A siete años del encarcelamiento de los Cerezo, sus defensores continúan siendo hostigados

Durante el acto de recuerdo por los 7 años que los hermanos Cerezo llevan presos desde el 13 de agosto de 2001 en que fueron detenidos, torturados e inculpados de detonar unos petardos en una sucursal de Banamex, Paco Ignacio Taibo II, escritor y activista, recordó que "hasta la fecha no hay ninguna evidencia que sustente que los hermanos cerezo hayan incurrido en ningún tipo de acción [delictiva]; ergo, la suposición de que los hermanos Cerezo sean guerrilleros [hecha por el Estado mexicano] sólo parte de que en su casa se encontró propaganda".

Estos datos salen luego de que, gracias a la colaboración de los "Cerezos de afuera", como llama Taibo II a los hermanos libres, el escritor de novelas policiacas pudo revisar todo el expediente del caso en el cual encontró 75 incoherencias, lo cual es el mayor indicativo de la presunta construcción del caso inculpatorio por el cual se detuvo a los también estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México.

De entre las varias incoherencias y contradicciones encontradas resaltó que hay un testimonio dado por una "señora" no identificada, "la señora es una especie de ente metafísico como de los creados para las amañadas elecciones panistas", bromeó el escritor ante la falta de mayores datos sobre la testigo.

Además aclaró que de ser cierta la afirmación de que los hermanos Cerezo son militantes de un grupo guerrillero, "su vida guerrillera debió ser una vida guerrillera pinchisima, discúlpenme", ya que ambos hermanos eran estudiantes dedicados de tiempo completo, incluso uno de ellos llevaba dos carreras profesionales y poco tiempo le hubiera quedado para dedicar a la guerrilla.

A decir del Comité Cerezo México, Antonio y Héctor (y en su momento Alejandro Cerezo contreras y Pablo Alvarado Flores, también detenidos pero ahora en libertad), forman junto con otros presos políticos como Ignacio del Valle, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, y Flavio Sosa, de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca, y los cuando menos 23 presos políticos del calderonismo (Contralinea, segunda quincena junio de 2008), parte del ciclo de criminalización de la protesta social y de los defensores de derechos humanos.

Este ciclo se compone de los mexicanos y mexicanas que viven debajo de las líneas de pobreza alimentaria, pobreza de capacidades y pobreza de patrimonio, 19, 25.7 y 48.9 millones de hombres y mujeres respectivamente (casi 90 por ciento de la población), que al ser violentados por el Estado con el incumplimiento de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, recurren, cada vez con mayor frecuencia, a ejercer su derecho de protesta (parte de los derechos civiles y políticos) y frente a esta ebullición de conflictividad social el Estado construye un imaginario social basado en la inseguridad para legitimar ante la opinión pública y la misma sociedad mexicana la suspensión de los derechos humanos en pos de la seguridad.

Así, encuentran justificación y cierto grado de legitimidad las modificaciones a las leyes secundarias y nuestra constitución, como sucedió con la reciente reforma judicial, lo cual permite la criminalización de los y las defensoras de derechos humanos. La judicialización de las protestas y la sistemática violación a los derechos humanos de los luchadores sociales, como es el caso de los hermanos Cerezo, implican a gran escala una gradual descomposición del tejido social y el ciclo se reproduce de nueva cuenta, explica el Comité Cerezo en el documento "Criminalización de la protesta social".

Basado en la búsqueda de la justicia y la verdad histórica el Comité, dijo Francisco Cerezo Contreras, continuará sus trabajos de defensa de presos políticos y de conciencia, dijo en la conferencia dónde también mostraron su solidaridad Dolores González Sarabia, directora de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, y Miguel Ángel Concha Malo, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.