Comité Cerezo en el Foro Social Indígena

Ciénega, Malinaltepec, Gro., 9 de octubre. Héctor y Antonio Cerezo, miembros de la organización de derechos humanos Comité Cerezo México, declararon que resulta preocupante la modalidad actual de represión de movimientos sociales por parte del Estado consistente en ejecuciones extrajudiciales, así como la creación de un clima de militarización y paramilitarismo en el país.

Del 2006 a la fecha se han registrado 33 ejecuciones de luchadores sociales ejecutados por su actividad política de oposición o reivindicación en cuestiones sociales. En cuanto al clima de militarización y paramilitarismo que se vive actualmente, señalaron que éste, sumerge a la sociedad en una dinámica de violencia en la cual no es necesario ser luchadora o luchador social para padecer violencia.

Asimismo aseguraron que dicha problemática se da en varios estados del país entre los que se encuentra Guerrero, donde el modelo represivo del estado se ha desarrollado y elaborado de mejor manera, ciertas políticas represivas se trasladan a otros estados y viceversa.

Entrevistados en el marco de su participación como talleristas en temas de documentación de violación a derechos humanos y seguridad para organizaciones y defensores de derechos humanos dentro del Foro Social Indígena, respondieron en cuanto a la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el estado mexicano en los casos de Inés y Valentina, indígenas me´phaa, violadas y torturadas por el ejército, que se tienen antecedentes de sentencias condenatorias como en el caso de Rosendo Radilla en la cual el Estado no ha cumplido en su totalidad lo dictado por la CoIDH.


“Esperar que el Estado cumpla en su totalidad la sentencia en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, sería como algo mágico, sin embargo, depende de la capacidad de la gente y las organizaciones sociales y de derechos humanos para obligar y empujar a que el estado mexicano cumpla las sentencias dictadas por la CoIDH, afirmaron Héctor y Antonio.


Acompañados por integrantes de las Brigadas Internacionales de Paz (Pbi por sus siglas en inglés) organización internacional de derechos humanos, al ser cuestionados respecto al próximo aniversario de la Policía Comunitaria, aseguraron que existe un esfuerzo del estado por desaparecer el proyecto de la Policía Comunitaria “es algo incómodo para el estado, porque rompe con el marco jurídico que ha limitado la participación de los pueblos en la solución de sus propios problemas de seguridad” apuntaron también que este sistema de justicia se interpone en los planes de crear una policía con un mando único para todo el país.

Para los hermanos Cerezo quienes estuvieron más de siete años presos en la Ciudad de México acusados de delitos que no cometieron, cualquier expresión de la sociedad organizada es buena, ratificaron sentirse contentos de ver que jóvenes de la montaña están preocupados por la educación ligada a las necesidades de los pueblos, ratificando que deben seguir una cultura de
derechos humanos en caso de encontrar obstáculos en la realización de proyectos, para documentar cualquier violación a los derechos humanos.

Fuente: La jornada Guerrero