#PaComentario: Las Ejecuciones extrajudiciales de personas defensoras de derechos humanos en México del 2016 al 2024

Primero que nada, queremos agradecer a los organizadores de este evento por su atenta invitación a participar en este importante Foro; segundo, queremos felicitar al movimiento organizado oaxaqueño por este importante triunfo, sí, jurídico, pero sobre todo político, la aprobación de la tipificación del delito de la ejecución extrajudicial en el estado de Oaxaca.

Al recibir esta invitación, empezamos a hacer memoria sobre la Masacre de Nochixtlán y recordamos que el domingo 19 de junio de 2016, la comunidad de Asunción Nochixtlán respondió solidariamente para con los maestros de la CNTE que habían sido desalojados a las 7:00 am, por 400 policías federales, 400 policías estatales y 50 elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Después del desalojo, tocaron las campanas de la comunidad y cientos de personas fueron a apoyar al magisterio, la orden fue reprimir a sangre y fuego.

Como en Atenco en el 2006, el responsable fue el gobernador del Estado de México en el 2006 y ya presidente en el 2016, Enrique Peña Nieto

Durante su mandato, del primero de diciembre de 2012 al primero de diciembre del 2018, nuestra organización de derechos humanos documentó 184 ejecuciones extrajudiciales en contra de personas defensoras de derechos humanos o luchadores sociales, la cifra más alta desde el 2008, año en que iniciamos como organización la documentación de la ejecución extrajudicial por motivos políticos en nuestro país, hasta hoy.

En ese año, 2016, 28 luchadores sociales o personas defensoras de derechos humanos más, fueron víctimas de una ejecución extrajudicial, el tercer año con más ejecuciones extrajudiciales desde el 2006, en el 2017 fueron 49 víctimas y en el 2018, 41 más se sumaron a la lista, los tres años más criminales en contra del movimiento popular y social en México en estos tres sexenios.

Con Peña Nieto, 184 luchadores sociales fueron víctimas de una ejecución extrajudicial, pero el número no nos dice nada, necesitamos compararla con las de Calderón, 67 ejecuciones extrajudiciales, es decir, Peña Nieto triplicó el número.

En este sexenio que termina, hemos documentado casi 95 ejecuciones extrajudiciales, 15 de Oaxaca.

Hoy tenemos que decirlo, Oaxaca es la entidad federativa más asesina en todo México, en el pasado, cuando los gobernadores eran priístas, la justificación era que existía un gobierno caciquil, dónde las decisiones políticas y económicas de la entidad eran negociadas con el gobernador en turno, quién a cambio de gobernar, permitía “matar en caliente” a quienes afectaban los intereses de dichos caciques, actualmente, en menos de un año y medio, el gobierno de MORENA, sigue exactamente el mismo patrón represivo que los gobiernos priístas anteriores, por lo menos en el caso de las ejecuciones extrajudiciales en Oaxaca.

Por qué ocurren las ejecuciones extrajudiciales y en qué contexto, gracias a la experiencia de otras partes del mundo, y al trabajo de documentación de estos tres sexenios sabemos que en México y en cualquier país capitalista, no importa si es una dictadura, un gobierno de derecha con terrorismo de Estado o con una democracia liberal o burguesa con gobierno socialdemócrata, el Estado para mantenerse en el poder, aplica tres grandes estrategias y en eso debemos conceder son los mismo.

Estás estrategias son concéntricas, en el punto central y subordinando a las otras dos, está la estrategia contrainsurgente, es la estrategia principal y tiene como objetivo eliminar organizativa y físicamente a cualquier organización que atente contra las bases del sistema capitalista y aspire a transformar de raíz la sociedad basada en clases sociales, esta estrategia es aplicada en contra de grupos insurgentes y todo lo que el Estado considere apoya a estos grupos.

Esta estrategia se ha aplicado en Chiapas, en Guerrero y en Oaxaca principalmente y ha logrado sus objetivos, por lo menos, de manera parcial.

Alrededor de esta, imaginemos una cebolla, está la estrategia de represión política, ésta tiene el objetivo de eliminar toda organización social, política, de derechos humanos que es considerada, por el Estado, aunque no lo sea, la estructura que nutre o defiende a los grupos insurgentes, ahí está el caso Ayotzinapa, no por algo, defender casos de personas que son criminalizadas como parte de grupos insurgentes, incluso a los ojos de una gran parte del movimiento popular, social y de derechos humanos, no es bien visto, al contrario entre más alejados de estos casos, mejor, no vaya ser que nos confundan y el Estado nos aplique sus métodos de terror o las financiadoras ya no nos den y sin un sueldo de organización de DH financiada, es convertirse en pobre y nadie quiere ser pobre, así que mejor, a los guerrilleros y a todos los que son acusados de ser parte de su entorno, sea verdad o una mentira de Estado, les queda el aislamiento que permite su aniquilación, por lo menos esa es su intensión.

Y por último está la estrategia de control social, está estrategia puede ser, como con Calderón y Peña Nieto, de control social mediante el terror, es decir, lo que sucedió en Ciudad Juárez hace 15 años y lo que sucede en Chiapas este año, pasando por todos los Estados, el Gobierno genera la percepción de que dos grupos antagónicos de la delincuencia organizada decidieron pelear el control territorial, permite el reclutamiento forzoso de ambos bandos, y usualmente estos grupos están dirigidos por exmilitares, quienes los entrenan y arman, y en medio de esta confrontación, está el control absoluto de todo el territorio y actividad que en este se desarrolle, ya sea económica, legal o ilegal, principalmente, pero también política y social y no sólo genera la percepción de que son grupos de delincuentes sin relación con el Estado, sino que aparenta que incluso son más fuertes y mejor armados que el Estado.

Teoría que conocemos como la teoría del Estado fallido, pero que tiene muchos nombres que ocultan la realidad: Estado rebasado, Estado disminuido, Cooptación del Estado, Desvío de poder, Estado paralelo, pero que tiene el mismo origen y objetivo, dicha teoría fue impulsada por una ciudadana del norte cuyo nombre es Hillary Clinton, no se si les suene el apellido y es la teoría que usaron los gringos para invadir medio mundo. “Como el estado es fallido, nosotros, los salvadores de la democracia (liberal o burguesa) y el mundo basado en reglas (las nuestras) le entramos al quite, asesinamos a miles de personas, niños y mujeres incluidas y los salvamos, quedándonos con todos sus recursos naturales”, es exactamente lo mismo, pero a nivel país.

También este control social puede ser, como en el actual gobierno federal que ya termina, mediante los programas sociales, preferentemente, es decir el uso principal de uno, del control social mediante el terror, no excluye al otro y viceversa.

Y debido a este cambio de política es que la cifra de personas defensoras o luchadoras sociales víctimas de una ejecución extrajudicial ha disminuido a la mitad que el sexenio de Peña, de 184 a poco más de 90 y de estas últimas, en sólo 5, el beneficiario es el Gobierno Federal, en las otras, casi noventa, los beneficiarios son los gobiernos estatales y ahí el número de víctimas varía dependiendo de la estrategia aplicada estatalmente.

La ejecución extrajudicial es una grave violación a los derechos humanos, que siempre ha existido, pero sólo gracias a la lucha de los pueblos se logró que en 1982 la ONU creara el mandato del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, pero no está tipificada como delito en casi ninguna parte del mundo, en Guatemala se tipificó en 1995, hace ya casi 30 años y además, no está apegada completamente a la legislación internacional en derechos humanos ya que también incluye a particulares sin relación con el Estado la comisión de esta grave violación a los derechos humanos, cuando todos sabemos o después de oírlo, ya lo sabemos, sólo los agentes de Estado cometen VDH o particulares con su aquiescencia, como lo son los grupos paramilitares.

En México, siempre ha existido está práctica estatal, incluso en el llamado periodo de la guerra sucia de los años 70 y 80 fue muy común, pero en ese tiempo no existían las organizaciones de DH que documentaran esos casos, otro periodo es 1988-90, cuándo el fraude electoral entronizó a Salinas de Gortari en el poder y éste realizó el exterminio de los miembros del, en ese entonces de izquierda socialdemócrata, Partido de la Revolución Democrática, para desarticular la organización del pueblo e imponer los fraudes electorales se sucedieron con total impunidad y el episodio más reciente donde fue más usada esta modalidad represiva, la estrategia contrainsurgente, es el periodo que inicia a partir de la emergencia del EZLN en el 94 en Chiapas y algunos otros estados y del surgimiento del EPR en Oaxaca, Guerrero y otros estados también en el 96, si bien son 4 momentos distintos, el hilo conductor fue siempre la estrategia contrainsurgente, recordemos que el EZLN y el EPR provienen de grupos que no pudieron ser aniquilados durante la guerra sucia de los 70 y 80 en nuestro país.

Y está el último periodo, al que podemos decir casi hemos sobrevivido, y que aún no termina del todo, lo inicia Calderón con la guerra contra la delincuencia organizada que nosotros llamamos “Una Guerra contra el Pueblo” que desatará nuevamente el uso de esta modalidad represiva a nivel nacional y de manera sistemática y generalizada, y ahí en ese reinicio, es dónde empezamos a documentar como Comité Cerezo las ejecuciones extrajudiciales en contra de luchadores sociales o personas defensoras de derechos humanos en nuestro país.

En el 2008, retomamos la exigencia de la tipificación del delito de ejecución extrajudicial en nuestro país, y como otra grave violación a los DH estaba sucediendo de manera sistemática y generalizada que era la desaparición forzada, ante estos dos fenómenos, se nos ocurrió exigir una Ley que protegiera a los luchadores sociales e iniciamos una campaña para que se tipificaran estas dos graves violaciones a los DH.

Cambia el gobierno, la mayoría de la población cansada de la guerra en su contra, es aglutinada en torno al proyecto socialdemócrata de la 4T y ganan las elecciones, a inicios 2018 como Comité Cerezo México escribimos una carta dirigida a AMLO solicitándole una ley GENERAL de protección para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, una Ley de amnistía para todos los presos por motivos políticos y una Comisión de la Verdad para todas las Violaciones a los Derechos Humanos, lamentablemente ya vimos cómo de lo que proponemos a los que nos dan, media un abismo, la Ley de Amnistía no sacó a casi nadie y la Comisión de la Verdad sólo recaba datos pero no intenta acercarse a la Justicia.

Y regresamos al Caso que nos ocupa, la Masacre de Nochixtlán, en el año 2018 recibimos una invitación para participar en el Primer Encuentro Internacional de defensores y víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos que se realizaría en Nochixtlán, al cual acudimos gustosos a participar, a partir de ahí nos relacionamos un poco más con los organizadores de este evento, quiénes, debemos reconocer, han mantenido la lucha por la Justicia en el caso de Nochixtlán y acompañados de otras organizaciones, tienen una coordinación política y social que, actualmente se extraña en otros estados y en el país entero, también la ejecución extrajudicial eliminó a una parte importante del movimiento popular, social y de DH.

Organización que no ha abandonado la lucha por justicia y que en ese caminar retomó ese viejo sueño de miles de víctimas de tipificar la ejecución extrajudicial, y lo decimos igual que con las leyes que hemos logrado, como parte del esfuerzo del movimiento popular, social y de DH, no para que por decreto, se elimine ese mal, sino para tener una herramienta más para demostrarle al mundo y fundamentalmente al pueblo de México, que aunque el Estado mismo aprueba una ley que lo limita, en el momento que lo necesite para proteger los intereses de la clase económica poderosa, sin problemas, viola sus propias leyes y pasa por encima de la ley por más avanzada que esta sea en favor de las víctimas.

No por eso, el pueblo en lucha no sigue impulsando leyes, ya que también sirven, aunque lo fundamental, los sabemos todos, no es aprobar tantas leyes que sólito cambie de raíz este sistema capitalista criminal, sino esta lucha, la jurídica, la legislativa, el cabildeo, es una herramienta más, un mero pretexto, para seguir organizándonos y lograr, algún día, una transformación social que permita la existencia y las condiciones concretas para gozar de todos los derechos humanos para todo el pueblo y que no es, aunque parezca, un modelo socialdemócrata del mismo gobierno liberal o burgués capitalista como el actual, que si bien, ya lo demostramos con cifras, no es lo mismo que un gobierno liberal o burgués capitalista con terrorismo de Estado como los de Calderón y Peña Nieto, no se acerca a una democracia popular, dónde además de aprobar las leyes, se castigue a todos los perpetradores y el poder emane realmente del pueblo y no de los que ahora, en el gobierno, le piden que aguante todavía más (como 500 años) para poder tener las condiciones materiales de vida digna para todos.

En lo único que coincidimos con la socialdemocracia, es que hay que hacer todo, lo éticamente permitido, para que no regrese la derecha, que sigue acechando e incluso se incuba y crece dentro de las mismas filas de MORENA.

El año pasado en agosto a petición de las organizaciones que amablemente no invitaron a este foro, enviamos una carta dirigida al Congreso de Oaxaca, dónde les presentamos una redacción idónea y apegada a los DH a nivel internacional para la tipificación de esta grave violación a los derechos humanos.

Mientras redactábamos esta larga intervención, nos enteraron los organizadores de este foro que el Congreso aprobó la reforma al Código Penal de Oaxaca para tipificar el delito de ejecución extrajudicial en el estado de Oaxaca

Cómo ya nos la sabemos, los gobiernos son como el mago gacho, cuando pedimos algo a nuestro favor, su magia nos da lo contrario, así que fuimos a revisar cuál era la redacción de dicho delito, ya sabíamos, por las comunicaciones que nos habían enviado los organizadores de este foro, cómo iba la redacción, como casi siempre sucede con las iniciativas ciudadanas, son convertidas en textos donde siempre nos salen con una noticia mala y una peor.

En este caso, debo reconocer que no hubo noticia peor.

El artículo aprobado dice que:

ARTÍCULO 292 QUATER. Comete el delito de ejecución extrajudicial el integrante o miembro de cualquier corporación de seguridad pública estatal o municipal que, estando en ejercicio de su cargo, actuando arbitrariamente o con abuso o exceso de fuerza, prive de la vida a una o más personas; así como cualquier persona que con el consentimiento, aprobación, orden o apoyo de cualquier servidora o servidor público estatal o municipal, prive de la vida a una o más personas.
A quien cometa tales hechos se les impondrá de cincuenta a setenta años de prisión y multa de mil a mil quinientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la fecha de los hechos, y en el caso de las y los servidores públicos se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público por el tiempo que dure la pena impuesta.
Cuando se acredite que la víctima era una persona defensora de derechos humanos, la pena se incrementará en un tercio de la mínima y hasta un tercio de la máxima.
Este delito es imprescriptible.

Aunque falta esa pequeña oración que dice: estando en ejercicio de su cargo o valiéndose de este.

Sobre la pena, lamentablemente hay que decirlo, viola los DH, ya que no pueden ser penas excesivas y como la moda del neoliberalismo es el castigo, habrá absurdos como, si cometió dos ejecuciones extrajudiciales le serán dados 140 años, lo cual es excesivo, ya que hasta la fecha nadie ha podido vivir 140 años más los 18 que hubiera cumplido como mínimo para cometer el delito.

Por último, creemos que faltó en la redacción que dicho delito es inamnistiable, ya que es una grave VDH, sino al rato AMLO o la nueva presidenta con el nuevo Artículo de la Ley de Amnistía que ese si es una aberración jurídica, va a querer liberar a uno de estos perpetradores.

Para terminar, reiteramos la felicitación al pueblo organizado que ha logrado una importantísima victoria jurídica, pero, como decíamos al inicio, fundamentalmente política, la aprobación de la tipificación de la ejecución extrajudicial en el Estado de Oaxaca, aprobación que genera un precedente a nivel nacional e internacional sobre la tipificación de esta grave violación a los derechos humanos en el mundo.