Soy miembro de una organización mixta llamada Comité Cerezo México. Su origen fue la detención ilegal, tortura y encarcelamiento en penales de máxima seguridad en 2001 de tres hermanos: Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras y un indígena náhuatl llamado Pablo Alvarado Flores, quienes además fueron acusados de terrorismo y delincuencia organizada en un proceso plagado de irregularidades. En un principio la conformación de la organización se dio por los familiares y amigos de los detenidos.
Durante muchos años fuimos más mujeres que hombres en la organización, actualmente somos mitad y mitad, algunos no teníamos relación de amistad o familiar con los detenidos y nos fuimos sumando a lo largo de los siete años y medio que costó lograr su libertad. Cabe señalar que una de las primeras abogadas que tomó el caso fue Digna Ochoa y Plácido, quien fuera asesinada un día antes de la primera audiencia del caso, y a quien insisten en descalificar dando por cierta la tesis del suicidio como resultado de un desequilibrio emocional.
Debido a la situación de riesgo que enfrentamos, desde 2002 contamos con el acompañamiento de las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) y en 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó a tres de nuestros integrantes, medidas cautelares. A pesar de eso hemos vivido el hostigamiento, vigilancia, seguimiento y agresión a miembros de nuestra organización; incluso nos han amenazado a través de un teléfono proporcionado por el Estado para cumplir con dichas medidas. En diez años de lucha nos han amenazado de muerte en trece ocasiones, la primera en diciembre de 2001 y la última fue en noviembre de 2011.
En las amenazas se ha hecho mención a nuestras familias, en la más reciente se alude al hijo de dos años de dos miembros de la organización. En ellas hay referencias a las mujeres siempre con una connotación de violencia sexual, no ha sido fácil afrontar el miedo que genera la posibilidad de la tortura sexual, la pérdida por ejecución extrajudicial o la desaparición forzada de alguna de nuestras compañeras y compañeros; también ha sido difícil pensar cómo le explicaremos a nuestros hijos la violencia que nos amenaza constantemente y cómo debemos afrontarla para seguir luchando.
Lamentablemente en este caminar hemos documentado el incremento en la violencia que se ejerce contra las personas que defienden los derechos humanos, a quienes están ejecutando extrajudicialmente y desapareciendo de manera forzada en mayor número. También observamos la creciente impunidad que permite implantar el terror en la población organizada y no organizada. Hemos sido testigos, en carne propia, de la estigmatización que genera el Estado con sus campañas de desprestigio para crear las condiciones que permitan el aislamiento y la aniquilación de defensores de derechos humanos.
Con base en nuestra experiencia y como resultado de las capacitaciones que otras organizaciones y personas nos han brindado, actualmente impartimos talleres de derechos humanos a personas y organizaciones del movimiento social para que puedan tener una herramienta más en sus luchas; otro taller que brindamos es el de documentación de violaciones de derechos humanos porque consideramos que si no hay un registro sistematizado de los hechos de represión se pierden los datos que nos permiten elaborar estrategias para enfrentar la violencia política. Realizamos dos escuelas de formación mixtas, una de derechos humanos y otra para formar educadores populares. El taller de personas en situación de injusta reclusión permite tener una guía para saber qué hacer en caso de ser preso por motivos políticos. El Comité se ha especializado en brindar talleres y asesorías en materia de seguridad para reducir el elevado riesgo con el que ahora todos desarrollamos la defensa de los derechos humanos.
Desde hace más de un año impulsamos, con otras organizaciones, la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, que dio como primer fruto un manual llamado ¿Qué hacer en caso de desaparición forzada? y desde hace tres meses estamos impulsamos el eje Guerra Sucia, impunidad y derechos humanos del Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México.
Tanto mujeres como hombres en nuestra organización hemos enfrentado amenazas, hostigamientos y vigilancia. Con sinceridad, no hemos generado un espacio para identificar las especificidades de cómo nos afecta a cada uno por la diferencia de sexo, edad o historia de vida. Lo cierto es que todos hemos vivido momentos de angustia, de estrés, de frustración por la impunidad con la cual nos amenazan, de miedo, de incertidumbre, no es fácil para ninguna de nosotras vivir todo lo anterior, sin embargo hemos intentado construir un espacio colectivo donde pese más el afecto que nos tenemos, el respeto entre compañeras y compañeros para con base en ello construir herramientas que nos permitan enfrentar de mejor manera la constante adversidad en la cual desarrollamos nuestro trabajo.
Nos inspiran otras mujeres, otras luchas y otros hombres para seguir en nuestro camino, estamos convencidas de que la Dignidad, y el deseo de luchar por Justicia, por Memoria, por la Verdad y por la Reparación integral del daño trasciende fronteras, razas y sexos.
Gracias