Asesinatos de defensores indígenas atrae atención de la ONU

25 mayo, 2017 en Chiapas

El homicidio del activista tsotsil Guadalupe Huet Gómez, así como el de dos líderes wixáricas y de otros dirigentes de origen étnico acaecidos este año, evidencian la grave situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan los defensores indígenas

Julieth Rodríguez/Portavoz

El asesinato del activista tsotsil Guadalupe Huet Gómez, así como el de dos líderes wixáricas y de otros dirigentes de origen étnico acaecidos este año, evidencian la grave situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan los defensores indígenas, consideró la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

Ante este contexto, el organismo internacional condenó los crímenes y reiteró su llamado a las autoridades mexicanas para que lleven a cabo las investigaciones de forma exhaustiva, diligente e imparcial en aras de encontrar a los responsables materiales e intelectuales de los homicidios; así como que aseguren que estos casos no queden en la impunidad.

“Los asesinatos de estos defensores indígenas ponen de manifiesto el actual contexto de violencia al que se enfrentan las y los defensores de derechos humanos en México, particularmente defensores indígenas y líderes comunitarios”, afirmó Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de ONU-DH.

“Este año hemos conocido otros casos que demuestran la grave situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan los defensores indígenas, incluyendo los asesinatos de los líderes rarámuris Juan Ontiveros e Isidro Baldenegro a inicios del año o las muertes violentas que ocurrieron en la comunidad de Arantepecua, Michoacán, el día 5 de abril de 2017”, agregó mediante comunicado de prensa.

Las historias

Guadalupe Huet Gómez se une a una larga lista de líderes indígenas y activistas asesinados, como el de Luis Hernández Cruz y Juan Carlos Jiménez Velasco, ambos de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos(CIOAC); Manuel López Pérez, de Las Abejas; y Juan Vázquez Guzmán, adherente a “La Otra Campaña”.

Según informó la misma ONU, Huet Gómez —asesinado en las primeras horas del 22 de mayo, en la comunidad de Cruzton del municipio de Venustiano Carranza—, trabajaba en la defensa de la tierra, así como por el respeto de los usos y costumbres.

Respecto a las circunstancias que rodearon su muerte, la organización refirió que fue tras un ataque con armas de fuego perpetrado por un grupo criminal que opera en la zona; lo abatieron al interior de un cementerio que protegía de saqueos y robos.

Le antecede a su muerte, la de Hernández Cruz, sucedida a principios del mes. De acuerdo con la versión que rindieron los familiares a diferentes medios de comunicación, a las 6:00 de la tarde del jueves, el líder social bajaba de su camioneta al llegar a su casa ubicada en Comitán, cuando sujetos armados accionaron sus armas contra él.

El indígena tojolabal que había sido exdiputado federal perredista había sido amenazado de muerte en ocasiones anteriores y habían intentado matarlo varias veces; los incidentes se denunciaron ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado e incluso se aportaron pruebas, sin que se haya girado alguna instrucción para su salvaguarda.

Tras su homicidio, la organización a la que pertenecía emitió un boletín en el que aseguró: “La muerte de nuestro compañero Luis Hernández Cruz se suma al clima de violencia e inseguridad que se viven en Chiapas y es resultado de la indolencia, frivolidad y falta de interés por parte del Partido Verde, por propiciar un ambiente de ingobernabilidad en detrimento de las garantías individuales y sociales, tal como lo mandata la Constitución y las leyes, que el gobernador en turno protestó cumplir en el año de 2012”.

Otro líder cioacista fue privado de la vida dos meses antes: Juan Carlos Jiménez Velasco, de 35 años de edad. Las fuentes oficiales señalaron que hallaron su cuerpo con impactos de bala, al interior de un Volkswagen que usaba en la prolongación de la calle Francisco León, en San Cristóbal de Las Casas. Además, era hijo de Mariano Jiménez Gómez, exalcalde del municipio indígena de Pantelhó.

El móvil del crimen contra el también profesor opositor a la Reforma Educativa, tendría que ver con la disputa de terrenos invadidos desde hace más de tres años en el antiguo Instituto Nacional Indigenista, según información de La Jornada.

Manuel López Pérez fue un activista de la organización pacifista Las Abejas de Acteal, que fue asesinado en junio de 2015, por un grupo armado de aproximadamente siete hombres. La organización a la que pertenecía explicó mediante comunicado que vivía desde 2013 como desplazado en la comunidad San José Bochtik, junto con su esposa y cuatro hijos.

Uno de ellos lo acompañaba a bordo de un colectivo, cuando ocurrió el crimen, cerca de las 10:00 horas de ese día; no obstante, señalaron, el levantamiento del cuerpo ocurrió ocho horas después así que acusaron a las autoridades locales de Pantelhó de estar coludido en el homicidio y de modificar la escena.

Juan Vázquez Guzmán, exsecretario general de los adherentes a “La Otra Campaña” del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), fue asesinado en abril de 2013, en el ejido San Sebastián Bachajón (Chilón).

De acuerdo con información del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Vázquez fue un activista que participó ampliamente en la recuperación de la caseta de cobro de la Reserva Especial de la Biósfera Cascadas de Agua Azul “en defensa de la tierra y el territorio ante el despojo gubernamental”.

Su homicidio ocurrió cuando llegaba a su domicilio; los agresores que no fueron identificados escaparon en una camioneta roja de doble cabina con rumbo a Sitalá. Dos años antes, el activista había sido detenido por policías de manera arbitraria, según denunciaron sus compañeros indígenas simpatizantes del EZLN.

Labor riesgosa

Hace dos meses, las organizaciones no gubernamentales Greenpeace y Global Witness denunciaron que en los últimos dos años fueron asesinados 340 activistas en países en vías de desarrollo, lo que equivale a una muerte cada dos días. Ese número era 59 por ciento superior a la cifra que se presentó en 2014.

La portavoz de Global Witness, Laura Furones, detalló que de esos casos documentados, el 40 por ciento correspondía a personas indígenas que defendían sus tierras ante proyectos de explotación de recursos naturales e industrias extractivas como la minería, hidroeléctricas, presas y fracturación hidraúlica. Global Witness admitió que algunos de los crímenes se cometían en complicidad con las autoridades del estado.

El año pasado, Francisco Cerezo, coordinador del comité “Cerezo” —una organización de defensa de los Derechos Humanos— informó que Chiapas, junto con Oaxaca, Guerrero y Veracruz concentraron la mayor parte de los asesinatos de activistas acaecidos en 2015. “Históricamente son donde más ejecutan no sólo personas, sino defensores de derechos humanos”, dijo para El Excelsior.

Oxfam (confederación internacional formada por 17 organizaciones no gubernamentales) declaró que el 2015 fue un año sin precedentes en América Latina en materia de asesinatos.

Acerca del panorama, ambos activistas coincidieron en que las agresiones contra defensores de la tierra, recursos naturales y derechos humanos en el país y en América Latina es una situación que se agrava.