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¿Suicidio o asesinato? El caso de Digna Ochoa y la disculpa de México 21 años después de su muerte

Viernes 21 de octubre de 2022, por Comité Cerezo México

La activista fue encontrada muerta en su domicilio con dos heridas de bala, aunque por décadas las autoridades negaron que hubiera sido víctima de un crimen violento.

La tarde del 19 de octubre de 2001, Digna Ochoa fue encontrada sin vida en su departamento en la colonia Roma, un barrio emblemático en la Ciudad de México. Después de 21 años de su muerte, el gobierno mexicano reconoció que la defensora de los derechos humanos no se había suicidado, como averiguaciones previas aseguraron por décadas, sino que fue asesinada.

«Ofrezco una disculpa pública a su familia porque el Estado mexicano no garantizó su acceso a la justicia. Ofrezco una disculpa pública por las fallas en la implementación de los protocolos especializados para la investigación de su caso; del debido proceso y las debidas diligencias», indicó Alejandro Encinas, encargado de la Subsecretaria por los Derechos Humanos, durante un evento celebrado el pasado miércoles.

El cambio en la postura del gobierno se deriva de una resolución emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en noviembre de 2021, que determinó que las autoridades mexicanas no mantuvieron los estándares ni los plazos correspondientes en las investigaciones del caso, además de que aplicaron estereotipos de género que obstaculizaron el proceso, dañando «la honra y la dignidad» de la defensora.

 Una activista destacada

Digna Ochoa y Plácido nació el 15 de mayo de 1964 en una pequeña comunidad de Veracruz, al sureste del país. Provenía de un hogar pobre. Su padre trabajaba como albañil para poder mantener a los 15 miembros de la familia.

A pesar de las adversidades, Ochoa pudo estudiar una licenciatura en Derecho en la Universidad del estado. Desde el inicio de su carrera, la abogada se inclinó por la defensa de los derechos humanos.

En 1988 se unió a un comité nacional, creado por el grupo opositor al gobierno, para promover el voto democrático. Sin embargo, ese mismo año, fue secuestrada y violada, crimenes por los que no encontraría apoyo en las autoridades, lo que la motivó a redirigir sus objetivos profesionales.

En 1989 la defensora comenzó a trabajar en la asociación civil, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (ProDH). Dos años después, se inscribió en un convento para perseguir una vida religiosa, combinando su labor como defensora, pero abandonó la institución en 1999 antes de hacer su voto definitivo.
Manifestantes reclamaban por el caso de Digna Ochoa. 29 de noviembre de 2010U78 / Legion-Media

Como abogada trabajó en la defensa de un grupo de más de 30 personas acusadas de incitar un acto en contra del entonces presidente, Ernesto Zedillo (1994-2000), así como en la masacre de «Aguas Blancas» (1995).

En la mayoría de los casos que defendió, elementos de la policía, el Ejército y el gobierno estaban involucrados, por lo que era constantemente perseguida y amenazada por sujetos desconocidos.

Entre 1995 y 2000, la activista presentó 13 amenazas de muerte ante las autoridades, pero las demandas nunca fueron investigadas, por lo que dejó de presentar denuncias con el paso del tiempo, a pesar de que nunca dejo de ser amedrentada.

En 1999, tras haber sido nuevamente secuestrada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al gobierno mexicano tomar medidas para proteger la vida de la abogada. Y aunque se le asignó una escolta, la mujer fue asesinada en su hogar dos años después.

 Una muerte polémica

El domingo 19 de octubre, alrededor de las 18:00 horas, Digna Ochoa fue encontrada sin vida por uno de sus compañeros de ProDH en la sala de su departamento en la calle Zacatecas de la colonia Roma, en la Ciudad de México. Le habían disparado en la sien y en su muslo izquierdo, mientras que en el derecho mostraba un hematoma. Cerca del cadáver se encontraba una arma calibre 22 y tres casquillos de bala.

Tras dar aviso a las autoridades, iniciaron las investigaciones persiguiendo tres hipótesis, entre ellas, el posible asesinato de la abogada por un miembro del Ejército. No obstante, en julio de 2003, la Procuraduría General de Justicia de la capital resolvió que la activista había cometido suicidio.

Las autoridades aseguraron que la salud mental de la abogada se había visto afectada por las amenazas que recibía, lo que habría conducido a su supuesto suicidio. Su familia, sin embargo, mostró evidencias de que la defensora no sufría de ningún padecimiento y que, en cambio, era constantemente vigilada y atacada.

En 2005, el caso fue reabierto, pero en 2008 se volvió a determinar que no había pruebas suficientes por homicidio, a pesar de que un año antes un campesino identificó al expresidente municipal de Petatlán en Guerrero, Rogaciano Alba, como el autor intelectual del crimen.

En 2010, se intentó volver a cambiar la resolución judicial, sin éxito alguno, y un año después se interpuso un recurso de amparo, que también fue rechazado.

Por décadas, la familia llevó el caso a diversas instituciones como la Comisión Nacional para los Derechos Humanos de la Ciudad de México. Finalmente en 2019, la Corte Interamericana exigió al Estado que el caso fuera reabierto y, en enero de 2022, declaró al gobierno como «responsable internacionalmente por las graves falencias» detectadas en el procedimiento del caso.

 La disculpa pública

El 19 de octubre de 2022, a 21 años del asesinato de Digna Ochoa, el gobierno de López Obrador reconoció públicamente que la abogada había sido asesinada, anunciando que se reabriría el caso para revisar los hechos.

«Reciban nuestra expresión de compromiso y solidaridad del Estado mexicano para reivindicar la memoria de Digna Ochoa y con ella defender un derecho humano fundamental: el derecho humano a defender los derechos humanos de todas las personas», declaró el subsecretario, Alejandro Encinas.

El funcionario también anunció que dos calles de la capital y del estado de Veracruz serían renombradas en honor de la abogada.

En el país, los atentados en contra de activistas continúan registrándose. De junio de 2021 a mayo de 2022, 28 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en el país, según un recuento de la organización Comité Cerezo México.


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