Boletín informativo #6: A un año de la ejecución extrajudicial del menor Humberto Morales Sántiz del FNLS, no existe ninguna línea de investigación por parte de la Fiscalía del Estado de Chiapas

, por  Comité Cerezo México , popularidad : 1%

Boletín informativo #6: A un año de la ejecución extrajudicial de Humberto Morales Sántiz, miembro del FNLS, no existe ninguna línea de investigación por parte de la Fiscalía del estado de Chiapas.

28 de febrero del 2018

El día lunes 26 de febrero, a las 10:45 horas, miembros del Equipo de Antropología Forense Argentino (EAAF), entregaron en la Fiscalía de Justica Indígena, al MP de Ocosingo Alaín de Jesús Martínez Núñez, los resultados del dictamen de antropología forense realizados en el estado de Chiapas al menor de edad Humberto Morales, a petición de la familia de la víctima de ejecución extrajudicial.

La familia de Huberto Morales estuvo presente en la entrega del dictamen por parte EAAF acompañados de su asesor jurídico, una representación del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y la organización de derechos humanos Comité Cerezo México (acompañada a su vez por el Movimiento Sueco por la Reconciliación SweFOR.

Cabe destacar que los resultados del EAAF son concluyentes en el sentido de que la muerte de Humberto Morales se debió a que le dispararon en la cabeza a corta distancia. Por lo que, como Comité Cerezo México, ratificamos lo que hemos denunciado desde la ejecución de Humberto de que su muerte debe ser catalogada como una ejecución extrajudicial.

En entrevista con el MP de Ocosingo Alaín de Jesús Martínez Núñez se pudo saber, por su propia voz, algunos aspectos de la investigación que son importantes de mencionar para evidenciar no sólo la omisión respecto a garantizar el derecho a la Justicia por parte de la Fiscalía, sino la total impunidad que, desde el Estado, se les otorga a los perpetradores de tal lamentable crimen.

  1. A un año de la ejecución extrajudicial de Humberto, no existe ninguna línea de investigación.
  2. Tras ocho meses de haberse realizado la exhumación de Humberto, la autoridad competente no ha entregado a la Fiscalía los peritajes de balística, antropología forense y criminología.
  3. Se revictimiza a la familia de Humberto y a la comunidad argumentando que el nulo avance de las investigación se debe a que la familia y la comunidad no han aportado más información al respecto. En este sentido, la familia como la comunidad y la organización a la que pertenecen han reiterado innumerables veces que la responsabilidad de la ejecución extrajudicial recae en el grupo paramilitar “los petules” y que incluso ese mismo grupo paramilitar también es responsable de la desaparición forzada de Fidencio Gómez, la ejecución extrajudicial de Héctor Sántiz y de varias agresiones y amenazas en contra de la comunidad del Carrizal que la autoridad competente conoce a través de diversas denuncias ante el MP.
  4. A un año de la ejecución extrajudicial de Humberto Morales ninguna de las personas que ha sido señalados como los probables responsables ha sido citado a declarar.
  5. En la carpeta de investigación no sólo hay inconsistencia, omisiones y contradicciones sino que hay una marcada intención por parte de las autoridades de no investigar.

Queremos mencionar que es responsabilidad del Estado mexicano, en el ámbito estatal y federal, la realización de una investigación pronta y expedita y garantizar el derecho a la justicia de las víctimas, así mismo es responsabilidad también del Estado garantizar la seguridad de la población y de manera particular de las víctimas y organizaciones a las que se les han violado sus derechos humanos.

Es condenable la nula investigación por parte de las autoridades del estado de Chiapas en todas las denuncias hechas por la comunidad del Carrizal en contra del grupo paramilitar los petules y lamentable que este hecho demuestre también que las agresiones en contra de los integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo se deban a una política sistemática y generalizada del Estado mexicano.

Por ello nuevamente hacemos responsable al gobierno del estado de Chiapas y al gobierno federal de la integridad física y psicológica de los miembros de la comunidad del Carrizal, de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos, de la organización a la que pertenecen así como de sus acompañantes nacionales e internacionales.

Por la memoria, la verdad y la justicia
Comité Cerezo México


BOLETÍN DE PRENSA DEL FNLS

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 28 de febrero de 2018

A la opinión pública
A un año de cometerse el crimen de Estado contra el compañero Humberto Morales Sántiz

A un año de acontecido el crimen contra el compañero Humberto Morales Sántiz, queda claramente comprobado que fue una ejecución extrajudicial, porque la forma en la que le fue arrebatada la vida demuestra la saña y violencia con la que actuó el grupo paramilitar “los petules”, verdad que es reforzada con las conclusiones científicas a las que llegó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), mismas que obran en la carpeta de investigación.

El peritaje del EAAF arroja conclusiones que ayudan a definir cómo sucedieron los hechos, los cuales, no dejan lugar a dudas de la trayectoria del proyectil que privó de la vida al compañero Humberto, el proyectil atravesó el cráneo y el dictamen de criminalística afirma que el disparo fue a muy corta distancia y por la espalda, esto indica que fue un artero crimen ejecutado a quemarropa.

De acuerdo con las conclusiones del EAAF, el autor material de este crimen accionó su arma a bocajarro, es decir, a una distancia de muy corto alcance, por lo que la muerte fue violenta. Con esto se reafirma lo que hemos dicho de manera reiterada de la causa de muerte de nuestro compañero: fue ejecutado extrajudicialmente.
Cualquier artilugio leguleyo o pseudocientífico separado de la tipificación del crimen como ejecución extrajudicial significa la revictimización, un ardid fincado en el estado de derecho imperante cuyo propósito es procurar la impunidad para los responsables del río de sangre del pueblo que desde hace tiempo se encuentran desbordados, una maniobra maniquea para ocultar la evidente complicidad entre los paramilitares, los cuerpos policíacos y funcionarios de distinto nivel.

Las víctimas están de nuestro lado, el FNLS es el principal afectado de esta política de terrorismo de Estado, particularmente los que integran la organización en el estado de Chiapas, no obstante, desde el gobierno del estado y el federal pretenden lavarse las manos con evasivas que nos colocan como los victimarios; a través de señalamientos policíacos organizan una campaña de calumnias y difamaciones para cercenar la combatividad y minar la solidaridad entre hermanos de clase.
La carpeta de investigación del caso de nuestro compañero no sólo muestra nulos avances en la investigación, sino que mediante éste se maquila una maniobra leguleya para incriminar a nuestros compañeros del ejido “El Carrizal” y al FNLS. Es del sentido común que, si una investigación tiene la pretensión de ser imparcial, al ofendido se le da el trato de víctima y no de victimario, por esta razón, llama particularmente la atención que a nuestro compañero Humberto se le practiquen pruebas que conducen a su revictimización y a los principales indiciados se omitan de toda investigación y se paseen en completa impunidad.

Es inadmisible e insultante a la inteligencia humana, que en todo este tiempo no existan líneas de investigación, ni dictamen del peritaje de la necropsia por parte de las autoridades, así como la ausencia del dictamen de las periciales en balística y lo que si hay, son una serie de contradicciones en los dichos de las autoridades investigadoras que prueban cómo la impunidad se manifiesta como política de gobierno.

La cadena de omisión, negligencia, dilación y desgaste son las mismas en el proceso de investigación de los casos de los compañeros Héctor Sántiz López y Fidencio Gómez Sántiz, hecho que evidencia la política de Estado de no investigar, ni dar seguimiento a los procesos jurídicos por parte de las autoridades e instituciones encargadas de la procuración de justicia; esta actitud nefasta de la Fiscalía demuestra que las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales las comete el gobierno mexicano de manera sistemática contra los integrantes de nuestra organización. No son hechos aislados, ni espontáneos, son crímenes planeados con la intención de cercenar la organización y la lucha por el socialismo en México.

Los asesinos de Humberto y Héctor pertenecen al grupo paramilitar “los petules”, grupúsculo de personas descompuestas que cometen todo tipo de crímenes con el cobijo de las estructuras policíacas y militares, sobre su responsabilidad existen una serie de atropellos al amparo del andamiaje represivo del estado de Chiapas sin que hasta ahora, sus principales cabecillas sean llamados a las instancias de justicia.
La red de espías que opera en la región de Altamirano, Ocosingo y San Cristóbal de Las Casas, es una prueba irrefutable de que son éstos quienes señalan a la futura víctima, la objetivación de que el andamiaje represivo lo conforman policías, militares en activo y retiro, así como supuestos periodistas. El testimonio de lo que aquí se afirma fue entregado a las instancias correspondientes y dado a conocer a los medios de comunicación, no obstante, esta información parece ser de lo más habitual porque encontró un silencio propositivo en la difusión mediática.

La privación de la vida de manera arbitraria de nuestro compañero que hoy se configura como una ejecución extrajudicial con todas sus letras, se da en un contexto de la lucha por la tierra y su defensa, de la exigencia del respeto a los derechos del pueblo, entre ellos, el derecho a la educación, al trabajo, la salud y una vida digna, así como la exigencia de la presentación con vida de todos los detenidos desparecidos, en particular de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

La ejecución extrajudicial de Humberto está marcada con un sesgo particular del odio de clase burguesa objetivada en el grupo paramilitar, donde el objetivo no era sólo arrebatarle la vida, sino hacer extensivo los efectos del terrorismo de Estado a sus familiares, la comunidad y la organización, sin embargo, el hecho no derrumba los ánimos, no amaina la combatividad, por el contrario, aviva la dignidad para no permitir que este caso permanezca impune.

Este hecho criminal pone al descubierto la política represiva del régimen, condición que no es ajena a los distintos gobiernos estatales y municipales, porque el caso de nuestro compañero no es la excepción, sino la regla que se repite sistemáticamente en miles de familias proletarias en todo el país.

La naturaleza profascista de los distintos gobiernos está materializada en la pretensión de endosar cada crimen al fuero común, eludir la responsabilidad de las corporaciones policíacas, militares y paramilitares; sin ningún miramiento sostienen eufemismos que criminalizan la protesta, porque desde esta lógica, todos los muertos son por “riñas callejeras”, “ajustes de cuentas”, “problemas intercomunitarios”, entre otras excusas.

La exigencia es puntual, el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de este artero crimen, los cuales tiene nombre y apellido, investigación exhaustiva para delimitar la cadena de mando de quienes dieron la orden de cometer estos crímenes de lesa humanidad, porque es una vox populi, que funcionarios de gobierno estatal y municipal, sostienen reuniones en el campamento paramilitar.

El disparo a corta distancia, la trayectoria del proyectil, los orificios de entrada y salida de la bala; son aspectos que no pueden ser pasados por alto, porque son elementos científicos que ponen en evidencia la aquiescencia del Estado mexicano en el cometido de este crimen, mismos que se suman a la exigencia de juicio y castigo quienes planearon y objetivaron el crimen.

A un año de distancia no existe el desánimo, la dignidad no cede a la arrogancia y despotismo de las autoridades, la combatividad crece ante cada respuesta evasiva de las instituciones gubernamentales; la presencia de nuestro compañero Humberto, junto a la de Héctor, Víctor Alfonso y todos nuestros mártires se erigen como estandarte para continuar la lucha contra el terrorismo de Estado y por el socialismo en nuestro país.

Por todo lo anterior, serán responsables de toda agresión física y psicológica contra todo integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo Enrique Peña Nieto gobierno federal y el Manuel Velasco Coello gobernador de Chiapas.

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

Navegar por las

AgendaTous les événements

Soutenir par un don