Oaxaca encabeza la lista de ejecuciones extrajudiciales contra defensores con 6: Comité Cerezo

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Por Pedro Matías / 13 de enero, 2021

  • Pese a pandemia fueron ejecutadas 14 personas defensoras de DH en el país
  • Oaxaca en primer lugar, seguido de Guerrero, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Morelos y Veracruz

Pedro Matías

OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Pese a la pandemia, 14 personas defensoras de derechos humanos fueron ejecutadas de manera extrajudicial por motivos políticos en el 2020 y en el segundo año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, reveló el Informe del Comité Cerezo México.

El documento resalta que Oaxaca encabeza la lista de defensores ejecutados de manera extrajudicial con seis casos; le siguen Guerrero y Baja California, con dos, y Chiapas, Chihuahua, Morelos y Veracruz con un caso por cada entidad.

El Informe detalló que de las 14 ejecuciones extrajudiciales, cuatro personas defensoras de derecho humanos defendía a un medio ambiente sano; dos al territorio, a la vida digna y a el derecho a defender los derechos humanos, respectivamente y, con un caso, están los defensores del derecho a la protesta, de los derechos laborales, de la libertad de expresión y del derecho a la justicia.

Mencionaron que las cifras expuestas en este Informe son sólo de ejecuciones extrajudiciales, es decir, de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes de Estado en la modalidad de comisión o aquiescencia.

Aclararon que como organización de derechos humanos no documentaron los homicidios cometidos por particulares y sólo incluyeron las ejecuciones extrajudiciales cometidas en contra de personas defensoras de derechos humanos que han sufrido esta grave violación a los derechos humanos como respuesta estatal a su trabajo de defensa de derechos humanos.

De acuerdo al listado de personas defensoras ejecutadas extrajudicialmente en el año 2020 se encuentran seis casos de Oaxaca entre ellos el de Esteban Martínez Pérez (09/04/2020); Pablo Guzmán Solano (09/04/2020); Tomás José Martínez Pinacho (24/08/2020); Rodolfo Díaz Jiménez (02/11/2020); Gabino Ávila Martínez (20/11/2020) y Maurilio

Hernández Martínez (25/11/2020).

En el caso de Guerrero se encuentra el menor de edad R. R. J. (18/02/2020) y Óscar Ontiveros Martínez (12/05/2020), mientras que de Baja California se encuentran Óscar Eyraud Adams (24/09/2020) y Daniel Sotelo (25/09/2020).

A ellos se suman los casos de Issac Medardo Herrera Avilés (23/03/2020) del estado de Morelos; María Elena Ferral Hernández (30/03/2020) de Veracruz; Umber Gómez González (01/06/2020) de Chiapas y Antonio Montes Enríquez (16/06/2020) de Chihuahua.

Insistió en que estas ejecuciones fueron realizadas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras de derechos humanos estaban realizando y los perpetradores fueron agentes de Estado bajo la modalidad de comisión o aquiescencia.

Hizo hincapié que los estados de Chiapas, Baja California y Veracruz tienen un gobierno estatal emanado de Morena mientras que en Oaxaca y Guerrero gobierna el PRI, en Chihuahua el PAN y en Morelos el PES.

De los casos, el 65% de las víctimas (ocho) de ejecución extrajudicial eran personas defensoras de derechos humanos que pertenecían a un pueblo indígena, 36% mestizas (cinco casos) y en 1 caso no lograron determinar con base en la investigación su pertenencia o no a un pueblo indígena.

Resaltaron que que el número de víctimas de ejecución extrajudicial que pertenecen a un pueblo indígena siempre ha representado un porcentaje elevado, proporcional al número de habitantes indígenas con respecto a la población en general en México, de los cuales Loxicha es el 7%; Rarámuri 7%; S/D 7%; Kumiai 14%; triqui 29%, mestizo; 36%.

En conclusión, resaltó que “la práctica de la ejecución extrajudicial muestra una disminución significativa con respecto a la cifra de 41 casos del último año de Enrique Peña Nieto, y presenta una leve baja de dos casos respecto al primer año de gobierno de AMLO”.

“Es mucho más claro que los beneficiarios son tanto gobiernos priistas como grandes empresas privadas, en los territorios donde gobierna Morena también se sigue la misma lógica que en Estados priistas, es decir la lógica de la ejecución extrajudicial sigue los mismos patrones, los defensores son ejecutados por grupos paramilitares (5 casos) y aunque no se pudo identificar al resto de autores materiales, es claro que los beneficiarios son gobiernos y grandes empresas privadas, sin que esto último quiera decir que es un caso entre particulares, ya que por contexto se estableció que los perpetradores fueron agentes de Estado”, puntualizó.

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