Boletín de prensa: El Estado mexicano incumple acuerdos hechos a familiares de víctimas de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares e intenta la aprobación de una Ley General en la materia que garantiza mayor impunidad
Como Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México hacemos del conocimiento público que, a seis días de que el periodo ordinario de sesiones en el Senado termine, el Gobierno Federal intenta imponer la aprobación de la Ley General contra la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares sin que ésta cumpla con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y sin la aprobación de las familias, organizaciones de derechos humanos y populares.
El pasado 31 de marzo el Gobierno Federal, por conducto del Secretario de Gobernación, se comprometió a que la Ley General contra la desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares iba a cumplir con las exigencias y las propuestas de las familias y organizaciones de derechos humanos, así mismo, instruyó a los representantes que se encontraban presentes para que incluyeran todas las observaciones que se hicieron durante dicha reunión realizada en las oficinas de la Secretaría de Gobernación.
Sin embargo, a seis días de que en el Senado el periodo ordinario de sesiones llegue a su fin, el Gobierno Federal da a conocer, mediante un documento, los comentarios al proyecto de dictamen, el cual no es más que una contra propuesta del Ejecutivo. Contra propuesta que lejos de cumplir con todo lo necesario para garantizar que la Ley General contra la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares garantice los derechos de Memoria, Verdad, Justicia, Reparación del daño y medidas de no repetición, muestra una vez más la falta de voluntad política del Estado mexicano para erradicar las desapariciones forzadas y desnuda la simulación de diálogo que durante dos años ha mantenido con las organizaciones de víctimas y de derechos humanos.
Dentro de los puntos más importantes que el Gobierno Federal intenta que queden en el Dictamen final de la Ley General y que son aspectos de suma preocupación se encuentran los siguientes:
1.- Alegando la pronta activación de la búsqueda en los casos de desaparición de personas, insisten en integrar el término Persona No Localizada en toda la redacción de la Ley. Como hemos reiterado en diversas ocasiones, el permitir que éste término quede en una legislación que debe investigar, sancionar y prevenir una violación grave a derechos humanos y un grave delito, como lo es la desaparición forzada y la desaparición a manos de particulares, solamente va servir para que el Estado mexicano diluya su responsabilidad respecto a las desapariciones forzadas, puesto que el término de Persona No Localizada va en contra de la naturaleza específica de la desaparición forzada.
2.-El usar el término genérico de Personas desaparecidas para designar a las víctimas de la desaparición forzada y a las víctimas de la desaparición a manos de particulares sin que se especifiquen protocolos diferenciados cuando se comete una violación a los derechos humanos (desaparición forzada) y cuando se come un delito (desaparición a manos de particulares) es diluir la responsabilidad del Estado en cuanto a las desapariciones forzadas y generará más impunidad.
3.- En el tema de sanciones, se quita a la cadena de mando como responsable de la comisión del delito de desaparición forzada, contraviniendo los Tratados Internacionales en materia de desaparición forzada de personas, los cuales el Estado mexicano ha firmado y ratificado; por lo que está obligado a cumplirlos.
4.- Bajo argumentos que parecieran ser benéficos para el funcionamiento tanto del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, como de la Comisión Nacional de Búsqueda se le reducen atribuciones y se le quitan herramientas que son indispensables para poder dar con el paradero de las víctimas de desaparición forzada y de desaparición cometida por particulares. Al final lo que propone el gobierno federal es una Comisión que no es Nacional y que no tienen verdaderas facultades de Búsqueda.
5.-En ninguna parte de dicho documento se retoman las exigencias hechas por las organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas de desaparición forzada de establecer dentro de la Ley General los mínimos del protocolo para la búsqueda e investigación de estos casos en específico.
6.- Se intenta desaparecer del Dictamen Final, los apartados relacionados con las desapariciones forzadas cometidas durante la época de la llamada “Guerra Sucia”, y se trasladan dichos casos a un Transitorio, siendo que las desapariciones forzadas cometidas en éste periodo son de carácter continuo y cuentan con diversas recomendaciones y una sentencia por parte de instancias internacional en materia de derechos humanos.
7- Se aprecia en todo el documento la insistencia del Estado mexicano por diluir su responsabilidad ante las desapariciones forzadas, así como, intentar equiparar está grave violación a derechos humanos con cualquier delito e incluso equipara la desaparición forzada con la No Localización de una persona, a sabiendas que este término por sí mismo no configura una violación de derechos humanos o algún delito.
8.- En esta propuesta del Ejecutivo se deja de lado completamente la importancia de contar con un Capítulo específico para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes víctimas de la desaparición forzada o de la desaparición cometida por particulares, así como la atención y protección especial que requieren los hijos e hijas de personas víctimas de la desaparición forzada o de la desaparición cometida por particulares, compromiso acordado por parte del Estado mexicano ante la CIDH el 7 de abril del 2016. Hecho que deja en claro la falta de voluntad política por atender este sector que ha sido fuertemente afectado también por la comisión de estos delitos.
Ante todo lo anterior, como Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México, hacemos un llamado a todas las familias de víctimas de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, a las organizaciones de derechos humanos, populares e indígenas, a los organismos internacionales en materia de derechos a no permitir la aprobación de una Ley General en materia de Desaparición Forzada de personas y desaparición cometida por particulares que no Garantiza el acceso al derecho a la Memoria, Verdad, Justicia, Reparación integral del daño y Garantías de no repetición.
Le recordamos al Estado mexicano, que los derechos humanos no son negociables y que está obligado a garantizar su protección. Por lo que le exigimos, legislar de acuerdo a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y, le recordamos que una Ley General pactada en lo oscurito sin la presencia de las familias, organizaciones de Derechos Humanos, populares e indígenas no será avalada.
¡Presentación con Vida de Todas las Víctimas de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por particulares!
¡Juicio y Castigo a los responsables materiales e intelectuales!
Atentamente
Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, Comité Cerezo México, Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero, Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A.C, Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y sierra Oriental (CODHHSO), Comité Independiente de Derechos Humanos de Puebla, Red de Defensa de los Derechos Humanos, Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, desaparecidos y asesinados en Guerrero, Taller de Desarrollo Comunitario A.C., Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Brigada Multidisciplinaria, Ajusco Radio y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM)