Ejecutan extrajudicialmente a 6 defensores de DH en Oaxaca, entre junio de 2020 y mayo de 2021

Entre junio de 2020 y mayo de 2021, en Oaxaca se registraron seis casos de ejecución extrajudicial de personas defensoras de derechos humanos (DH); es decir, en estos crímenes hubo participación y está implicado el Gobierno, informó la organización Comité Cerezo.

La cifra de ejecuciones extrajudiciales en el último año, coloca a la entidad oaxaqueña como el estado con mayor número de casos documentados, de acuerdo con su informe “Defender los Derechos Humanos en México: Sin verdad y sin justicia no hay transformación”.

A Oaxaca le sigue Chiapas con cuatro casos y Sonora y Baja California con dos. Significativamente Guerrero, que usualmente ocupaba los tres primeros lugares en informes anteriores, aparece con una sola víctima en el presente informe.

En total, son 18 los casos documentados de ejecuciones extrajudiciales cometidas en contra de personas defensoras de DH en el periodo que abarca el informe. Y en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador suman 45, según la asociación; pero el gobierno federal reconoce que en su administración han sido asesinadas 68 personas defensoras, 23 más de las que reporta Comité Cerezo.

Las personas defensoras asesinadas extrajudicialmente en Oaxaca, precisa Comité Cerezo, son Tomás Martínez Pinacho del Frente Popular Revolucionario (FPR), asesinado el 24 de agosto de 2020; Rodolfo Díaz Jiménez de Loxicha, ejecutado el 2 de noviembre de 2020; Gabino Ávila Martínez del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), asesinado el 20 de noviembre de 2020; Maurilio Hernández Martínez del MULT, ejecutado el 25 de noviembre de 2020.

Así como Fidel Heras Cruz del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), asesinado el 23 de enero de 2021; y Jaime Jiménez Ruiz del Copudever, ejecutado el 28 de marzo de 2021.

La organización explica que, para evaluar esta cifra, es necesario recordar que en los primeros seis meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se cometieron 18 ejecuciones extrajudiciales en contra de personas defensoras de derechos humanos y en el pasado informe sólo hubo nueve casos de ejecución extrajudicial

El número de personas defensoras de DH víctimas de una ejecución extrajudicial en el periodo que va del gobierno de López Obrador ha decrecido ligeramente, aunque siguen presentándose casos de esta grave violación a derechos humanos.

De la misma manera aclara que estas ejecuciones extrajudiciales se realizaron con una motivación política, es decir, “con la intención de castigar a las personas defensoras de derechos humanos por la labor que estaban realizando, así como para frenar y/o desarticular la lucha organizada de las personas defensoras de derechos humanos”.

Al comparar los dos años y medio del gobierno de López Obrador con el mismo periodo en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y el del Enrique Peña Nieto, señala que en este último se triplicó el número de víctimas de ejecución extrajudicial; mientras que, en el sexenio que cursamos, el número de ejecuciones extrajudiciales cometidas representa el 13 por ciento del total de víctimas de ejecución extrajudicial.

“Las cifras que hemos presentado en los informes anteriores, incluyendo este, nos indican que la tendencia es ligeramente decreciente en el uso de este mecanismo de represión política en contra de las personas defensoras de derechos humanos, lo que supone un cambio significativo con respecto al sexenio anterior”, afirma.

Durante este periodo (junio de 2020 a mayo de 2021) sólo una mujer fue víctima, mientras que 17 hombres fueron víctimas de una ejecución extrajudicial.

Como en el informe anterior, agrega la organización, la mayoría de las ejecuciones extrajudiciales ocurrieron en contra de personas no indígenas.

De las personas indígenas defensoras de derechos humanos víctimas de una ejecución extrajudicial, dos son de la nación Triqui, dos Kumiai, un Tzotzil, un Rarámuri, un Loxicha y uno más del estado de Jalisco q”ue sabemos que es indígena pero no sabemos a qué nación pertenece”.

Comité Cerezo sostiene que en seis casos el perpetrador fue un grupo paramilitar ligado a autoridades de las entidades federativas quien cometió igual número de ejecuciones extrajudiciales; y en los doce casos restantes no se pudo identificar al perpetrador.

“Pero repetimos, como siempre, que el no poder identificar al perpetrador no quiere decir que éstos no obedecían a algún agente de estado, pues como se advierte en nuestra metodología, en estos casos se analiza el contexto, y esa información se cruza con los casos que las personas defensoras de derechos humanos acompañaban o la labor específica que realizaban como defensores víctimas de la ejecución extrajudicial”.

También, dice, se revisa si hubo amenazas o ataques previos y quiénes fueron los perpetradores. Con todos esos elementos, se puede afirmar si el perpetrador tuvo o no relación con el Estado.

“Así, sólo si hay elementos para presumir la participación de agentes de estado como perpetradores, los casos se incluye en la lista, si no existen los elementos de análisis que nos permitan determinar la participación de agentes de estado o que la ejecución está relacionada con la labor de defensa del defensor, se excluyen de la lista”.

Según la organización, en estas ejecuciones extrajudiciales, opera el mismo comportamiento que en el sexenio de Peña Nieto, cuando una parte de las ejecuciones eran perpetradas por paramilitares y en la otra parte de los casos se desconocía al perpetrador

El hecho de que haya un caso en que una ejecución extrajudicial haya beneficiado a una empresa privada, puntualiza, no quiere decir que fue la empresa la perpetradora, ya que entonces no sería una ejecución extrajudicial, sino un homicidio del fuero común.

“Ninguna de las ejecuciones extrajudiciales documentadas en este informe beneficia al Gobierno Federal. Sin embargo, podemos observar que los principales beneficiarios de las ejecuciones extrajudiciales se comportan de manera similar a lo documentado en los informes anteriores, pues las empresas son las principales beneficiarias del uso de este mecanismo”, recalca.

Como en el primer informe de los últimos seis meses de Peña Nieto y los primeros seis meses de López Obrador, Comité Cerezo afirma que se documentó que la defensa de los derechos humanos vinculados al territorio y medio ambiente fueron los derechos que fundamentalmente defendían las víctimas de ejecución extrajudicial; “de hecho, en 10 actos las víctimas eran miembros de organizaciones sociales que defienden el territorio, y en dos casos defendían el medio ambiente”.