Ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos
Periodistas y defensores de derechos humanos —especialmente aquellos que critican a funcionarios públicos o exponen el trabajo de carteles delictivos— han sido víctimas de agresiones, persecución y vigilancia por parte de autoridades gubernamentales y de grupos delictivos.
México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas. Desde enero hasta septiembre de 2022, 15 periodistas fueron asesinados. En la primera mitad de 2022, Artículo 19 registró 331 amenazas, ataques u otras formas de agresión contra periodistas. Muchos periodistas recurren a la autocensura.
Es habitual que las autoridades no investiguen adecuadamente los delitos contra periodistas. Desde su creación en 2010 hasta septiembre de 2022, la fiscalía especial federal para la atención de delitos contra periodistas había iniciado 1,552 investigaciones y obtenido 32 sentencias condenatorias, incluyendo siete por homicidio. La gran mayoría de las sentencias se obtuvieron después del nombramiento, en 2017, del fiscal especial actual.
México es también uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de derechos humanos. En los primeros seis meses de 2022, 12 defensores de derechos humanos fueron asesinados, según indica la organización de derechos humanos Comité Cerezo. Al igual que en el caso de los periodistas, los hechos de violencia contra defensores de derechos humanos casi nunca se investigan adecuadamente ni se judicializan.
En 2012, el gobierno federal estableció el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que asigna escoltas, autos blindados y dispositivos de pánico, y ayuda a los beneficiarios a reubicarse temporalmente en respuesta a amenazas graves. El mecanismo carece de personal y de fondos suficientes, y tiene dificultades para coordinar con funcionarios estatales y locales, lo cual hace que, en algunas situaciones, no pueda cumplir con las necesidades de protección. Ocho periodistas y dos defensores de derechos humanos han sido asesinados bajo la protección del programa, siete de ellos desde que López Obrador asumió la presidencia.