Abogados de varios de los procesados por este caso pidieron a la juez Isabel Porras Odriozola que autorice en los próximos días un careo entre Figueroa y Regino, a fin de que se determine si falsearon sus declaraciones. De entrada, el ex funcionario federal ratificó su declaración emitida el 10 de diciembre de 2004 ante la Procuraduría General de la República (PGR), en la que aseguró que Regino García era el encargado de salvaguardar la integridad física de los agentes federales linchados en San Juan Ixtayopan el pasado 23 de noviembre.
Además rechazó haber tenido conocimiento de que los agentes de la PFP que fueron agredidos por pobladores: Víctor Mireles y Cristóbal Bonilla, quienes murieron en el lugar, y Edgar Moreno, único sobreviviente, realizaran investigaciones relacionadas con actividades de narcomenudeo, secuestro y/o terrorismo. Ello, a pesar de que Gabriel Regino sostuvo ante el juzgado 17 de distrito que el almirante Figueroa le comunicó el día de los hechos que emitiría un boletín de prensa para informar que sus subordinados realizaban ese tipo de indagatorias.
Durante su comparencia efectuada hace dos semanas, Regino García aseguró que en una primera comunicación que tuvo con el ex comisionado de la PFP, entre las 19 y 20 horas, le informó que había tres agentes de esa corporación retenidos por pobladores de Ixtayopan.
Según el funcionario capitalino, Figueroa le dijo por teléfono, el día del linchamiento, que emitiría un comunicado para informar que los elementos de la PFP retenidos realizaban labores de investigación en la zona, específicamente sobre actividades de guerrilla de la familia Cerezo Contreras. Minutos más tarde, a decir de Regino, Figueroa le llamó para aclararle que el boletín sería en el sentido de que se investigaban cuestiones de narcomenudeo y secuestro de menores.
Ayer, la declaración del almirante fue completamente opuesta a la de Gabriel Regino. Dijo que ordenó, en cuanto se lo requirieron las autoridades capitalinas, una compañía compuesta por 132 elementos de la PFP, y descartó que sus subordinados hubieran realizado investigación sobre secuestro, narcomenudeo o terrorismo.
Otra contradicción evidenciada por Figueroa fue cuando declaró que en una de las comunicaciones telefónicas que sostuvo con Regino García, éste le indicó que los agentes federales estaban vivos, pero retenidos en la escuela Popol Vuh, y que su vida dependía de la negociación que Fausto Ayala, fiscal de la procuraduría capitalina en Tláhuac, realizaba con los pobladores.
Sin embargo, Ayala ha declarado en diversas ocasiones que no estuvo presente en el lugar de los hechos, y que la delegada de Tláhuac, Fátima Mena, fue quien intentó negociar la libertad de los agentes federales.
En tanto, Miguel Angel Cuesta, defensor de varios de los procesados por el caso, pidió a la PGR que los funcionarios y ex servidores públicos sobre los que pesa una averiguación previa por omisión en los hechos, sean consignados y se ejerza acción penal en su contra.
La Jornada