Reprueban ONGs crimen de Pazos OCTAVIOLEZ ASCENCIO/FLOR HERNÁNDEZ

, por  Comité Cerezo México , popularidad : 1%

Organizaciones sociales reprobaron el crimen del presidente del Consejo Político Comunitario del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Heriberto Pazos Ortiz y responsabilizaron del asesinato a la administración estatal.

"El crimen de Catarino (Torres Pereda) y ahora de Heriberto Pazos, evidencia que el gobierno quiere dejar a Oaxaca destrozada" ante la cercana entrega del poder, afirmó el dirigente de Comuna de Oaxaca, Flavio Sosa Villavicencio, quién participó al lado de la víctima en la formación del Partido Unidad Popular de registro local.

A su vez, el dirigente de Servicios del Pueblo Mixe (Ser), Adelfo Regino Montes dijo que los crímenes de Torres Pereda y de Pazos Ortiz originan una "situación demasiado delicada y preocupante" porque la violencia a nadie conviene en Oaxaca.

"Esta situación nos indigna y lastima profundamente", asentó.

Expuso que la violencia es situación condenable en cualquier expresión porque echa abajo cualquier esfuerzo por una sociedad pacífica y armónica, y sobre todo, por resolver los conflictos por la vía del diálogo.

Ante esto, hizo un llamado al gobierno estatal "a dar muestras concretas de su decisión de caminar por la paz y no por la violencia" para resolver los conflictos políticos y sociales, así como la marginación y pobreza ancestral en la entidad.

Mientras tanto, el Frente de Izquierda Revolucionaria (FIR) manifestó su condena al asesinato de Pazos Ortiz y subrayó que demuestra una vez más el clima de zozobra e inseguridad política y social "que ha reinado en este sexenio en todo el estado".

Ana Velasco, integrante de la Comisión Política de esa alianza de organizaciones, destacó que este crimen como el de Torres Pereda forman parte de la campaña de persecución y de ejecuciones de líderes sociales emprendida por el gobierno estatal desde el inicio de su gestión.

Por otra parte, la organización de derechos humanos "Comité Cerezo México" condenó la ejecución y exigió el esclarecimiento de los hechos, así como el juicio y castigo para los responsables, intelectuales y materiales.

El asesinato, agregó, "se inscribe dentro de la estrategia represiva del Estado en contra de los defensores de derechos humanos y los luchadores sociales, que ha sido diseñada como una forma de contener, dividir y aniquilar al movimiento social".

A su vez, los coordinadores del Centro de Derechos Humanos "Bartolomé Carrasco" (Barca), Nora Martínez Lázaro y de Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Marcos Leyva, así como la responsable del área jurídica de Consorcio para el Diálogo Parlamentario, Yésica Sánchez Maya, señalaron que estos hechos oscurecen la transición política de la entidad.

Asimismo, los activistas de derechos humanos demandaron una investigación de los sucesos, así como el castigo a los autores materiales e intelectuales de ambos homicidios y lanzaron un reclamo contra la impunidad que priva en la entidad.

Sánchez Maya, denunció que estos hechos recientes prueban que no existen garantías para los luchadores sociales, lo que demuestra que la entidad atraviesa una "gran crisis", en la que no está garantizado el estado de derecho.

En tanto, Leyva Madrid, sostuvo que la actual administración se ha caracterizado por los homicidios de líderes sociales, mismos que iniciaron con el asesinato del profesor Serafín García Contreras el 27 de julio de 2004, en Puente de Fierro, Huautla.

Los tres activistas de derechos humanos, demandaron respeto a las garantías individuales, así como una profunda investigación de los hechos hasta encontrar a los responsables.

NOTICIASNET.MX

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