Chiapas: ¿Quién está a cargo?

Gabriela Coutiño

El 13 de noviembre de 2006, un grupo de 40 personas armadas irrumpió en el poblado Viejo Velasco, ubicado en plena Selva Lacandona. El comando irrumpió con violencia en las casas de los lugareños, tanta que el resultado fue:

Cuatro indígenas fallecidos, cuatro desaparecidos -de los cuales dos fueron encontrados sin vida después- y 36 personas desplazadas.

El caso, conocido por las organizaciones sociales independientes como la “Masacre de Viejo Velasco”; se enmarcó como una acción parte de la estrategia gubernamental de contención al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Estas acciones de fomento a la violencia intercomunitaria; -afirmaron en su momento las organizaciones sociales independientes, y siguen afirmando- son para contener las adhesiones y simpatías hacia el EZLN.

El problema es que la estrategia fomentó la aparición de organizaciones de corte paramilitar y esto desembocó en tragedias como la ya mencionada de Viejo Velasco, la de Chavajeval y Unión Progreso en el Municipio del Bosque, Polhó en Chenalhó y qué decir de la sufrida por loa habitantes de Acteal.

Con estos antecedentes; el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), capítulo México, un juzgado ético internacional no gubernamental, que tiene como propósito abanderar la defensa de los derechos humanos, se encuentra organizando para este viernes 18, un acto que ha denominado la pre audiencia “Con Justicia y Paz encontramos la Verdad”, en la comunidad El Limonar, municipio de Ocosingo.

El Tribunal Permanente de los Pueblos, es una ONG compuesta por diversas organizaciones populares, de indígenas, coaliciones estudiantiles y defensores de derechos humanos.

La organización comenta que la pre audiencia a realizarse; será un espacio de denuncia nacional e internacional que permitirá aportar argumentos jurídicos y éticos sobre el caso de Viejo Velasco.

La lucha de la organización es justicia para las víctimas, así como el de modificar el marco jurídico, y de crear las leyes que permitan juzgar a los responsables intelectuales y materiales de las violaciones a los derechos humanos, y también terminar con la impunidad que surge de situaciones como esta, que vemos a menudo en Chiapas.

La pre audiencia juzgará a los involucrados en los eventos de Viejo Velasco.

En el encuentro estarán presentes testigos, sobrevivientes y familiares de las víctimas.

Además participarán como jueces, académicos, reconocidos luchadores sociales, activistas y defensores de los derechos humanos.

Por ejemplo Alejandro Cerezo Contreras del Comité “Cerezo México”, Carlos Juan Méndez Gutiérrez, del Centro de Derechos Indígenas de Chilón; Juan Méndez, de la organización CIDEAC. Además de Joel Heredia, integrante de Salud y Desarrollo Comunitario y Rubén García Kalb, profesor investigador adscrito al posgrado de derechos humanos de la UNAM.

La audiencia final, -informa la organización- se realizará en el mes de septiembre en Michoacán y se contará con la presencia de jueces internacionales.

A casi 8 años de los acontecimientos en Viejo Velasco, se sigue exigiendo justicia, castigo a los involucrados tanto material como intelectualmente.

Se sigue exigiendo la verdad.

Se sigue condenando la impunidad.

Si la verdad se oculta y la impunidad no se castiga; inevitablemente estos acontecimientos se repiten.

Se repiten también porque las condiciones de pobreza, de marginación y de enfrentamientos comunitarios no han cambiado. Incluso se han registrado casos en donde las mismas comunidades han hecho justicia por su propia mano.

Solamente en lo que va del 2014, recordamos hechos como:

Linchamientos en Tenejapa, Oxchuc y San Juan Chamula

Enfrentamientos comunitarios en San Antonio los Montes, cerca de San Cristóbal de las Casas

Asesinato de adherente al EZLN en Bachajón.

Conflicto en Mitzitón, que derivó en destrucción de casas y creación de la primera policía comunitaria en Chiapas.

Conflicto también entre comuneros de Chenalhó y Chalchihuitán que se disputan 900 hectáreas desde hace 40 años y han pasado del diálogo a los reclamos ya a los balazos.

El costo de los conflictos locales lo asume la población, puesto que además de la zozobra que le provoca la violencia, tiene que desplazarse de sus lugares de origen.

De desplazamiento interno poco se sabe en Chiapas.

Casi no existen estadísticas, -salvo los datos que aportan las organizaciones defensoras de los derechos humanos- y mucho menos se conoce un programa estatal que se dedique a por lo menos resolver las necesidades más apremiantes de los desplazados por la violencia intra e intercomunitaria en Chiapas.

En todos estos conflictos ¿Dónde han estado las autoridades estatales?

¿Cuál ha sido su papel –más allá de la retórica- en contener la violencia en las comunidades de Chiapas?
¿Qué medidas se toman para el auxilio de los desplazados internos?

¿Por qué siguen estallando los conflictos?

Las oficinas gubernamentales dedicadas a estos temas, deben de pasar de solamente a dar seguimiento a la evolución de los acontecimientos comunitarios, a resolverlos a fondo.

La tarea implica castigo a los responsables de los delitos, dejar atrás la impunidad y privilegiar el diálogo.

¿Habrá capacidad política para resolver los múltiples conflictos en Chiapas?

¿Quién está a cargo de ello en el gobierno estatal?