Dos sexenios de militarización y la violencia aumenta

31 de julio de 2018

Cuando Felipe Calderón asumió la presidencia, en diciembre de 2006, el país tenía una tasa de 9.64 homicidios por cada 100 mil por habitantes, una tendencia que desde 1991 iba a la baja; sin embargo, 10 años después la ejecución de este delito se triplicó, en 2017 alcanzó la cifra histórica de 25.23 casos por cada 100 mil habitantes.

Bajo el eufemismo de “estrategia de seguridad”, el panista inició una “guerra contra el narcotráfico”, que en los hechos avaló el envío de cientos de elementos encargados de la defensa nacional a realizar actividades policíacas. En diversos momentos, organizaciones de la sociedad civil denunciaron los peligros que atañe el tener al ejército y marina en tareas del ámbito civil, incluidas las graves violaciones a los derechos humanos, ante la escalada de violencia y el alud de críticas y señalamientos, Calderón en 2010 tuvo que reconocer que los resultados de la estrategia no eran los esperados y pidió ayuda a la seguridad, de acuerdo a lo reportado por Expansión.

El abrupto ascenso de los homicidios fue un indicador de que la estrategia no sólo no estaba funcionando sino resultó contraproducente pues 2011 y 2012 fueron los peores años de ese sexenio en cuanto a número de homicidios; cuando Calderón entregó la banda presidencial a Peña Nieto, en 2012, el priísta recibió un país con altos índices de inseguridad y violencia y un abrupto aumento en los delitos de alto impacto como secuestro y homicidios, estos últimos acumulan 121,613 casos en los años 2007-2012.

Y aunque Peña Nieto se comprometió a disminuir la violencia, no sucedió así; los homicidios durante la administración saliente casi igualan a los de Calderón -a pesar de que falta concluir 2018-. Hasta el momento la cifra es de 119,568 casos, y con 2017 como el peor de los últimos 28 años, 31,174 muertos en todo el país.

Estas cifras se basan en las estadísticas preliminares, a nivel nacional y por entidad federativa, de los homicidios registrados en el país que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el pasado 30 de julio. El INEGI explica que los datos los recopila de las actas y certificados de defunción de las oficinas del Registro Civil y Servicios Médicos Forenses así como de las estadísticas que le entregan de las agencias del Ministerio Público, esta recopilación es de todas las oficinas que las señaladas dependencias tienen en todas las entidades de la república.

Las personas son asesinadas principalmente por arma de fuego, en 2017 constituyó el 64% de los casos, y de estos, en el mismo porcentaje (64%) los hechos sucedieron en calles o carreteras. Aunque la causa principal es la misma para ambos sexos, las mujeres además son asesinadas mediante ahorcamiento o ahogamiento, causa que ocupa el segundo lugar y que presenta una tendencia a la alza en términos históricos; en 2017 fue la segunda causa y en porcentaje equivale a tres veces más que al de los hombres asesinados de esa manera, la tercera fue por agresión con objeto cortante.

Ante este contexto de violencia, diversas organizaciones sociales y colectivos de familiares de víctimas miran con buenos ojos la propuesta del recién electo presidente López Obrador de cambiar radicalmente la estrategia de seguridad y la necesidad de una reconciliación nacional pero no sin que antes exista un proceso de justicia.

Una de estas organizaciones es el Comité Cerezo, que señala la necesidad de una Ley de Amnistía para los presos políticos y de conciencia que existen en el país y la creación de Comisiones de la Verdad, según expresó en una misiva enviada a AMLO y al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En el escrito, el Comité exhorta al nuevo gobierno a establecer Comisiones de la Verdad pues “No se puede hablar de verdad, justicia, memoria, reparación integral y medidas de no repetición si no se esclarecen los hechos, es decir, si no se conoce el paradero de las víctimas de desaparición forzada y los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos, paso indispensable para iniciar el proceso urgente de justicia.”, enfatizan en el señalado escrito.

De acuerdo con su propio recuento, la tendencia es igual que en los homicidios contra la población civil, pues se ejecutaron extrajudicialmente -es decir homicidios cometidos por agentes del Estado o bajo su aquiescencia- a 209 líderes sociales, periodistas y defensores de derechos humanos durante los sexenios de Calderón y Peña (sólo de este último llevan un recuento de 142 casos) también fue el 2017 el año con el mayor número de casos, 48, y de ellos 10 eran periodistas.

En 2013, el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la ONU, expresó su preocupación por los “inquietantes niveles de violencia y las ejecuciones extrajudiciales generalizadas y subrayó la impunidad la prevalencia de la impunidad de este delito” y emitió una serie de recomendaciones; sin embargo, en 2016 el Relator expresó que a pesar de los avances “México sigue afrontando diversas dificultades en relación con la protección del derecho a la vida. Los actos de violencia cometidos por agentes estatales y no estatales siguen afectando a la vida, en particular, de las personas vulnerables.” Hasta el momento el gobierno mexicano no ha aplicado la mayoría de las recomendaciones hechas por el Relator y las que fueron aceptadas sólo de manera parcial.

Si 2007 fue un año histórico para México, al ser el año con el menor número de homicidios de los últimos 28 años, el 2017 fue también histórico, sólo que por los altos niveles de violencia alcanzados.

Créditos:

Análisis: Daniel Gómez | Texto: Gisela Martínez