La protesta social y la criminalización de la misma ha sido la única opción para la lucha social y una constante en el Gobierno saliente de Enrique Peña Nieto.
Pese al optimismo del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, en su último informe a la nación, las reiteradas manifestaciones, sólo en la Ciudad de México (capital) advierten sobre una realidad distinta.
Un informe publicado por el Comité Cerezo, devela que, de junio del 2017 a mayo del 2018, hubo en México 949 casos de violaciones de derechos humanos. Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, amenazas, hostigamiento y ataques físicos, contra personas que denuncian las reformas estructurales emprendidas por el Gobierno de Peña Nieto.
Desde el 2006, 3 mil 967 personas han sufrido detención arbitraria con el objetivo de interrumpir su defensa de los derechos humanos y 228 han sido ejecutados, según también señala el séptimo informe “Defender los Derechos Humanos en México: El Sexenio de la Impunidad”.
En la Ciudad de México, donde se concentran las oficinas gubernamentales e instancias judiciales, se registra un promedio de 26 protestas diarias, de acuerdo a un estudio del “Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social”.
Sara Morales Gallego, Ciudad de México.