La resistencia civil frente a la militarización y la criminalización de la sociedad Enrique Rosas / LaNeta.apc.org

, por  Comité Cerezo México , popularidad : 1%

El día de ayer en su participación en el Foro Social Mundial, Héctor Cerezo, expreso político mexicano, da cuenta cuenta de cómo el proceso de militarización que vive la sociedad mexicana, cuya justificación actual es la "guerra contra el narcotráfico", forma parte de las medidas del estado tendientes a criminalizar y reprimir la protesta social, lo que resulta al final en la criminalización de aquella parte de la sociedad en continuo proceso de empobrecimiento, explotación y exclusión -es decir, su mayor parte-.

En la estrategia de criminalización han tenido un papel central diversos instrumentos de estado, los medios de comunicación, algunos sectores académicos e intelectuales que decantan el imaginario social en el que defender los derechos fuera de tribunales es constitutivo de un delito, en el que los defensores de Derechos Humanos son defensores de criminales o bien en el que las protestas contra los abusos de las fuerzas policiacas o militares son ilegítimas por estar financiadas por el narcotráfico.



Por otro lado, Héctor hace una interpretación de las recientes reformas que legalizan el uso del ejército para tareas de seguridad interna, ya que se encontraban en una situación de ilegalidad puesto que la constitución y las leyes dictaban que el ejército sólo podría actuar para la defensa del territorio nacional ante una eventual invasión o bien para tareas de protección civil en caso de desastres naturales. Ante el escenario actual de un rechazo social cada vez mayor y una crítica cada vez más firme a los abusos, maltratos, violaciones, heridas y muertes cometidas por miembros del ejército en contra de civiles, la oficialía y los altos mandos del ejército han presionado para que se legalice su estancia fuera de los cuarteles y se les ofrezca protección legal y garantías de impunidad en el futuro. Otro componente de la misma pinza es el endurecimiento de las normas relativas a la libertad de manifestación que reducen la garantías y derechos a la protesta social, por ejemplo, al considerar como una falta el hecho de que una marcha se detenga y obstaculice alguna vía de circulación.



En conjunto, los procesos de explotación, empobrecimiento y marginación, la criminalización de la protesta social, la impunidad ante los abusos del estado, la negación de la justicia y la verdad, están destruyendo el tejido social. Si a lo anterior aunamos más de 22 mil muertos en la llamada "guerra contra el narco" entonces adquiere sentido la tesis de Héctor que asegura que la criminalización es contra la sociedad. Ello explica el incremento en 500% de las quejas por abusos reconocidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del ejército mexicano entre 2007 y 2009. Una mirada a dichas quejas dan cuenta de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales lo que lo ha configurado como un estado terrorista. Entre 2006 y 2009 fueron registradas 128 agresiones a defensores de DH. Recientemente se ha dado el asesinato de Beatriz Cariño y Jyri Jakoola quienes formaban parte de la misión civil anunciada para verificar la situación de los DH en Copala, Oaxaca. Sin embargo, también hay que dar cuenta de los asesinatos en 2009 de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rojas, defensores de DH e integrantes de la Organizacion para el Futuro de los Pueblos Mixtecos en Ayutla; el asesinato en junio de 2009 de Géminis Ochoa Castro, líder de la Unión de Comerciantes Ambulantes "Che Guevara" en Ciudad Juárez; en agosto de 2009: intento de homicidio a Salomón Monárrez Meraz defensor de DH del frente cívico Sinaloense y amenazas de muerte para Adolfo Guzmán de Enlace, Comunicación y Capacitación y su familia en Comitán; ejecución extrajudicial el 3 de enero de 2010 de Josefina Reyes, defensora de DH del Frente Nacional Contra la Represión en Ciudad Juárez, Chihuahua.



Ante dicha realidad la protesta social irá en aumento, como lo demuestran los casos de manifestaciones en Ayutla, Guerrero; Ciudad Juárez, Chihuahua; y Monterrey, Nuevo León, y ésta tiene como reto revertir el fenómeno de la militarización y la violencia creciente, quitándole la mascarada de guerra contra el narco. Es necesaria la construcción de alianzas y esfuerzos de articulación al interior del movimiento social para este fin.

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