Solicitan al gobierno priorizar los derechos humanos a nivel estatal, regional y nacional.
Patricia Carrasco / La Prensa
Para las personas defensoras de derechos humanos, la presente administración ha sido un sexenio violento, además del alza de agresiones, violencia y el no reconocimiento de su labor.
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) registró que en el periodo que se extiende desde el 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2023, se documentaron 92 ejecuciones extrajudiciales de defensores de derechos humanos bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador.
En el balance sexenal en materia de derechos humanos que realizó la Red TDT, organización integrada por 87 ONG´s, revela que el actual gobierno no ha cumplido con su promesa de combatir la corrupción y la impunidad, la desaparición forzada, salud, vulneración de los derechos humanos y la militarización.
Este balance muestra un panorama en niveles diferenciados: estatal, regional y nacional.
La organización de la sociedad civil exhibió un análisis sobre el cumplimiento de los derechos humanos en México y exhortó a todas la administraciones gubernamentales a que atiendan las diversas problemáticas que se enfrentan en el país.
Los derechos humanos deben ser prioridad gubernamental
Este ejercicio tiene la intención de que la agenda de derechos humanos sea prioridad para cualquier gobierno que ocupe alguno de los 20 mil cargos políticos que estuvieron en juego para en las recientes elecciones del 2 de junio de 2024, desde la presidencia hasta los puestos locales.
En caso de las ejecuciones extrajudiciales, citan, fueron perpetrados por motivos políticos, es decir, como represalia por la defensa o el ejercicio de algún derecho humano.
Los responsables fueron agentes del Estado de los tres niveles, ya sea directamente o por aquiescencia, es decir, cuando se autoriza a particulares a actuar en su nombre. Aunque la incidencia de estas prácticas ha disminuido casi en un 50% en comparación con el sexenio anterior, continúan siendo una táctica utilizada para inhibir y desmantelar la lucha social y la defensa de los derechos humanos.
De las 92 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, 76 eran hombres y 12 mujeres; la mayoría de estos casos ocurrieron principalmente en Oaxaca, seguido por Chiapas. La mayoría de las víctimas estaban involucradas en la defensa de la tierra y el territorio, el medio ambiente y la autodeterminación de los pueblos indígenas.
Las víctimas que pertenecen a pueblos indígenas representan un porcentaje significativo. Es relevante destacar el caso de la Nación Triqui, donde las víctimas de ejecuciones extrajudiciales eran defensores de derechos humanos.
Quienes han enfrentado una efectiva campaña de criminalización por parte del Estado, resultando en que cada año entre 2 y 9 de sus miembros sean víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
A pesar de las denuncias públicas, no se ha iniciado ninguna investigación estatal.
En Chihuahua, en los últimos 10 años se han registrado por lo menos 38 asesinatos de activistas, como represalia por su trabajo en favor de comunidades o defensa de los recursos naturales, privados de la vida por Información obtenida de los informes del Comité Cerezo México de 2018-2023.
Asesinatos de trabajadores
De acuerdo con documentación de Article 19 se cometieron 164 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor, desde el 1 de enero de 2000 con corte al 26 de abril de 2024; de los cuales 44 se han registrado durante el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y 47 en el mandato anterior de Enrique Peña Nieto. Jesús Alejandro Márquez Jiménez, periodista y director del semanario “Orión Informativo”, fue asesinado el 1 de diciembre de 2018 en Nayarit, siendo el primer periodista caso registrado en el sexenio de AMLO.
En 2019, fueron asesinados 9 periodistas hombres y una mujer en los estados de Morelos, Baja California Sur, Sonora, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Guerrero, Veracruz y Estado de México, principalmente en el mes de agosto y mayo, eran personas periodistas de diversos medios como radio, portal digital y prensa.
Lo anterior incluye a Samir Flores Soberanes, comunicador, activista integrante de la asamblea permanente de los pueblos de Morelos, asesinado el 20 de febrero de 2019 en Amilcingo, un día después de que él se manifestara en contra del Plan Integral Morelos (PIM) en un foro del gobierno federal en Jonacatepec, y tres días antes de la consulta sobre el proyecto organizada por el gobierno.
De 2020 a 2024, se registraron 2 mujeres periodistas asesinadas y 31 hombres periodistas, siendo 2022 el año con mayor número de asesinatos en donde Sonora (con 7 casos) es el estado con mayor número de asesinatos, seguido de Guerrero y Veracruz (con 4 cada uno).
Asimismo, según el Centro de Investigación y Capacitación en Comunicación Social (CIMAC), durante el sexenio de AMLO, las periodistas mujeres han sido objeto de agresiones y violencia, al sufrir el 54.49% de los ataques.
Durante el sexenio de AMLO han sido constantes los señalamientos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por emitir sentencias 13 Preocupan a ONGs señalamientos de AMLO contra Centro Frayba, indica el Informe.