Sistema Nacional de Búsqueda ¿Un nuevo compromiso con los desaparecidos?

Ciudad de México, 8 de febrero de 2019

La herida que arrastra este país desde la Guerra Sucia por sus desaparecidos no sólo no cicatrizó sino que se profundizó en los últimos sexenios; el plan que propone el nuevo gobierno para iniciar un proceso de búsqueda ha sido recibido con beneplácito por colectivos de familias y organizaciones de derechos humanos, aunque persisten preocupaciones y el escepticismo de lograr todas las metas, sobre todo la referente a romper con la simulación.

El pasado 4 de febrero el gobierno federal presentó su “Programa Nacional de Búsqueda y Localización de las personas desaparecidas forzadamente o a manos de particulares”; entre las varias acciones incluye la creación de políticas públicas, protocolos y leyes para investigar, prevenir y sancionar este delito así como la creación de un Instituto Forense para la identificación de restos, la instalación de Comisiones Locales y el nombramiento de quien encabezará la Comisión Nacional de Búsqueda (el órgano que determina, ejecuta y da seguimiento a las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en todo el territorio nacional).

Si en el papel la propuesta es bien recibida, la implementación es la que genera dudas pues “el nuevo gobierno se enfrenta a toda una institucionalización de la impunidad” heredada de los sexenios anteriores explica Héctor Cerezo, Coordinador del Área de Acompañamiento del Comité Cerezo México, organización defensora de derechos humanos y parte de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada.

Cerezo ejemplifica con las cifras: “toda la metodología -para el levantamiento de datos- fue realizada por los gobiernos de Calderón y Peña Nieto con el fin de ocultar la desaparición forzada” y ello marca una diferencia de fondo para afrontar esta crisis pues el gobierno de López Obrador se basa en esas estadísticas para afirmar que el problema principal es la desaparición a manos de particulares cuando, de acuerdo a la documentación de las organizaciones defensoras de derechos humanos, los casos de desaparición forzada (aquella cometida por autoridades o con la complicidad de ésta) ascienden a 3 mil de las 40 mil personas desaparecidas y no las 400 que registra la Secretaría de Gobernación: “ya es un problema eludir la crisis de las desapariciones forzadas y eso es muy preocupante porque ellos [el nuevo gobierno] no las cometieron, no tendrían porque estar ocultando esa característica de la desaparición forzada en México”.

Desde 2006 la desaparición forzada fue utilizada por el gobierno mexicano como una política en contra de la disidencia política y como política de disciplinamiento y control social de la población pobre, trabajadora y migrante, expuso en un comunicado la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzosa.

La parte más reconocida al gobierno federal es el diálogo sostenido con los familiares de las víctimas; sin embargo, la propuesta de crear una Comisión de la Verdad, aunque no del todo aceptada por el gobierno, no ha tenido ese nivel de consenso. Grace Fernández, vocera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, señala que “es necesario platicar de cómo se imaginan el concepto de justicia porque para nosotros no hay justicia si no hay verdad, sino hay castigo a los perpetradores y si no hay prevención” y agrega que “no se han involucrado porque aún existe discrepancia en el alcance, esa parte no ha sido trabajada por las familias pues estamos enfocadas en el sistema nacional de búsqueda”.

Cerezo relata que por parte del gobierno no ha habido una comunicación ni un diálogo con una parte de las organizaciones y de las víctimas, y alerta sobre “el riesgo de hacer Comisión de la Verdad sin legitimidad y sin el consenso de la gran mayoría de las organizaciones pues también será otro elefante blanco como la actual Comisión de Búsqueda” o que el gobierno deje pasar el tiempo y se diluya esta propuesta.

Quizá la reticencia a conformar una Comisión de la Verdad por parte del ejecutivo federal se debe a las implicaciones de su puesta en marcha, pues además señalamientos anteriores, si la Comisión cumple con su cometido de justicia y derecho a la verdad podrían evidenciar a altos funcionarios del gobierno actual. Cerezo explica que “ya está documentado por diversas organizaciones, que actualmente hay funcionarios que cometieron graves violaciones a derechos humanos y que están en funciones en el gobierno y eso va a medir qué tanta voluntad política tiene el nuevo gobierno para acabar con la impunidad porque necesariamente va a tocar funcionarios y estructuras del propio gobierno”.

Otro punto álgido es el tema de las Comisiones Locales de Búsqueda. “Para las familias es primordial la puesta en marcha del Sistema Nacional de Búsqueda y la colaboración entre estas instituciones es lo que nos pueda garantizar que pueda haber una búsqueda efectiva” detalla la vocera del Movimiento aunque enfatiza en la falta de confianza que tienen hacia las autoridades de todos los niveles aunque consideran “que no todas las personas en este país son malas sino que hay gente honesta que quiere trabajar” pero “el tema es que hay 20 estados que no han generado ni el decreto y no se les ven ganas”.

Y es enfática al remarcar que “la federación tiene que ver cómo incentiva [a los estados] a empezar la búsqueda de personas desaparecidas pues al ser un estado federado es quien tiene responsabilidad sobre lo que hacen y dejan de hacer los estados y no puede lavarse las manos”.

Por su parte el Coordinador de Acompañamiento del Comité Cerezo detalla que “desde hace más de 10 años familiares de víctimas de desaparición forzada han pugnado para que la federación atraiga los casos” y subraya que con la instalación de las Comisiones Locales los casos pueden ser devueltos a las Fiscalías Locales, una práctica que inició el gobierno de Peña Nieto en los últimos meses de su gobierno y que genera preocupación real en las familias pues en muchas de las desapariciones forzadas estaban involucradas autoridades locales, tanto estatales como municipales.

El tiempo juega en contra del nuevo gobierno, las expectativas son demasiado altas y las heridas profundas, 40 mil personas están desaparecidas, algunas desde la década de los sesenta.

“El tiempo no lo tienen a su favor porque la desaparición forzada es un delito continuo en el tiempo, y mientras no aparezcan las víctimas el nuevo gobierno se convierte en un Estado que al menos por omisión, se vuelve cómplice de la desaparición forzada”, recalca Cerezo.

Por su parte Fernández advierte: “Hay tantas cosas por hacer que si no empiezas a priorizar [como gobierno] no solamente te vas a desesperar tú porque no das resultados me voy a desesperar yo porque a pesar de lo que estoy trabajando contigo no hay resultados”.

Texto e investigación: Gisela Martínez