Epidemia de detenciones arbitrarias en México

"Me golpearon, me pusieron una bolsa de plástico [en la cabeza] y me dieron toques [eléctricos]". Continuos casos de privación ilegítima de libertad y trato inhumano hacen sonar las alarmas en organismos de derechos humanos.

Las detenciones arbitrarias en México se han convertido en epidemia: policías, militares, marinos y hasta agentes de migración privan de libertad, sin causa justificable, a jóvenes, mujeres, hombres, defensores de los derechos humanos y activistas sociales.

Amnistía Internacional alerta que esta ilegal práctica se ha vuelto cotidiana y suele ser el inicio de otras gravesy persistentes violaciones de los derechos humanos, como la tortura, lasdesapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales.

La situación es tan grave que hasta la oficialista Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha documentado estos abusos. En su recomendación 1/2017, por ejemplo, da cuenta de una detención arbitraria cometida por militares y marinos en el estado de Sinaloa. Durante los hechos, ocurridos el 14 de noviembre de 2014, los integrantes de la Defensa Nacional y la Marina incluso golpearon a los hijos de la víctima, menores de edad.

Otra recomendación que involucró a efectivos de la Secretaría de Marina es la 20/2017, en la que se indica que la víctima fue detenida el 9 de mayo de 2013 en su domicilio, ubicado en el estado de San Luis Potosí. Los marinos lo llevaron a una habitación, donde lo torturaron: "Me golpearon, me pusieron una bolsa de plástico [en la cabeza] y me dieron toques [eléctricos]", refiere el testimonio.

Ambos casos estaban relacionados con acusaciones de crimen organizado. Pero también abundan los arrestos por causas políticas y bajo cargos fabricados, alerta Amnistía Internacional en su informe Falsas sospechas. Detenciones arbitrarias por la policía en México.

Esta misma semana ocurrió un caso de este tipo: se trata de la detención que sufrió el medioambientalista Carlos Armando Olivares, miembro del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, campus Morelia, a manos de policías del estado de Michoacán.

Los hechos se produjeron el 10 de octubre durante el desalojo de una manifestación pacífica en Morelia, capital de ese estado. En esa oportunidad, el encarcelamiento ilegal duró unas horas, gracias a la presión social y al acompañamiento de organizaciones no gubernamentales, como Serapaz.

Pero no todos corren con la misma suerte. En el sureño estado de Chiapas, policías estatales detuvieron arbitrariamente a Rodolfo García Gómez, el 24 de septiembre. El activista estuvo preso hasta el 7 de octubre, y además fue sometido a actos de tortura, denunciaron sus compañeros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.

Sin ninguna prueba, el 28 de septiembre fue vinculado a un proceso judicial por homicidio calificado y por, supuestamente, cometer atentados contra la paz pública y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad, informó la organización Comité Cerezo.

Estos casos, incluidos los de Olivares y García, no son aislados: forman parte de una política criminal que ha permitido que decenas de personas sean privadas de su libertad ilegalmente, torturadas, violadas sexualmente y hasta ejecutadas.

Nancy Flores