De nueva cuenta, el Ejército mexicano

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Asimismo, organizaciones de defensa de los derechos humanos, nacionales e internacionales, como Amnistía Internacional, el Comité Cerezo y Human Rights Watch han documentado cómo la militarización del país, bajo la premisa de una guerra contra el narcotráfico, ha servido para que las fuerzas militares, tanto de la Sedena como de la Secretaría de Marina, desaparezcan de manera forzada y ejecuten extrajudicialmente a civiles.

Jueves, Mayo 11, 2017 - 14:47 Oscar Barrera Sánchez

Violación sistemática de los derechos humanos por el ejército

El video difundido por diario poblano, Cambio, en el cual se muestra a un soldado del Ejército mexicano asesinando a un civil herido, desarmado y sometido, en la comunidad de Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, Puebla, el pasado 3 de mayo, muestra la política de Estado del gobierno mexicano: violación sistemática de los derechos humanos. La violación de los derechos humanos se ha convertido en el vehículo de las autoridades gubernamentales para establecer el orden y la paz social. Sin embargo, el gobierno federal, así como a las fuerzas policiacas de las entidades federativas (en este caso las del Estado de Puebla) han tomado como estandarte dar la muerte a todos aquellos que violan leyes que sólo representan los intereses del gran capital y de algunos políticos que han actuado en complicidad durante años, en la venta de hidrocarburos en el país. Los abatimientos y las ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército mexicano reflejan a quién sirven las instituciones castrenses y no es la ciudadanía, al pueblo de México.

Casos como los ocurridos en Tlatlaya, donde según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), militares ejecutaron a 15 de los 22 muertos hallados en el suelo de la bodega en San Pedro Limón, Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014. En esa ocasión, la CNDH emitió la recomendación 51/2014 para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, por el caso. En ella, detalla cómo sucedieron los hechos la madrugada del pasado 30 de junio, después de haber reunido evidencias, documentos y entrevistado a víctimas y testigos. Las investigaciones comprobaron que la escena del crimen fue alterada “con la intención, muy probablemente, de simular que las muertes habían ocurrido en un contexto de enfrentamiento”.

De igual modo, el Ejército mexicano, en los últimos años, se ha visto involucrado en los casos como el asesinato, lesiones y desaparición de estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero en septiembre de 2014. Los militares del 27 Batallón de Infantería, videograbaron las agresiones sufridas por los estudiantes normalistas, ocultaron información y, presuntamente, desaparecieron a los normalistas.

Además, el 19 de julio de 2015, soldados del 65 Batallón de Infantería dispararon contra civiles en Aquila, Santa María Ostula, Michoacán, provocando la muerte de un niño y lesiones en al menos 10 personas, según consta en la recomendación 65/2016, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Secretaría de la Defensa Nacional y al gobernador de la entidad, Silvano Aureoles Conejo. El organismo señaló que en Ixtapilla, 15 militares hicieron uso ilegítimo de armas letales y violaron “el derecho a la integridad personal en agravio de seis personas y a la vida en agravio de un niño”. Además, dijo que de las tres autoridades que participaron en los hechos, sólo la Sedena “reportó baja de cartuchos en el armamento que portaba su personal, los cuales se emplearon en Ixtapilla y en Xayakalán”.

Asimismo, organizaciones de defensa de los derechos humanos, nacionales e internacionales, como Amnistía Internacional, el Comité Cerezo y Human Rights Watch han documentado cómo la militarización del país, bajo la premisa de una guerra contra el narcotráfico, ha servido para que las fuerzas militares, tanto de la Sedena como de la Secretaría de Marina, desaparezcan de manera forzada y ejecuten extrajudicialmente a civiles. Los ladrones de combustible deben pagar por su delito, pero no deben violarse sus derechos fundamentales y, mucho menos, privarles de la vida.

De nueva cuenta, el Ejército mexicano se ve envuelto en acciones que dañan la dignidad de la ciudadanía, los derechos humanos y el tejido social. Ahora, las altas esferas militares no podrán negar los acontecimientos, cuando las pruebas son fehacientes y, esperemos, que no sólo acepten la segura recomendación, sino que actúen de manera justa y no permitan, como en la mayor parte de las ocasiones anteriores, la impunidad para sus miembros.

Picaporte

En el Estado de México, policías estatales detienen, los fines de semana, a vehículos que transitan en la Carretera Xochimilco-Oaxtepec, cerca de Juchitepec, a la altura de la entrada de la Carretera CICS-UMA Instituto Politécnico Nacional, en el kilómetro 39.5. Los supuestos policías (ya que nunca se identifican y algunos portan uniforme y otros no lo hacen), solicitan la licencia de conducir, tarjeta de circulación y póliza original del seguro del vehículo, de faltar algún documento amenazan con enviar al corralón, a menos que “den el servicio”, es decir, que por $1000 pesos, los policías lo liberen de cualquier “supuesta” responsabilidad. Ellos no muestran identificación, tampoco portan el reglamento de tránsito y la zona no cuenta con señal telefónica, lo cual es usado por los oficiales para abusar de la situación que ellos mismos crearon.

El gobierno municipal de Alejandro Martínez Rueda y el estatal, a cargo de Eruviel Ávila, deben dar la cara para aclarar si es un operativo legítimo o es una actividad extra, de los fines de semana, puentes o periodos vacacionales (que es cuando está el supuesto operativo), de los policías para sacar “una lanita más”; si es un “entre” que deben cumplir los oficiales policiacos con sus mandos, o es la cuota para financiar la campaña electoral del candidato priista a la gubernatura del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza.

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