El misterioso caso del cándido Estado y el crimen desalmado

, por  Comité Cerezo México , popularidad : 1%

Las víctimas que, confundidas por el dolor no alcanzan a ver la mano del Estado en su desgracia, que no alcanzan a entender que la justicia, la verdad y la reparación son necesidades sociales, que no pueden trascender su desgracia particular son más convenientes para el Estado.

Publicado en la Revista Revuelta #24
Melanie Salgado
Noviembre de 2011

Desde los inicios de su sexenio, Felipe Calderón Hinojosa pactó con uno de los cárteles más poderosos, el de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien se convirtió en lo que hoy es auspiciado, promovido y patrocinado por funcionarios del Estado (véase Hernández, 2010). Al mismo tiempo el Gobierno Federal desató un cacería en contra de los cárteles enemigos del Chapo (que también fueron creados, auspiciados y promovidos por altos funcionarios del Estado (Sierra Guzmán, 2003).

Los escenarios de violencia que la confrontación del cartel elegido contra los demás carteles trajeron al país le permitirían al Estado no sólo monopolizar el mercado ilegal en el país, sino también crear un escenario que justificara su llamada guerra contra el narco, enemigo con el que, en apariencia, lucharía.

El triunfo de su creación del enemigo interno trajo consigo las tácticas de supuesta guerra contra el narco, que en realidad ocultan otros fines:

a) Monopolizar el mercado ilegal
b) Profundizar las políticas neoliberales en el país
c) Desplegar una política de control social que, haciendo uso del miedo, la militarización y paramilitarización, permitiera evitar o controlar el descontento ante las políticas neoliberales
d) Cambiar los códigos y leyes para hacer que las prácticas violatorias de los derechos humanos se vuelvan actos legales.
e) Hacer pasar a los luchadores sociales y defensores de derechos humanos como integrantes de ese enemigo interno.

Existe un punto más que el Estado logró obtener al crear un enemigo interno: crear un actor al que pudiera achacarle las violaciones a los derechos humanos que son producto de la violencia sistemática del capitalismo y aquellas que resultan de su política represiva, lo que le permite ganar legitimidad como Estado democrático y disminuir o minimizar el costo político de su guerra contra el pueblo.

Las víctimas entonces comenzaron a multiplicarse por cientos, pero incluso la concepción y entendimiento de este concepto implica una posición de clase. Todos los sectores y clases hablan hoy de paz, de justicia, de reparación, de víctimas, pero no todos ven en la defensa y el acompañamiento de las víctimas los mismos objetivos y son esas diferencias las que nos interesan.

En el breve espacio con el que cuento trataré de abordar la manera en la que el Estado oculta tras las víctimas de la delincuencia sus responsabilidades, así como las diferentes posiciones desde las que se habla de víctimas. El Estado insiste en mostrar a la sociedad que son los criminales quienes atacan a la población y no él, y sigue justificando su política de militarización y mano dura. La evasión de la responsabilidad de las autoridades opera bajo una misma lógica, pero puede presentarse de distintas maneras:

1. Negando la política sistemática de violaciones a los derechos humanos: daños colaterales y la manzana podrida.

Aun existen muchos casos en los que es el Estado quien ejecuta directamente la violación a los derechos humanos (comisión). Es decir aquellos actos que cometieron funcionarios públicos del Estado y que atentan contra los derechos humanos. Frente a este tipo de casos, el Estado argumenta que las muertes de civiles obedecen a daños colaterales que no pudieron ser evitadas; es decir a situaciones que se salieron de control. Nunca aceparán que esas situaciones se salen de control bien porque estaban diseñadas para que así sucediera, bien porque sus operativos anteponen el objetivo de sus operativos a la seguridad de los civiles.

Si el Estado no es capaz de convencernos de que hizo todo lo posible y, por circunstancias ajenas a él, las cosas se salieron de control, aún cuenta con un as bajo la manga: argumentar que aquellos elementos del Estado que cometieron las violaciones a los derechos humanos lo hicieron porque son “la manzana podrida” del Estado, porque han sido cooptados por el poderosísimo narco o porque son elementos desequilibrados que actúan fuera de las ordenes del Estado como producto de sus desórdenes personales. Como si la responsabilidad de controlar, verificar y calificar a sus funcionarios no fuera del propio Estado, sino de cada individuo.

Independientemente de si los castiga o no (que casi nunca lo hace), en estos casos el Estado oculta que las victimas de estos hechos sean su responsabilidad al negar la intensión y comisión de los actos.

2. Afirmando que las omisiones son resultado de un estado penetrado por el crimen organizado

Otra larga lista de violaciones a los derechos humanos ocurre cuando las autoridades no hacen lo que deberían, no cumplen con su trabajo (omisión) poniendo en riesgo o negando nuestros derechos humanos. En estos casos su incompetencia o completa indiferencia genera catástrofes enteras. Piense tan sólo en las miles de muertes que ha generado la omisión de los médicos del seguro social. O las miles de muertes que ocasiones las omisiones por medio de las cuales se nos niega el derecho a la alimentación, la vivienda, el trabajo digno, etc.

Cuando logramos mostrar que un funcionario público ha actuado por omisión, se ha hecho de la vista gorda o se ha “cruzado de brazos”, el Estado recurre nuevamente a su enemigo interno y alega que estos funcionarios han sido comprados por el crimen organizado, razón que explica su incapacidad para actuar, ya sea impartiendo justicia, investigando los crímenes que se denuncian o garantizando los derechos de la población. ¿Acaso no es responsabilidad del Estado vigilar periódicamente a sus funcionarios para garantizar que hagan su trabajo? Y supongamos (porque no es así) que la larga lista de omisiones que enfrentamos se debe a que el despiadado narco ha comprado a los funcionarios, ¿qué no es responsabilidad del Estado tomar medidas para solucionar ese problema de raíz y evitar que se vuelva a repetir? ¿O tal vez es que no quieren resolverlo?

3. Ocultando sus actos tras acciones de otros grupos

El Estado no sólo oculta su participación en los hechos que generan víctimas por medio del uso de civiles que son mandatados, pagados y patrocinados por él, sino que, al mismo tiempo, exacerba ciertas características de las victimas: exacerba el hecho de que han sido atacadas por el enemigo interno que ha creado. Por eso favorece los testimonios de los delitos (no de las violaciones a los derechos humanos), para repetir una y otra vez quiénes son los culpables (aparentes) de todo lo que nos pasa.

Así crea y favorece una imagen de víctima: la del crimen organizado porque esto le trae ciertos beneficios:

a) seguir legitimando su combate contra el enemigo interno y generar más miedo e incertidumbre
b) aumentar el imaginario del poder y efectividad de ese enemigo interno para favorecer la idea de Estado rebasado, penetrado o fallido.
c) Darse un baño de democracia y legitimidad al, supuestamente, atender y ayudar a esas víctimas.

Lo que intento mostrar es que al Estado le convienen las víctimas de la delincuencia organizada, porque implica trasladar sus responsabilidades a otro actor, por eso también, bajo ninguna circunstancia está dispuesto a aceptar que existen víctimas de su comisión omisión o aquiescencia. No es lo mismo lamentar que miles de personas han sido asesinadas, secuestradas y atacadas por el crimen organizado que aceptar que, por cada una de esas víctimas, hubo omisión en las autoridades que no garantizaron la seguridad de los ciudadanos, que no investigaron de manera expedita y pronta, hubo comisión de los soldados y marinos que extorsionaron a la población civil y violaron sus derechos humanos, hubo aquiescencia por el uso de paramilitares.

Las víctimas que, confundidas por el dolor no alcanzan a ver la mano del Estado en su desgracia, que no alcanzan a entender que la justicia, la verdad y la reparación son necesidades sociales, que no pueden trascender su desgracia particular son más convenientes para el Estado.

Las víctimas que claman por paz, así a secas, que no comprenden la raíz del problema, que se han convencido de que el Estado no puede hacer nada (cuando es evidente que no quiere hacer nada) no ven la necesidad de organizarse, de luchar de manera conjunta y de exigir al verdadero responsable: el Estado.

Otras victimas acusan con igual o mayor acento la incompetencia e indiferencia de las autoridades, señalan al Estado como responsable, se organizan y luchan con otras personas. Esas víctimas son invisibilizadas, criminalizadas, etiquetadas y señaladas, esas son las victimas indeseables…

Al decidir qué exigiremos como víctimas, cómo trabajamos con las víctimas, qué procesos de las víctimas acompañamos también tomamos una posición política.
Hay que apuntalar la responsabilidad del Estado y documentar las violaciones a los derechos humanos y no los delitos; favorecer, acompañar procesos de organización, resistencia y lucha para las víctimas; exigir no sólo el castigo de los delincuentes, sino de todos los funcionarios públicos que, de una u otra manera, participaron y se beneficiaron con los hechos.

De lo contrario llenaremos listas enteras que sólo servirán para que el Estado repita, justifique y consolide su discurso. Permitirán que nos creamos el cuento de que el Estado se encuentra en jaque frente al crimen organizado, el cuento de que a él ni le favorece ni le interesa ni está involucrado en el clima de violencia que vivimos y, créanme, en ese cuento hay gato encerrado.

Bibliografía
Hernández , Anabel, (2010), Los señores del narco, Grijalbo: México.
Sierra Guzmán, Jorge Luis (2003), El enemigo interno. Contrainsurgencia y fuerzas armadas en México, Plaza y Valdés: México.

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