Organismos no gubernamentales defensores de los derechos humanos, nacionales e internacionales, condenaron la emboscada contra una caravana de paz en las inmediaciones de San Juan Copala, Oaxaca, que dejó un saldo de dos muertos y cinco desaparecidos, y exigieron la inmediata liberación de las rehenes y castigo para los responsables.
Durante la emboscada —perpetrada por un grupo paramilitar presuntamente protegido por el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz—, murieron la activista Alberta Beatriz Cariño, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y el finlandés Jyri Jakkola, quien se desempeñaba como observador internacional.
Desde Europa, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) condenó la masacre y dijo que la agresión del grupo paramilitar “confirma todo el escenario de violencia y violación a los derechos humanos” que documentó hace algunos meses durante una visita a la región.
“Tras ellos aumenta la exigencia de nuestro compromiso, como expresión de parte de la sociedad civil internacional, en la defensa y la vigilancia de los derechos humanos individuales y colectivos frente a estos abusos del poder contra las comunidades y las personas que luchan de forma legítima por mejores condiciones de vida y un mundo mejor para todos”, dijo la CCIODH.
Por su parte, la asociación Maya Uk’ux B’e, desde Guatemala, condenó también la emboscada y señaló que la muerte de los dos promotores de los derechos humanos se enmarca en la lucha de los pueblos indígenas y mestizos por su territorio ante el embate de las transnacionales en alianza con los ricos nacionales amparados desde los gobiernos estatales.
Estos grupos, denunció el organismo civil, “utilizan el asesinato, a través de las fuerzas represivas, y el sicariato, para intimidar al pueblo. Betty cariño y Jyri Antero Jakola, se suman a esta cantidad de muertes que provoca este sistema”.
En México, el Comité Cerezo de Derechos Humanos exigió que se realice una “investigación independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial” en torno a los hechos, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley.
Demandó revelar inmediatamente información sobre los hechos ocurridos el 27 de abril, y garantizar la salida y atención de los heridos, que aún se encuentran en el lugar de a emboscada, así como actuar de manera inmediata para atender de fondo la violencia que viven las comunidades triqui. (Se envió la Acción Urgente de la RTDT en la que participamos)
A su vez, el Frente Amplio Opositor a New Gold-Minera San Xavier, hizo un llamado urgente a todas las organizaciones solidarias “para que utilicen sus recursos y redes con el fin de exigir la inmediata presentación de los desaparecidos, así como una investigación seria que permita deslindar responsabilidades ante estos dolorosos acontecimientos, mismos que se vienen a sumar a la ya inconcebible lista de agravios y agresiones en contra de las organizaciones y activistas que han luchado en contra de los abusos del poder económico y político en las diferentes regiones de México”.
También han expresado su indignación por los hechos Natalia Salvatico, de la organización Campaña Agua y Sustentabilidad, Amigos de la Tierra de Argentina, así también Gabriel Rivas-Ducca, de Amigos de la Tierra Costa Rica.
Convergencia exige castigo
Por otra parte, el Partido Convergencia hizo un “llamado urgente” al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, “para que actúe con inequívoca determinación”, a fin de que el crimen y la impunidad dejen de imponer su ley en esa entidad.
“Exigimos investigación a fondo y castigo ejemplar a las bandas criminales que han sembrado el terror en Oaxaca”, demandó Convergencia por medio de un comunicado.
Convergencia calificó esta emboscada como un acto “cobarde y criminal”, cometida el martes pasado, en contra de civiles indefensos por un grupo armado.
“Este ataque artero… empeora el clima de inseguridad y violencia que tiene convertido al estado de Oaxaca, y a muchas otras partes del país, en territorio de asesinatos impunes”, destacó.
Fuente: Proceso