Comité Cerezo México
Ejército, FGR y vacíos legales frenan a comisiones especiales que buscan personas desaparecidasEn México hay cuatro comisiones especiales que investigan el caso Ayotzinapa, la Guerra Sucia y dos casos de desaparición en Oaxaca y Zacatecas; todas se han topado con obstáculos impuestos por el Ejército, la FGR y los vacíos legales que hay en el país.
Alexis Ortiz | 22 enero, 2024 | Tiempo de lectura: 11 min
En México hay cuatro comisiones especiales que investigan el caso Ayotzinapa, la Guerra Sucia, un caso de desaparición en Oaxaca y otro en Zacatecas. Sin embargo, todos estos equipos de trabajo han enfrentado obstáculos para realizar su labor.
La negativa del Ejército de brindar información, la lentitud de la Fiscalía General de la República (FGR) para hacer sus investigaciones y la falta de leyes que las regulen son algunas de las barreras que las comisiones especiales han enfrentado en los últimos cinco años.
Estas cuatro comisiones especiales son diferentes a las 32 comisiones locales de búsqueda, ya que fueron creadas por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador o por una sentencia del Poder Judicial. Además, en estos grupos de trabajo hacen equipo distintas autoridades estatales y federales, así como organizaciones sociales y especialistas en derechos humanos, mientras las comisiones locales de búsqueda suelen trabajar por su cuenta, lo que dificulta su labor.
Edmundo Reyes y Gabriel Cruz desaparecieron el 24 de mayo de 2007, tras ser detenidos presuntamente por personal del Ejército y autoridades locales de Oaxaca. Su detención habría ocurrido en las inmediaciones del Hotel El Árbol, en la capital del estado, y después de eso ya no se supo nada de ellos.
Durante 12 años ni las autoridades estatales ni federales hicieron algo para dar con el paradero de los activistas, quienes formaban parte del Ejército Popular Revolucionario, una organización social de izquierda. Fue hasta 2019, luego de que una jueza de distrito resolvió un amparo a favor de las familias de las víctimas, cuando la FGR empezó su investigación.
La jueza de distrito ordenó a la FGR crear una comisión especial para investigar el caso de Edmundo y Gabriel, además de llamar a declarar a los militares que presuntamente participaron en la detención de los activistas. El Ejército también tenía que abrir sus cuarteles para que las familias de las víctimas hicieran su búsqueda ahí.
El Ejército y la FGR impugnaron la resolución de la jueza de distrito, pero en 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la sentencia que obliga a formar una comisión especial de búsqueda y abrir los cuarteles militares.
“La comisión especial de búsqueda tiene un carácter muy importante porque es la primera que se crea por un mandato de la Suprema Corte”, dice en entrevista Nadin Reyes, hija del activista Edmundo Reyes.
Pese a la histórica sentencia de la SCJN, la comisión especial creada para buscar a Edmundo y Gabriel ha enfrentado obstáculos para realizar sus tareas.
En un inicio la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se opuso a que sus elementos rindieran su declaración en las instalaciones de la FGR. La institución proponía que esto se hiciera en campos militares, lo cual provocó un retraso de dos meses. Esta actividad se debía realizar en febrero de 2023 y terminó por hacerse hasta el mes de abril en la Fiscalía.
Nadin explica que la comisión especial de búsqueda se reúne una vez al mes, y cada diez días da un informe de sus actividades a la jueza que ordenó su creación. Esto ha metido presión a la FGR para que avance con sus investigaciones.
El Ejército, la FGR, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Secretaría de Gobernación (Segob) son las instituciones de gobierno que participan en la comisión especial, al igual que las familias de las víctimas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de las Naciones Unidas.
Más de 10 militares con cargo de General han declarado ante la FGR por este caso, pero las familias de Edmundo y Gabriel han solicitado a la Fiscalía que realice 30 nuevos actos de investigación sobre la participación de otros altos mandos del Ejército.
“Durante muchísimos años, antes de que se emitiera la sentencia de la Suprema Corte, nunca se quisieron hacer investigaciones hacia los altos mandos de la Sedena”, lamenta Nadin sobre la impunidad en la que se encontraba el caso.
Nadin tampoco descarta que el futuro sea más complicado para la comisión especial, principalmente cuando llegue el momento de solicitar al Ejército acceso a sus cuarteles para encontrar pistas de los activistas.
“Sabemos que puede haber más obstáculos cuando empiecen las búsquedas en los cuarteles militares porque al Ejército no le gusta ser investigado”, advierte Nadin.
La hija de Edmundo comparte que uno de los espacios a visitar será el Campo Militar 1 en la Ciudad de México, porque hay indicios de que los dos activistas fueron llevados ahí, además de los cuarteles ubicados en Oaxaca y Guerrero.
“El principal reto será la búsqueda en los cuarteles militares, ahí veremos si este gobierno es diferente o si sigue poniendo candados para no tocar al Ejército”, señala.
Comisión especial en Zacatecas y Jalisco lucha contra vacío legal
Las comisiones especiales creadas por orden del Poder Judicial son grupos de trabajo tan novedosos en el país que enfrentan otro obstáculo: la falta de leyes que regulen su actuar.
Dalia Guadalupe Cruz Guerrero y Luis Ramón Enciso Ramírez desaparecieron en septiembre de 2010 en una carretera de Calera, Zacatecas. Ambos salieron de Ahualulco del Mercado, Jalisco, para llegar a los Estados Unidos, pero no lograron su objetivo.
En febrero de 2021, casi once años después de la desaparición, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito ordenó a la FGR crear una comisión especial de búsqueda para encontrar a Dalia y Luis.
La comisión especial fue creada hasta febrero de 2023. “Al inicio tuvimos problemas porque no había tanta disposición para colaborar o para conformar la comisión, aunque ahora las cosas ya van más fluidas”, señala Esther Merino, abogada del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).
Merino dice que parte de las complicaciones se debieron a lo novedoso de este tipo de comisiones especiales, ya que las autoridades no saben cómo actuar cuando un juez les pide que formen estos cuerpos de trabajo.
“La sentencia tiene cuestiones muy nuevas, eso hizo que para las autoridades, principalmente para la FGR, fuera algo incomprensible y algo que no estaba dentro de sus competencias”, señala la abogada del Cepad. “Al final eso es cierto porque no está dentro de la ley el conformar estas comisiones y cómo se deben de conformar”.
Los integrantes de esta comisión especial han construido, poco a poco, unos lineamientos sobre cómo actuar. Las instituciones que forman parte de este grupo son la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la CNB y la FGR. La Sedena también forma parte de esta comisión especial para brindar seguridad en las jornadas de búsqueda.
Antes de la creación de la comisión especial, la investigación por la desaparición de Dalia y Luis estaba estancada. “La señora Natividad Guerrero (mamá de la joven) no era escuchada”, relata Merino.
Hasta ahora la comisión especial, que se reúne una vez al mes, ha realizado una jornada de búsqueda en los municipios de Chapala, Ajijic y Jocotepec en Jalisco. Además, la CNB y la FGR trabajan en un informe de análisis de contexto para entender cómo ocurren las desapariciones en Jalisco y Zacatecas.
El análisis de contexto no solo ayudará en la búsqueda de Dalia y Luis, sino que podría servir para futuras denuncias y acciones legales contra los responsables del crimen.
La abogada del Cepad destaca la importancia de este tipo de comisiones especiales. “Ante un panorama de más de 100 mil personas desaparecidas, estas comisiones especiales representan un modelo que puede funcionar o puede servir para visibilizar los engranes que se deben articular para tener una búsqueda efectiva”, dice Merino.
Comisiones especiales de Ayotzinapa y Guerra Sucia enfrentan trabas
En México hay otras dos comisiones especiales que fueron creadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Una investiga la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y otra busca a las víctimas del periodo conocido como la Guerra Sucia.
La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) fue creada el 4 de diciembre de 2018, un par de días después de que el presidente Andrés Manuel López obrador tomó posesión de su cargo.
En este sexenio la CoVAJ realizó búsquedas en campo de la mano del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la FGR y otras autoridades estatales y federales. El resultado fue el hallazgo de los restos de dos estudiantes —Christian Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz.
La CoVAJ también desmintió la “verdad histórica”, una versión oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto que decía que los 43 normalistas habían sido secuestrados e incinerados en el basurero del municipio de Cocula, Guerrero.
La CoVAJ encontró restos de los estudiantes a 800 metros del basurero de Cocula, con lo que se descartó la “verdad histórica”. Ahora la nueva hipótesis es que los jóvenes fueron divididos en varios grupos por la organización delictiva Guerreros Unidos, que colaboró con policías municipales y el Ejército para llevar a cabo la desaparición de los 43 normalistas.
Investigar al Ejército es lo que ha puesto freno al caso Ayotzinapa. El GIEI, un grupo de especialistas que ayudó al gobierno a investigar la desaparición desde 2014, abandonó el país en el año pasado con el argumento de que la Sedena mantenía oculta información clave para conocer el paradero de los jóvenes.
Cuando la CoVAJ estaba a cargo de Alejandro Encinas, exsubsecretario de Derechos Humanos, esa comisión también señaló al Ejército por ocultar documentos clave, al igual que los abogados y las organizaciones sociales que acompañan a las familias.
“El presidente lo que él refiere es que ya se entregó toda la información. Nosotros lo que le estamos diciendo es que no, que hay información faltante”, dijo Vidulfo Rosales en una conferencia de prensa de septiembre de 2023, previo al noveno aniversario de la desaparición de los 43 normalistas ocurrida en Iguala, Guerrero.
Los defensores legales de las familias acusan que el Ejército tiene en su poder 800 folios, en los que habría una transcripción de una llamada telefónica entre un líder de Guerreros Unidos y un mando policial. En esa comunicación se habría dado información del paradero de al menos 17 estudiantes.
La Sedena niega la existencia de los 800 folios, mientras el presidente López Obrador ha respaldado al Ejército y ha tachado de “conservadores” a los integrantes del GIEI, a las organizaciones y a los abogados que asesoran a las familias de los 43 normalistas.
Otro grupo de trabajo que ha enfrentado obstáculos en sus labores es la Comisión por el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y Justicia a las Violaciones graves a los Derechos Humanos cometidos entre los años 1965-1990.
Esta comisión, creada en 2021, investiga las desapariciones ocurridas durante la Guerra Sucia, un periodo en el que policías, el Ejército y grupos paramilitares detuvieron arbitrariamente a líderes sociales, activistas, opositores políticos y defensores de derechos humanos. Oficialmente se tiene el registro de 899 personas de esa época de las que se desconoce su paradero.
El Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH), que forma parte de la comisión que investiga la Guerra Sucia, acusó al Ejército de alterar, mutilar y ocultar documentos que podrían ser clave para dar con el paradero de algunas víctimas.
En su informe Las Formas del Silencio, el MEH señaló que los documentos manipulados tienen que ver con el seguimiento que las autoridades hacían a asociaciones como el Comité ¡Eureka!; la Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo (COCEI), y la Coalición Obrero Campesino Estudiantil de Oaxaca (COCEO).
“En las últimas semanas estos obstáculos se han multiplicado, han derivado en que el personal militar haya incurrido en prácticas de ocultamiento de información por alteración, mutilación, inutilización total o parcial de expedientes”, dijo David Fernández Dávalos, integrante del MEH, en una conferencia de prensa del 11 de octubre de 2023.
En aquella ocasión Fernández Dávalos agregó que la Sedena había pasado de una “colaboración pasiva” a una “política de obstrucción”, con lo que frenó, una vez más, la investigación de un caso de desaparición.