América latina. Ese proyecto represivo nace en Estados Unidos. Antes estuvo la receta del Plan Cóndor en el Cono Sur; ahora ya no son dictaduras pero son derechas e imponen una lógica de extractivismo neoliberal y el capitalismo descarnado a costa de violar los derechos humanos básicos y elementales de las personas. Vamos siguiendo lo que pasa en la Argentina, cómo les pegan a los viejitos y les quitan los derechos que durante años fueron conquistando. Volviendo al tema, empezamos a documentar la desaparición forzada a partir de 2007 y hasta la fecha hay una estrategia sistemática y generalizada con el objetivo de control social mediante el terror.

–Las derechas en América latina van cambiando su estrategia de guerra, control, persecución, represión y desaparición, con la condición de buscar un enemigo interno para justificarla. En este marco, ¿qué lectura hacés sobre el caso Ayotzinapa?

–La figura del enemigo interno histórico siempre les sirve para justificar y llevar adelante su plan del terror. Pueden matar a cualquiera y ese terror se engendra en la sociedad y en cada uno de nosotros. Y hacia afuera se cree que todos los crímenes están relacionados con el narcotráfico. En ese sentido nos guiamos, por ejemplo en el caso Ayotzinapa, con los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que es un comité de juristas y médicos enfocados en realizar una investigación paralela sobre los acontecimientos ocurridos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en la comunidad de Iguala. Lo que informan es que el caso Ayotzinapa se pudo llevar adelante gracias a la visión contrainsurgente que se tiene en México de las escuelas normales rurales pertenecientes a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas. Las ejecuciones en México son permanentes y la guerra de ejecución suele darse con personas o que no militan o cuyos espacios políticos son más débiles. En cambio, los estudiantes ruralistas están muy bien organizados y son muy fuertes. Para el Estado represor eso es un problema, por eso el caso de los normalistas trascendió. El estado de Guerrero, donde sucedió este hecho, es un lugar de mucha disputa política que lleva setenta años. El narcotráfico es un pretexto permanente para las ejecuciones. Y el ejército está totalmente implicado en el caso Ayotzinapa, de eso no hay duda. Esto nos permitió ver que la situación en México había tocado su punto más grave y terrorífico. El Estado claramente protege su columna vertebral, que es el ejército, por sobre todas las cosas. Y usa la fórmula del “Estado fallido”, es decir que el Estado tiene la voluntad de esclarecer pero está condicionado por el narcotráfico. Con esa excusa pide socorro. ¿A quién? A los Estados Unidos.

–¿Cómo siguen funcionando las escuelas rurales tras el caso Ayotzinapa?

–Son un conjunto de diferentes escuelas. Ayotzinapa siempre fue la más perseguida y golpeada y es porque de ahí salieron varios líderes políticos, por ejemplo Lucio Cabañas, que cursó la educación secundaria en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, lugar en el que se destacó como dirigente estudiantil y se graduó como normalista a los 24 años, en 1963. Comenzó a impartir clases como profesor de educación primaria en un ejido en Mezcaltepec, pueblo cercano a una zona de bosques. En aquel sitio, Lucio Cabañas se unió a los movimientos derivados del descontento de los ejidatarios contra las compañías madereras que habían incumplido con los contratos firmados con los campesinos. Para evitar que las compañías siguieran talando, bloquearon con troncos de árboles el paso hacia Mezcaltepec y lograron expulsar a los madereros de la zona. En respuesta represiva, las autoridades educativas ordenaron su reasignación a otra ubicada en la cabecera Atoyac. El 2 de diciembre de 1974, Lucio Cabañas Barrientos fue asesinado en un enfrentamiento con el Ejército mexicano en El Otatal, Guerrero. Por eso cuando tocan una escuela rural todo el movimiento social se mueve doblemente. Claro que hay una fijación grande sobre las escuelas, porque ellas se crearon bajo un carácter socialista. El sexenio de Lázaro Cárdenas permitió que las escuelas rurales fueran de formación socialista. En la actualidad solo quedan 17 de 32, pero los y las normalistas no han abandonado su lucha pese a la persecución y criminalidad, resisten porque quieren educarse y educar para la liberación de su pueblo.