La juventud y el derecho a protestar

A partir del 10 de septiembre estudiantes de la Normal Superior de Panotla, “Licenciado Benito Juárez”, tuvieron una serie de movilizaciones para entregar un pliego petitorio al gobierno del estado, más concretamente al secretario de Educación Pública, Miguel Ángel Islas Chío, en el que dentro de sus demandas fundamentales se solicita garantizarles el derecho a la educación y respeto a la matrícula de 342 alumnas.

No se llegó a ningún acuerdo. El 13 de septiembre vuelven a solicitar el diálogo a las autoridades correspondientes y nuevamente no se tiene una respuesta favorable para las demandas exigidas. Son entonces tomadas las instalaciones de la normal ubicada en Panotla, ante lo cual el gobierno, como lo dieron a conocer los medios de comunicación, envía a un grupo de policías antimotines para desalojar a las jóvenes de esa institución.

A través de comunicación electrónica enviada por el Comité Cerezo se da a conocer la siguiente información:

17:30 horas: se informa que alrededor de 300 policías antimotines del estado de Tlaxcala está ingresando de manera violenta al edificio de la Escuela Normal Rural “Benito Juárez” de Panotla, Tlaxcala, durante la llamada se oían disparos de lo que comunicaron eran bombas lacrimógenas disparadas hacía el interior de la normal.

18:10 horas: integrantes del Comité Cerezo se comunican con la oficina del secretario de Gobierno del estado de Tlaxcala, para informarle que estaban siendo informados del ingreso de la policía estatal a la normal y que apegaran su actuar a los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos.

A las 18:40 horas, informan los estudiantes que se encuentran en el interior de la normal que hay alrededor de 10 detenidos, entre ellos mujeres de la normal y alrededor de 100 lesionados.

En los medios de comunicación locales se informó que fueron alrededor de 40 detenidos.

En días posteriores el gobernador Héctor Ortiz Ortiz declara a los medios de comunicación que “no fue un exceso el utilizar la fuerza pública, por el contrario faltó mano dura, ya que la ciudadanía requiere seguridad”.

Es grave que las autoridades públicas asuman esta postura represiva, porque es una violación a los derechos de la juventud por las siguientes razones:

Primero. En la Ley de la Juventud para el estado de Tlaxcala –por joven se entiende, en la misma ley a las personas comprendidas entre los 14 y 30 años de edad– se establece en el artículo 7: “El derecho a la educación y profesionalización; el derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un desarrollo psicofísico; el derecho a la libertad de pensamiento, opinión y a una cultura propia; el derecho a participar; y derecho a la organización juvenil”. Además, en el artículo 20 se establecen como parte de los derechos juveniles: “Elegir la profesión u oficio de su preferencia, así como especializarse; ingresar a alguna institución pública de los niveles medio superior y superior; adquirir una beca para realizar estudios superiores”.

La postura gubernamental sorprende porque va en contra de los principios de la Ley de la Juventud al recortar la matrícula estudiantil y al establecer acciones de represión.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, la educación debe ser universal, eso quiere decir que debe ser accesible a todas y todos, no debe ser un privilegio para unos cuantos, “los mejores”, tampoco debe ser una mercancía a la que tengan acceso sólo aquellas personas que puedan pagarlas. Segundo. El gobierno no reconoce que la protesta es una de las formas de garantizar los derechos, es una garantía extrainstitucional o social de los derechos, es decir, la protesta es un instrumento de defensa o tutela de los derechos que depende directamente de sus titulares.

El ejercicio de ciertos derechos civiles y políticos funciona como garantía de, por lo menos, la expresión del descontento y la denuncia en el espacio público, con respecto al incumplimiento de los derechos.

Entre estos derechos, vinculados con el de la protesta, tenemos: la libertad de expresión, la libertad de manifestación, la libertad de asociación y el derecho al acceso a la información.

El derecho a la protesta es lo que se conoce como autotutela de derechos. Se manifiesta en formas de acción en las que los propios titulares emplean vías directas para reclamar o defender un derecho. En el caso de las normalistas, el derecho a la educación.

Ayer (26 de octubre) recibimos una llamada de jóvenes de la normal rural en el que nos informan que no han recibido solución respecto a mantener la matrícula de 342 alumnas, también informan que nuevamente están realizando acciones de protesta y que temen por su integridad física.

Por los sucesos pasados y por las declaraciones del gobernador, el miedo de las jóvenes es fundado. Desde este espacio recordamos al gobierno del estado de Tlaxcala su obligación, establecida en instrumentos de carácter estatal, nacional e internacional, de respetar los derechos de las y los jóvenes, y de garantizar su integridad.

*Centro Fray Julián Garcés.

Derechos Humanos y Desarrollo local.

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