Graco lo criminalizó, Moreno Valle lo apresó y ONG mundial aplaude su lucha por los DH

, por  Comité Cerezo México , popularidad : 1%

Cerezo indicó que el incremento de detenidos por fabricación de delitos despuntó durante la administración actual, pues durante todo el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, se registraron mil casos.

Si a este dato–dijo– se le suma que de 2008 a la fecha fueron ejecutados extraoficialmente 90 activistas defensores de derechos humanos a manos de funcionarios públicos, el panorama para el activismo en México es poco alentador.

Por Shaila Rosagel junio 19, 2015 - 00:02h 5 Comentarios

Ciudad de México a 19 de junio (SinEmbargo).– En 2012, Graco Ramírez Garrido Abreu, el Gobernador perredista de Morelos, lo calificó de “agitador profesional” y el 7 de abril de 2014, el Jefe del Ejecutivo de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, lo encarceló por su labor como activista defensor del territorio. Sin embargo hoy, la organización irlandesa Front Line Defenders lo colocó en su lista de cinco finalistas para su premio anual.

Juan Carlos Flores Solÿffffeds es el único finalista latinoamericano en el 2015 Front Line Defenders Award y el motivo principal es su trabajo y valor como activista social en un país en donde quienes se enfrentan a las instituciones corren peligro de muerte, desaparición, encarcelamiento, represión, tortura. Como le ocurrió a él y a otros tres de los incluidos en la lista, aún presos en sus naciones.

Front Line Defenders, fundada en 2001 en Dublín, es una organización de nivel internacional que promueve el fortalecimiento de los mecanismos regionales e internationales de protección de activistas y derechos humanos, incluso mediante la colaboración y el apoyo al trabajo de la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el tema.

“Los defensores de derechos humanos son los que cuidan la retaguardia de la gente que está en el campo, es la persona que defiende a las comunidades y que por ese motivo corre mayor riesgo. Los mío es la defensa del territorio, entre los finalistas hay otros, uno de China por ejemplo, que defiende los derechos laborales”, dijo en entrevista con SinEmbargo el activista del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua.

Aunque sólo habrá un ganador y el premio se entregará el 12 de septiembre en Irlanda, Juan Carlos se siente satisfecho por ser un mexicano elegido entre los finalistas.

Es originario de Puebla y cuenta con 15 años inmerso en el activismo social, labor que le valió ser criminalizado en Morelos en 2012.

“Ya en el Frente, empezamos en la defensa del territorio con compañeros de Morelos en 2012, en un proceso duro, parando obras, enfrentando a policías desde 2012, por el Proyecto Integral Morelos. Hemos vivido amenazas, desprestigio, calumnias del gobierno. Cuando Graco acababa de llegar como nuevo Gobernador del estado, dijo que yo era un agitador profesional, para quitarle a las comunidades sobre todo, el derecho a la información, porque nos caracterizamos por difundir información en base a los mismos datos de los proyectos de las empresas”, recordó.

Pero no fue el desprestigio que enfrentó en Morelos la situación más grave que Juan Carlos vivió como activista: fue en Puebla, su tierra. En manos de Rafael Moreno Valle.

Moreno Valle lo envió a la cárcel un 7 de abril de 2014. El activista fue detenido justo afuera de las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Juan Carlos y otros activistas se oponían a la construcción de un gasoducto. Ese día llegaron siete camionetas sin placas por él, con unas 40 personas a bordo. Fue golpeado y conducido a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla (PGJEP).

Ahí, lo primero que le avisaron fue: “esto te pasa por defender a los pinches indios”, recordó. “Además me dijeron que si creía que iba a poder con el Gobernador, estaba equivocado. Luego escuché conversaciones que venían de la otra sala donde alguien hablaba por teléfono y decían: ‘jefe ya cayó Juan Carlos’, nunca supe con quién hablaban”, narró.

La pesadilla para el activista apenas comenzaba. Lo acusaron por extorsión, despojo y otros delitos cometidos dos años atrás. Moreno Valle, aseguró, ya le tenía preparada la detención desde 2012.

Luego de casi uño de lucha, el 23 de enero de 2015, Juan Carlos salió el libertad gracias a un amparo, sin embargo, se canceló la suspensión definitiva de la orden de aprehensión y podría ser detenido de nuevo.

Su postulación al premio, la realizaron varias organizaciones mientras se encontraba preso.

“El activismo en México, lleva un gran riesgo. Llevo 15 años de lleno y nunca había visto una situación tan general de riesgo como la de ahora. Estamos enfrentando la antesala de una dictadura hecha y derecha. Las propuestas de los presidenciales, son semejantes. La represión en Atenco fue la carta de presentación de Enrique Peña Nieto para ser Presidente. En este caso Moreno Valle está proponiendo un modelo de gobierno a los inversionistas donde les dice ‘yo puedo hacer que sus proyectos se lleven a cabo, por medio de la fuerza pública y la persecución’. Por eso es importante visilibilizar lo que está pasando”, dijo.
Juan Carlos Flores Solÿffffeds. Foto: YouTube

Front Line Defenders reconoce la labor de Juan Carlos Flores Solÿffffeds para evitar que grandes empresas se apropien de recursos y tierras que pertenecen a indígenas y campesinos. Foto: YouTube

LOS ACTIVISTAS EN MÉXICO

Hasta octubre del año pasado, durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto fueron detenidos arbitrariamente 669 defensores de los derechos humanos acusados por motín, ultrajes a la autoridad, homicidio y secuestro, dijo hace unos meses Francisco Cerezo, miembro del Comité Cerezo México, a SinEmbargo.

“Esto se va a ir incrementando porque es un mecanismo eficaz del Estado para inhibir la actividad de los defensores de derechos humanos en el país”, explicó.

Cerezo indicó que el incremento de detenidos por fabricación de delitos despuntó durante la administración actual, pues durante todo el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, se registraron mil casos.

Si a este dato–dijo– se le suma que de 2008 a la fecha fueron ejecutados extraoficialmente 90 activistas defensores de derechos humanos a manos de funcionarios públicos, el panorama para el activismo en México es poco alentador.

“Los defensores de derechos humanos están sufriendo amenazas, hostigamientos por la labor que están haciendo en México en su lucha en contra de megaproyectos y de las reformas estructurales. El Estado está generando un clima de criminalización para golpear, amenazar, para la ejecución extraoficial y desaparición forzada”, indicó.

Francisco Cerezo informó que de acuerdo con los registros del Comité, personas vestidas de civil acuden con mayor frecuencia a los lugares de trabajo de los activistas para intimidarlos.

“Hay amenazas de muerte vía telefónica, vía correo electrónico, de manera verbal para que detengan el trabajo que está realizando”, explicó.

El defensor de derechos humanos detalló que los estados más peligrosos para ser activista en México son: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y el Distrito Federal.

“Lo que creemos es que se trata de una estrategia de Estado, más agresiva que durante el anterior sexenio: el nuevo gobierno no menciona la palabra guerra, ni combate, pero la amenaza para los defensores es peor”, agregó.

En el caso de Puebla, detalló Juan Carlos, hay alrededor de 144 presos políticos durante los últimos dos años. De ellos 129 provienen de comunidades indígenas.

“La situación de represión es bastante alarmante con el Gobernador Rafael Moreno Valle. Hay muchos que han sido presos por ser parte de una manifestación, que no tienen un historial dentro del activismo. Por el tema de los moto taxis, están presas más de 30 personas, otros han sido por tierras, en la zona mixteca. Hay más de 150 órdenes de aprehensión”, detalló.

El activista denunció que existe una lista negra en Puebla. De los 144 presos políticos, 20 por ciento estaban “marcados” y 80 por ciento, fueron detenidos en protestas sociales, explicó.

“Es una situación que viven en muchos países. De los cinco finalistas del premio, tres de ellos están en la cárcel”, lamentó.

Las “listas negras” no son privativas de Puebla, el martes tres estudiantes agredidos en Xalapa, Veracruz el pasado 5 de junio y organizaciones, denunciaron que el Gobernador Javier Duarte de Ochoa tiene una lista negra de 30 personas “peligrosas” para el orden público.

Esa lista comprende: estudiantes, artistas, activistas, periodistas, consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y académicos.

“Vivimos en un clima de persecución, detenciones arbitrarias, acusaciones a los estudiantes de Humanidades de ser responsables de ataques al INE en Xalapa. Hay y una lista negra donde hay activistas y estudiantes que luchamos en contra de megaproyectos”, dijo Ignacio Córdova, uno de los estudiantes de la Universidad Veracruzana, atacado el 5 de junio.

Aunque ninguno de los ocho jóvenes golpeados está en esa lista, en la víspera del ataque fueron señalados y criminalizados por el Fiscal General de Justicia del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras.
Los estudiantes agredidos exigieron el esclarecimiento del caso. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo.

Estudiantes agredidos por el gobierno de Veracruz. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo.

“Nosotros somos universitarios que se solidarizan con las causas justas: movimiento magisterial, estudiantes de Ayotzinapa. La mayor parte de nosotros somos artistas, hacemos poesía, prensa, proyectos audiovisuales. Defendemos los ríos y afectaciones de las comunidades afectadas por la Reforma Energética”, indicó Ignacio Córdova.

Giovana Mazzotti, académica de la Universidad Veracruzana, explicó que el ataque del 5 de junio no fue realizado para matar a los estudiantes, sino para amedrentar a todos los que están en la lista negra y demás estudiantes y activistas.

“El ataque fue planeado, casi quirúrgicamente, las agresiones son análogas a su participación política. Hay un señalamiento a esta población que no va dirigida a matarlos, pero a dejarlos muy mal para producir miedo hacia la participación”, dijo Giovana.

Julián Ramírez, activista veracruzano, denunció que él sí está en la lista negra: “Hay una lista negra. Yo estoy en ella. A los activistas, defensores del territorio y estudiantes se les hace una ficha y se boletina” dijo.

Los estudiantes agredidos exigieron el esclarecimiento del caso. Denunciaron que las agresiones que sufrieron fueron atroces: fractura de cráneo, de mandíbula, machetazos en la cara y cabeza.

El ataque, denunciaron, fue realizado por la colusión de grupos de parapolicías y policías.

Ver en línea : Graco lo criminalizó, Moreno Valle lo apresó y ONG mundial aplaude su lucha por los DH

Navigation

AgendaTous les événements

febrero de 2020 :

Nada para este mes

enero de 2020 | marzo de 2020

Soutenir par un don