HAN PASADO UN PAR DE MESES desde el 19s, no sólo del sismo sino de todo el trauma que ha dejado no tener respuestas, no poder volver a la “normalidad” porque aún hay quien no puede regresar a sus hogares o su lugar usual de trabajo, algunas calles siguen cerradas, aún vemos cintas amarillas o rojas en algunos lugares, sin saber exactamente qué pasa o qué debería pasar ahí. Me puse a pensar que la lucha de quienes han tenido una pérdida con el 19s, no es muy diferente a la de quienes, desde hace 8 años ya, exigen una tarifa social justa de la energía eléctrica. Creo que ante un mismo problema podemos optar por, al menos, dos opciones. Una es la vía individual, otra la colectiva; una recurre a la noción de ser cliente o consumidor, la otra a ser derechohabiente; una depende de cuánto podemos pagar (con dinero o con deuda), la otra de cuánto nos organizamos.
Ante el 19s, la ausencia de información ha sido común: no sabemos el estado real de la ciudad, tampoco conocemos a los responsables gubernamentales; esto nos ha dejado incertidumbre y frustración, con la sensación de que el tiempo pasa pero las acciones no llegan. Algunos inmuebles, ya sean casa u oficinas, que sufrieron daños o incluso colapso, fueron revisados ocularmente (que es sólo 1 de las 3 posibles modalidades) y debían recibir un dictamen para describir su condición: si es habitable o no, qué revisión debe seguir, cómo proceder en su reparación; especialmente aquellas construcciones de uso social como escuelas u hospitales, debían ser revisadas obligatoriamente para garantizar la seguridad de los usuarios, sin embargo, tales dictámenes no llegaron o se tomaron dos meses en llegar; también pudo suceder que se hicieran varios con resultados contradictorios, generando dudas respecto de lo procedente. El patrimonio, la educación y/o salud de muchas personas están en juego.
¿Qué hacer? Aquí es cuando se presentan las dos opciones; por un lado, aparece la más inmediata y sobre la cual creemos tener control directo, pagar a un DRO privado para suplir al que no ha llegado. Es posible que juntemos el dinero (al menos unos $150,000), pero aún faltaría un largo camino por recorrer: lograr la validación de tal dictamen, esperando que no sea diferente al oficial (si es que llega); hacer la gestión necesaria para que asuman consecuencias los responsables, son solo algunas de las acciones a emprender. Por otra parte, la otra alternativa es organizarse como vecinos para identificar al encargado en Protección Civil de la CDMX de mandar un DRO (incluso para saber qué es un Director Responsable de Obra) y exigir la entrega del dictamen, como mandata la ley, pues ante emergencias, el gobierno está obligado a responder a las necesidades y requerimientos populares, incluso puede regular las tarifas de los DRO por la necesidad y el interés social de ello.
El 19s nos ha puesto a pensar en el tema de la vivienda. Tengo el impulso natural de ver por mi vivienda, mi escuela, de saber para cuánto me alcanza y buscar créditos para una deuda de largo plazo, buscar renta accesible, etc., pero también, tengo la posibilidad de sensibilizarme y hacerme consciente respecto del derecho que todas las personas tenemos a acceder a una vivienda digna, accesible (cercana o conectada con nuestros puntos de estudio o trabajo), con servicios públicos (agua, drenaje, luz, pavimento) y que adquirirla no rebase el 25% de nuestro ingreso familiar.
A esa reflexión me he acercado cuando recordé a las personas de la mesa de la luz del Mercado de la Bola, quienes luchan no sólo por sus cuentas de luz, sino porque sea un derecho para todas las personas de México, que sus 8 años sean para ti, aunque ni siquiera te conozcan, porque así son los derechos, deben ser reclamados para todas las personas. ¿Podremos hacer ésta una oportunidad para que la vida digna sea una realidad para toda la ciudad? Al parecer todo empieza con un cambio de enfoque ante estas dos opciones.
Vecina de Coyoacán