Registra 6 mil víctimas un sexenio de represión

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Los informes emitidos cada año por el Comité Cerezo, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos y la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada registraron un incremento extraordinario de víctimas.

  • Las detenciones arbitrarias contra activistas, presos políticos, ejecuciones y desapariciones

Arturo Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO (Apro).- El 1 de diciembre de 2012 las redadas para someter a las multitudes que protestaban por la toma de posesión de Enrique Peña Nieto marcaron el inicio de un periodo de represión contra movimientos sociales.

Todas las agresiones que suelen aplicarse a movimientos sociales y sus dirigentes y contra defensores de derechos humanos se usaron ese día en la Ciudad de México: se detuvo a un centenar de personas, 32 de esas detenciones quedaron plenamente acreditadas como arbitrariedades, 14 permanecieron presas y sujetas a proceso y hubo una veintena de heridos.

Uno de los heridos a la postre murió: Juan Francisco Kuykendall, hombre de teatro y militante de izquierda, salió ese día a protestar contra lo que consideraba el resultado de un fraude electoral cuando un objeto lanzado por los policías le perforó el cráneo. Junto a él estaba su compañero de teatro y causas, Teodulfo Torres, quien con su cámara captó el momento de la agresión.

Kuykendall permaneció en coma inducido. La pérdida de masa encefálica impidió que recuperara la conciencia. Murió el 25 de enero de 2014.

Impunidad

Torres, testigo de los hechos, fue llamado a declarar al Ministerio Público, que lo citó el 27 de marzo de 2013. Nunca llegó a la cita porque cinco días antes de la diligencia su nombre quedó inscrito en una base de datos como uno más de las decenas de miles de desaparecidos.

Las agresiones, detenciones arbitrarias, los presos políticos, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones crecieron a partir de ese día por todo el país, hasta acumular alrededor de seis mil víctimas.

Los informes emitidos cada año por el Comité Cerezo, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos y la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada registraron un incremento extraordinario de víctimas.

Además, identificaron cuáles eran los derechos que defendían y la mayoría de los casos se concentra en quienes protestaban contra la Reforma Educativa, ejercían el derecho a la manifestación o se articulaban en defensa del territorio.

Las violaciones a los derechos humanos cometidas contra dirigentes sociales, casi siempre en defensa o ejercicio de un derecho fundamental, tienen en primer lugar a quienes se oponían a la Reforma Educativa; en segundo, a los que protestaban contra alguna política gubernamental, y en tercer lugar a quienes se oponen a megaproyectos energéticos, mineros o de infraestructura, en defensa de sus tierras, territorios o recursos naturales.

Las víctimas de la represión peñanietista tuvieron como común denominador haberse opuesto a las reformas estructurales.

El hecho que marcó a la administración ocurrió en Guerrero: la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 desparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, la Normal de Ayotzinapa. Esa desaparición permanece irresuelta, y los perpetradores, impunes.

Lo ocurrido con los jóvenes disparó las estadísticas del gobierno de Enrique Peña Nieto, que para entonces ya sumaba, por año, más casos de represión que en el sexenio de Felipe Calderón. Éste, en todo su régimen, acumuló 55 desapariciones de dirigentes o miembros de movimientos sociales o defensores de derechos humanos en el contexto de algún conflicto; con el mexiquense, hasta mediados del presente año totalizaban 110.

El episodio más reciente es el del indígena Sergio Rivera Hernández, dirigente del Movimiento Agrario Indígena Zapatista, en Puebla, quien participaba en la oposición a la hidroeléctrica que pretende construirse en la zona Coyolapa-Atzala, en la Sierra Negra. Desapareció el pasado 23 de agosto.

A lo largo del sexenio, al menos 161 personas que se resistían a megaproyectos de infraestructura fueron asesinadas, la mayoría de ellas por agentes del Estado.

En los episodios más recientes, el 24 de octubre fue asesinado el indígena rarámuri Julián Carrillo, quien acababa de lograr que un tribunal agrario reconociera los derechos de tenencia de la tierra de esa etnia en el territorio Choreachi. Ya en 2016 habían asesinado a su hijo Víctor, y en marzo de 2017 a su sobrino Alberto Quiñones; el 30 de julio de ese año otro sobrino suyo, Guadalupe Carrillo, fue ultimado, y el más reciente caso fue el homicidio de su yerno, Francisco Chaparro, el pasado 1 de julio.

Un día después, el 25 de octubre, fue asesinado Noel Castillo Aguilar, en el contexto de una campaña de hostigamiento a los miembros de su organización, que se oponían al despojo de tierras para la instalación de hidroeléctricas y compañías mineras en la Costa de Oaxaca.

Al cierre de esta edición se sumaba el asesinato de Carlos Mayorga Guerrero, dirigente del Movimiento por la Paz en Amatán, Chiapas, por una disputa poselectoral.

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