Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores, simulación

, par  Comité Cerezo México , popularité : 2%

Por otro lado, en el caso de los defensores de derechos humanos se registraron 136 eventos en los que hubo 446 actos que violentaron los derechos humanos de 165 activistas, 48 organizaciones y 15 comunidades, en un lapso de un año, de junio de 2015 a mayo de 2016, señala el informe anual Defender los derechos humanos en México : la normalización de la represión política, publicado por el Comité Cerezo México.

*En el organismo diseñado para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos en riesgo, 37 personas atienden los 452 casos ingresados. Quien está siendo violentado tiene que esperar meses para que el Mecanismo resuelva si le dará medidas cautelares o no

Karen Carrillo

En el mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), se encuentran hoy adscritas 452 personas que han sido agredidas físicamente, amenazadas o que fueron víctimas de secuestro por parte de particulares o servidores públicos y que, de alguna forma, están en peligro por ejercer su labor periodística o de defensa de los derechos humanos.

Se trata de 167 periodistas y 285 defensores que están recibiendo, formalmente, protección por parte del Mecanismo.

A más de 4 años de haber sido creado, funciona con más críticas que reconocimientos de parte de quienes constituyen su población objetivo : defensores de derechos humanos y periodistas.

“El Mecanismo se ha ido fortaleciendo y ha tenido avances en las prácticas de protección que ofrece, pero todavía tiene temas que trabajar”, considera Alan Mayo Flota, excoordinador jurídico de la organización Propuesta Cívica.

Según datos obtenidos a través de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no fueron admitidas 74 solicitudes –31 de personas defensoras y 43 de periodistas– desde la creación del Mecanismo ; mientras que 345 solicitudes sí fueron atendidas : 145 de defensores y 200 de periodistas.

Más de la mitad de las personas agredidas se concentran en sólo cinco entidades : 52 por ciento son periodistas y defensores de Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México. Sin embargo, el informe precisa que varias solicitudes provenientes de la capital del país son de personas que llegaron a este lugar huyendo del temor a ser perseguidos en su región de origen.

Contexto hostil

Las agresiones a la prensa aumentaron 80 por ciento en los primeros 2 años del gobierno de Enrique Peña Nieto, según el informe Estado de censura, de la organización Artículo 19 : en total hubo 656 ataques contra la prensa, 328 agresiones al año. En el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se documentaron un promedio de 182 ataques anuales.

Amenaza, asesinato, ataque al medio de comunicación, ataque físico, desaparición forzada, desplazamiento forzado, hostigamiento o acoso, intimidación, intrusión no autorizada, privación a la libertad y violencia institucional son las agresiones que considera esta organización internacional, según la cual en la presente administración –en el lapso de 2013 a 2015– se registraron 1 mil 53 agresiones contra la prensa.

Artículo 19 señala que las agresiones a periodistas son cometidas principalmente por servidores públicos : 860 de los ataques registrados de 2009 a 2015 fueron realizados por funcionarios de gobierno.

Por otro lado, en el caso de los defensores de derechos humanos se registraron 136 eventos en los que hubo 446 actos que violentaron los derechos humanos de 165 activistas, 48 organizaciones y 15 comunidades, en un lapso de un año, de junio de 2015 a mayo de 2016, señala el informe anual Defender los derechos humanos en México : la normalización de la represión política, publicado por el Comité Cerezo México.

El 73.3 por ciento de las agresiones registradas en ese lapso se concentraron en siete entidades : Guerrero, con 18.6 por ciento ; Chiapas, 15 por ciento ; Oaxaca, 12.3 ; Michoacán, 10.7 por ciento ; Veracruz, 8.9 por ciento ; y la Ciudad de México, con 7.8 por ciento.

Las agresiones se presentaron en un 58.5 por ciento de los actos en contra de activistas ; las amenazas en el 13.9 por ciento –las cuales son mayoritariamente amenazas de muerte–, la criminalización en un 13.6 por ciento y el hostigamiento en un 9.6 por ciento de los eventos. Asimismo, 71.2 por ciento de las agresiones fueron físicas.

Otro de los elementos que destaca el informe es que el 79 por ciento de los actos violatorios de derechos humanos fueron cometidos “abierta, clara y directamente por integrantes del Estado. Lo cual, una vez más, parece reafirmar la existencia de una política estatal en contra de las personas defensoras de los derechos humanos”, explica. Esto se ha incrementado en los últimos 4 años, pues pasó de 45 por ciento en 2012 a casi el 80 por ciento en 2016.

Actualmente, el Mecanismo sólo proporciona protección física a los solicitantes después de haber recibido alguna agresión o amenaza, cuando ya está en peligro la vida de los periodistas y personas defensoras.

Estructura orgánica, endeble

El Mecanismo se compone de tres unidades : de Recepción de Casos y Reacción Rápida ; de Evaluación de Riesgos, y Seguimiento, Prevención y Análisis. El informe El mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México, publicado en mayo de 2016 por la Washington Office for Latin America (WOLA, por su sigla en inglés), señala que apenas 37 funcionarios trabajan en el Mecanismo.

Sólo 37 personas manejan los 452 casos : ellos reciben las solicitudes, analizan los casos, monitorean las medidas de protección que otorgan, reevalúan los casos y las propuestas de protección y medidas preventivas. “El personal está sobrecargado de trabajo, lo que contribuye a un elevado nivel de rotación del personal”, señala el informe.

Pese a que el Mecanismo cuenta ya con una estructura orgánica más sólida, la Unidad de Análisis y Riesgo es la más endeble en cuanto a personal, según explica, en entrevista, Alan Mayo Flota. “Ahí hace falta mucho trabajo porque no hay suficientes analistas de riesgo y los casos se van rezagando. Implica que si tú ingresas al Mecanismo no tienes la seguridad de que te van a dar medidas automáticamente porque debe haber primero un análisis de riesgo y, si no hay suficientes analistas que lo hagan, el proceso entre que ingresas y recibes las medidas de protección puede ser hasta de dos o tres meses. Eso genera un problema porque se necesita que la protección sea inmediata”, explica.

Los retrasos en la atención de solicitudes y el otorgamiento de las medidas se han señalado como un problema recurrente del Mecanismo y constantemente se ha atribuido a la falta de personal. La cantidad de trabajo sobrepasa a los trabajadores y “este tipo de retrasos pone a los defensores y periodistas que han sufrido algún incidente de seguridad en una posición cada vez más vulnerable”, concluye el informe mencionado.

“Nos amenazan y tienen que pasar meses y meses de valoración para ver si te incorporan o no [al Mecanismo], si te ayudan o no te ayudan. Y esos meses, obviamente, quedas expuesto a que algo te pase. El periodista tiene que tomar la decisión : si quiere vivir, pues quedarse callado ; porque pueden cumplir la amenaza”, explica Jorge Sánchez, hijo del periodista asesinado Moisés Sánchez.

Los analistas, explica Mayo Flota, son una parte fundamental del Mecanismo porque son quienes evalúan el riesgo. Señala que trabajan en condiciones de “mucho estrés” : no tienen un salario equivalente al nivel de responsabilidad que conlleva su trabajo, pues trabajan muchas horas extras y son enviados a hacer los análisis de riesgo a todo el país. “Incluso las partes donde hay más presencia de delincuencia organizada o zonas rurales, que representan un peligro para ellos”, precisa.

Señala que como los analistas no cuentan con buenas condiciones laborales, “cuando les ofrecen un mejor trabajo, se van ; y eso le cuesta mucho en términos de recursos humanos al Mecanismo porque son personas que se han estado preparando continuamente para hacer análisis de riesgo y no es fácil encontrar una persona en el mercado laboral que sea experta en eso”.

Derivado de esto, el análisis de riesgo realizado por el personal de Mecanismo es insuficiente, ya que las evaluaciones “siguen siendo subjetivas y están influenciadas por la actitud y el nivel de experiencia de cada analista”, concluye el informe del WOLA.

Karla Micheel Salas Ramírez, directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, explica en entrevista que las valoraciones de riesgo dependen también de la información que la organización consiga por su propia cuenta y le otorgue al Mecanismo : “Más allá de lo que diga la valoración de riesgo, han sido las amplias documentaciones que se tienen sobre esos casos, de alguna manera eso hace que se corrija cualquier deficiencia con la carencia de información, además de que estamos presionando, coadyuvando activamente para que la valoración considere todos los antecedentes”.

Por otro lado, una de las acciones más significativas en el proceso de fortalecimiento del Mecanismo fue la creación de la “tercera unidad”, la Unidad de Prevención que se creó en agosto de 2015, e ingresaron cinco nuevas personas que son las encargadas de realizar mapas de riesgo para poder establecer los lugares del país en donde hay más incidencia delictiva en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos para poder crear políticas públicas para prevenirlas.

“La Unidad tiene que hacer este análisis de toda la información que hay sobre agresiones a periodistas en el país para proponer medidas de políticas públicas tanto legislativas como del Ejecutivo para prevenciones no de casos concretos sino en un sentido mucho más amplio. Creemos importante que se consolide esta Unidad porque si no, el Mecanismo sólo serviría para dar medidas paliativas”, señala Mayo Flota.

Sin embargo, el primer análisis de esta Unidad fue sobre la situación de alto riesgo en la que se desempeñan los periodistas en Veracruz. Derivado del análisis, la Unidad elaboró un proyecto de acción preventiva que el gobierno del estado se comprometió a cumplir. Pese a esto, no han disminuido las agresiones a periodistas. Incluso han asesinado a dos comunicadores más desde entonces.

Medidas de protección, “paliativas”

“El botón de pánico… Realmente sabemos que si te van a hacer algo, te van a matar, no te lo van a dejar accionar. Lamentablemente [este tipo de medidas] a veces no funcionan, ése es el problema. En lo que lo conectas, lo cargas : es como un teléfono con GPS y si no hay señal pues es como cualquier celular”, señala Milton Andree Martínez, director general del portal En Vivo Radio Televisión que ingresó al Mecanismo después de recibir amenazas de muerte y de la campaña de desprestigio orquestada en su contra en redes sociales.

Además, señala que el proceso para que te den el botón tarda entre tres y cinco meses. Pese a esto, Milton dice sentirse mejor con las medidas cautelares que el Mecanismo le asignó.

El botón de pánico es la medida de protección más otorgada a los beneficiarios del Mecanismo, según el Informe estadístico junio 2016 elaborado por la Subsecretaría de Derechos Humanos Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, de la Segob. Sin embargo, existen muchas otras medidas contempladas formalmente por el Mecanismo : escoltas, seguridad de inmuebles, patrullajes, bienes físicos, telecomunicaciones, gestiones, cursos de autoprotección, presentación de denuncias, directorios, solicitudes de información sobre avances en las carpetas de investigación, reuniones con distintas autoridades.

Las medidas de protección del Mecanismo se pueden agrupar en tres tipos, según Mayo Flota : aquellas que corren a cargo de una autoridad, como los rondines de las fuerzas de seguridad públicas, las escoltas o la protección de inmuebles ; las que instrumenta la empresa privada que el Mecanismo contrata y que presta servicios para instalar cámaras de seguridad o poner cerraduras en los domicilios de los beneficiarios ; y las medidas “político-preventivas”, que son cartas, oficios y mesas de trabajo que envía la Segob a los funcionarios que han sido señalados como agresores.

La aplicación de estas medidas depende de cada caso. Lamentablemente si no hay una organización acompañante, muchas veces no se lleva a cabo una estrategia integral de protección, explica Mayo Flota.

Las incongruencias en la asignación de las medidas de protección es resultado de esto. Existen casos, por ejemplo, en los que el Mecanismo asignó para proteger al periodista o defensor un cuerpo policial que fue el identificado como responsable de la primera agresión. Ése es el caso de Jorge Sánchez Ordóñez –hijo del periodista Moisés Sánchez Cerezo, asesinado en Veracruz en enero de 2015–, quien señala que en el Mecanismo “hay varias deficiencias”.

Jorge Sánchez fue incorporado al Mecanismo junto con su familia, luego del asesinato del periodista Moisés Sánchez. El Mecanismo le asignó protección por parte de la policía estatal, misma que él señala de haber estado coludida en la desaparición de su padre. Aparentemente, elementos del cuerpo policial escoltaron a las personas que sustrajeron a su padre, además de que el comandante de la policía no dio órdenes de localizarlo sino hasta 2 horas después, lo cual dio oportunidad a los criminales de escapar.

Explica en entrevista que “no hay seguridad por su parte y es una contradicción que sea la policía estatal, que es la que de alguna manera participó en la desaparición de mi padre, y que diferentes personas han manifestado que a sus familiares los han levantado la policía estatal y la fuerza civil, sean estos criminales los que nos están cuidando”.

Círculo de impunidad

La impunidad es otro tema central. No existe una investigación de los casos para castigar a los agresores. El Mecanismo no tiene facultades de investigación de los delitos ni puede intervenir en las investigaciones judiciales.

La Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) es el organismo encargado de investigar los asesinatos de periodistas y no ha cumplido con su labor bajo el argumento de que las fiscalías locales son quienes deben corroborar que existe un vínculo entre el delito y las labores del periodista para que, posteriormente, la institución pueda atraer el caso.

Jorge Sánchez denuncia la impunidad en el caso de su padre a más de 1 año y medio del crimen. “No se garantiza que haya seguridad ; que haya justicia tampoco”, dice, y explica que la FEADLE se ha negado a atraer el caso a pesar de que hay evidencias que señalan la participación del alcalde y de la policía.

Alan Mayo considera que el tema de las investigaciones de los casos “es una parte de la que todavía cojea mucho el Mecanismo porque no se mete en el tema de agresiones, incluso niega muchas veces medidas de protección que tengan que ver con investigación, con el argumento de que no es una entidad investigadora, que eso corresponde a la Procuraduría General de la República [PGR] ; y a pesar que [la institución] forma parte de la Junta de Gobierno, no toma acciones por su cuenta, no es proactiva y no inicia investigaciones. Pese a que debería ser así”.

Aunque la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR forma parte de la Junta de Gobierno del Mecanismo, muchos de los casos no son investigados ni sancionados eficazmente. El informe del WOLA menciona al respecto que las medidas de protección no podrán ser eficientes ni garantizarán la seguridad de las personas en riesgo en tanto no avancen las investigaciones.

Mayo Flota precisa que desde que se creó la ley se pensó en la participación de la PGR, precisamente para no separar el tema de la protección física del tema de la investigación de agresiones ya sufridas. Sin embargo no está funcionando así, el Mecanismo “está separando totalmente el tema de las investigaciones con el tema de la protección física”.

“No hay un seguimiento de ningún tipo sobre las investigaciones y esto crea impunidad y un círculo vicioso, porque se manda un mensaje al agresor de que puede seguir agrediendo, ya que no habrá ninguna consecuencia”, concluye.

Lo que falta…

Además de la falta de facultades para incidir en las investigaciones, el Mecanismo debe trabajar en mejorar la reacción inmediata ante los casos extraordinarios, en donde la vulnerabilidad del solicitante es muy alta y su vida corre peligro, señala Mayo Flota. “Necesita trabajar más en los protocolos de actuación cuando hay emergencia, porque normalmente actúa cuando ya pasó la emergencia y cuando hay que proteger para que no suceda lo peor. En los casos extraordinarios tiene que actuar rápido y ahí hay fallas”.

Otro tema es el rezago de casos, pues no se cumplen los plazos señalados por la ley para ingresar una solicitud, para que se analice el riesgo o para que se otorguen las medidas.

Karla Micheel Salas considera que el Mecanismo es “altamente burocrático y con autoridades que no son sensibles a las situaciones de riesgo”. Explica que el Mecanismo no toma en cuenta otro tipo de riesgos, como las campañas de desprestigio que sufren periodistas y defensores, las cuales califica de “medidas muy sofisticadas, porque le implican del gobierno coordinación y una inversión”.

Los ataques cibernéticos, como el espionaje, se producen en un contexto en el que las leyes locales y federales permiten el uso de malware y la retención de metadatos y datos personales. En el primer trimestre del año ocurrieron 15 agresiones por internet : un ataque cibernético a un medio de comunicación, seis amenazas y ocho casos de hostigamiento y acoso por redes sociales.

El informe Sin prensa no hay democracia, de la organización Artículo 19, señala que el Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos no considera de alto riesgo estas agresiones bajo el argumento de que no son amenazas directas o carecen de una estructura para cometer la agresión.

Otro problema es que el Mecanismo “no se ha popularizado”, dice Mayo Flota. “Muchas veces esta información de que existe el Mecanismo no llega a los lugares donde debería llegar, como las zonas rurales o los focos de riesgo. Lo que haría falta no es que el Mecanismo abra oficinas en distintas regiones del país, pero sí que haga una campaña nacional de que existe y lo que puede proveer para que la gente sepa que los analistas de riesgo van hasta el lugar [en que se encuentren los solicitantes]”.

Jorge Sánchez explica que, no obstante todas las falencias del Mecanismo, es necesario denunciar e incorporarse : “Por desgracia es lo único que tenemos ; si rechazamos las medidas de seguridad, y esto lo platicamos muchas veces Rubén Espinosa [fotoperiodista veracruzano asesinado en la Ciudad de México en julio de 2015] y yo, rechazar la protección que te da el Estado es decirle ‘ya puedes hacer algo contra mí’. Si nosotros rechazamos estas medidas, el día de mañana van a atentar contra nosotros y el Estado mexicano se va a lavar las manos diciendo : ‘Nosotros tuvimos contacto y ellos son los que no quieren que los protejamos’”.

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