Durante primer año de AMLO, 17 activistas fueron ejecutados extrajudicialmente: informe

, por  Comité Cerezo México , popularidad : 1%

Chiapas, con cinco y Oaxaca, con cuatro, los estados más peligrosos para los defensores de derechos humanos
13 de diciembre de 2019

Diecisiete personas defensoras de derechos humanos fueron ejecutadas extrajudicialmente durante el primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que va de 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019, de acuerdo con un informe documentado del Comité Cerezo México.

Según la organización los asesinatos fueron cometidos por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que los activistas estaban realizando y los perpetradores fueron agentes de Estado, bajo la modalidad de “comisión” o “aquiescencia (autorización”, como lo define la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El informe coloca al estado de Chiapas como el más peligroso para los defensores con cinco ejecuciones extrajudiciales. Resalta que presidente municipal de Amatán, Manuel de Jesús Carpio Mayorga, fue desaforado y enfrenta un juicio penal en prisión por un doble homicidio, mientras que el alcalde de Arriaga, David Parada Vázquez, también fue desaforado y tiene una orden de aprehensión en su contra.

Le sigue Oaxaca, otro estado con mayoría de comunidades indígenas y gran riqueza natural, con cuatro ejecuciones. Guerrero y Veracruz se ubican en el tercer lugar con dos asesinatos cada uno. Morelos, Hidalgo, Estado de México y Baja California Sur, con un caso cada uno.

Resalta que en Veracruz los ataques fueron en contra de defensores y asesores de personas que buscan a desaparecidos, mientras que en Morelos, Hidalgo y Estado de México fueron ejecutados extrajudicialmente líderes y defensores de derechos humanos.

Chiapas y Veracruz tienen un gobierno emanado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena); en Oaxaca y Guerrero gobierna el PRI. El comité señala que no es casualidad que las entidades históricamente más reprimidas políticamente en los sexenios anteriores sean los mismos donde la ejecución extrajudicial sigue siendo mayor.

En cuanto al porcentaje de ejecuciones extrajudiciales en contra de personas defensoras de derechos humanos por sexo, en este periodo en el caso de las mujeres representan un 12% con dos víctimas, mientras que el resto, 15 víctimas hombres representan el 88% restante.

Señala que el 47% de las víctimas (8) fueron personas defensoras de derechos humanos que pertenecían a un pueblo indígena; en 41% son personas mestizas (7) y en dos casos, el Comité no pudo determinar, con base en la investigación, su pertenencia o no a una etnia.

En el caso del beneficiario de las ejecuciones extrajudiciales, el Comité pudo documentar un solo caso que beneficia directamente al gobierno federal, el del opositor al Proyecto Integral Morelos, Samir Flores, en febrero de 2019. En cuanto a beneficiarios a nivel estatal son seis casos y en el nivel municipal son los 10 restantes.

El Comité Cerezo México encontró que en sólo dos casos se identifica a agentes de la policía municipal como los perpetradores de las ejecuciones extrajudiciales, en seis casos el autor fue un grupo paramilitar y en el resto de los casos –nueve- se desconoce quién cometió la ejecución.

El organismo reconoce que la práctica de la ejecución judicial en la actual administración muestra una disminución significativa con respecto a la cifra de 41 casos durante el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, incluso la cifra es menor desde el año 2011, penúltimo año del sexenio de Felipe Calderón.

Finalmente, en un comunicado, el Comité Cerezo México exige al gobierno de López Obrador frenar los ataques y asesinatos de defensores de los derechos humanos.

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