El Fiscal para Chalchihuapan es ligado a irregularidades en el caso de Digna Ochoa

Por Shaila Rosagel y Laura Cordero

Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).- José Antonio Pérez Bravo, el Fiscal especial nombrado por el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas para investigar el homicidio del menor Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, en Chalchihuapan, fue parte del equipo que “investigó” el asesinato de la activista Digna Ochoa Plácido en 2001.

Los Agentes del Ministerio Público y la Procuraduría del Distrito Federal difundió un informe que decía que la activista, quien recibió dos balazos y uno de ellos en una pierna, se suicidó.

Este informe fue ampliamente rechazado no sólo en México, sino también por organismos extranjeros como Amnistía Internacional, e incluso por la misma Naciones Unidas (ONU).

Ahora, uno de esos Agentes del Ministerio Público es el Fiscal nombrado por Moreno Valle, de acuerdo con activistas y familiares de Ochoa Plácido.

“Fue parte del equipo auxiliar y está acusado por omisiones y de interferir en el proceso”, confirmó a SinEmbargo Alejandro Cerezo, integrante del Comité Cerezo, quien constató con la familia de la activista que el Fiscal Pérez Bravo es el mismo que tiene acusaciones por omisiones e interferir en el caso cuya conclusión fue que Ochoa Plácido se había suicidado.

Al menos entre los años 2005 y 2006, José Antonio Pérez Bravo fue el agente del Ministerio Público Auxiliar en el caso Digna Ochoa, cuando Víctor Carrancá, el actual Procurador de Justicia de Puebla, era subprocurador de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

Los familiares de Digna Ochoa lo acusaron de que dos meses después de la exhumación el funcionario impedía por todos los medios el análisis de los restos de la activista.

“Es absurdo que el gobierno asigne a una persona para que investigue delitos cometidos por el mismo gobierno. Es importante el historial de la persona que asignaron porque habla de su mínima capacidad de realizar una investigación objetiva”, dijo por su parte, Misraim Hernández Fernández, coordinador del contingente Puebla.

Aseguró que el Fiscal, nombrado por el Gobernador Rafael Moreno Valle el 11 de septiembre para acatar una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), es juez y parte al haber sido nombrado por el mismo mandatario estatal.

“No hay confianza en la persona asignada y mucho menos en los resultados de la investigación que pueda presentar”, declaró a SinEmbargo.

Consideró que la CNDH debió asignar a una persona directamente para hacerse cargo de la investigación y no darle el caso a quienes cometieron las violaciones de derechos humanos de los habitantes de Chalchihuapan.

El informe de la CNDH confirmó que fue un proyectil de la policía el que mató al menor de 13 años en San Bernardino Chalchihuapan, durante una manifestación, por lo que recomendó al Gobierno de Puebla que iniciara un procedimiento de responsabilidad y una denuncia de hechos en la Procuraduría estatal en contra del Secretario de Seguridad Publica, Facundo Rosas Rosas, y la creación de una Fiscalía Especial para investigar las agresiones de las que fueron objeto los habitantes del municipio de Ocoyucan, el pasado 9 de julio.

También recomendó al mandatario estatal dar instrucciones para que se repare el daño a las víctimas y se implemente una estrategia para satisfacer las demandas sociales de la población.

La CNDH instruyó para que se ofrezca una disculpa institucional por parte de los servidores públicos que participaron en el operativo y se den garantías de no repetición de los hechos.

De acuerdo con el informe, José Luis no fue lesionado por una explosión u onda expansiva, como lo aseguró el gobierno estatal: para la CNDH las lesiones fueron provocadas por alguno de los proyectiles utilizados por los elementos de Seguridad Pública. Los hechos fueron reforzados por dos testigos que observaron cómo un policía que portaba un arma con ambas manos en la carretera dispararon a 50 metros de distancia en dirección a donde se encontraba el menor.

Otras nueve personas presentaron lesiones “circulares de 3 a 6 centímetros de diámetro”.

EL CASO DIGNA OCHOA

El 19 de octubre de 2001, Digna Ochoa y Plácido fue asesinada en su despacho de la calle Zacatecas 31-A, en la colonia Roma, de la Ciudad de México, hecho que provocó de inmediato la indignación de diferentes organizaciones de derechos humanos.

El cuerpo de Ochoa Plácido fue encontrado por uno de los abogados auxiliares del despacho, Gerardo González, alrededor de las 17:50 horas, con disparos de arma de fuego en la cabeza y las piernas, al parecer de calibre 22. A su lado se encontró una amenaza de muerte por escrito, en contra de integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal guardó total hermetismo sobre el hecho. El entonces titular de la dependencia, Bernardo Bátiz, acudió al lugar del crimen alrededor de las 22:30 horas y se comprometió a hacer todo lo necesario para localizar a los responsables.

Los primeros dictámenes coincidían en que su muerte fue un homicidio, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal difundió una tesis de suicidio, se descartó continuar la investigación para dar con los responsables y se dio por cerrado el caso.

El informe de la autopsia indicaba que en su cuerpo había dos heridas de bala de calibre 22. Su muerte fue causada por un disparo en la cabeza. La herida de la entrada estaba en el lado izquierdo. Según el informe del forense, la bala atravesó el cráneo de izquierda a derecha con un ligero ángulo de arriba hacia abajo y de atrás hacia delante. La bala se quedó incrustada en el temporal derecho. Ochoa era diestra. La otra bala le entró por el muslo por delante hasta la parte posterior.

A petición de sus familiares, su cadáver fue exhumado 2005 y la investigación sobre su muerte fue reabierta, ya que consideraban improbable que se tratara de un suicidio. Algunas indagaciones indican que tras el presunto asesinato de Digna Ochoa se encontraban caciques y militares afectados por el activismo de los presos a los cuales la abogada defendía. El 15 de marzo de 2007, en la Sierra de Petatlán, Guerrero, un campesino da a conocer información que señalaba al ganadero y ex presidente municipal de Petatlán, Rogaciano Alba Álvarez, como presunto autor intelectual del asesinato de la abogada.

El 28 de noviembre de 2010, la Procuraduría General de Justicia del DF concluyó que la defensora de los derechos humanos, Digna Ochoa, no fue asesinada sino que ella misma se quitó la vida. A solicitud de un amparo que obtuvo la familia Ochoa es que el Ministerio Público volvió a revisar el caso pero, según el entonces Procurador Miguel Ángel Mancera Espinosa, “se concluyó que fue un tema de suicidio”.

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