Garantiza impunidad dictamen de Ley contra Desaparición Forzada en México: Campaña nacional de víctimas

Ciudad de México I Desinformémonos. Las organizaciones sociales que son parte de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México no avalan el Dictamen de Ley General contra la desaparición forzada que discute el Senado de la República porque la consideran insuficiente: no cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos ni con las necesidades de los familiares de las víctimas.

En un comunicado emitido el 27 de abril, la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México hace varias observaciones al dictamen y comenta que el Estado mexicano incorporó a su dictamen exigencias de las víctimas que no son el centro de su propuesta y muchas de las exigencias las redujo a su mínima expresión para no ser obligado a prevenir y erradicar las desapariciones forzadas que en México se dan por miles.

Entre las principales observaciones al dictamen, las organizaciones integrantes de la Campaña Nacional señalan que el Estado mexicano se negó a establecer la responsabilidad de los superiores jerárquicos como lo establece la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada, lo cual significa garantizar la impunidad a los responsables intelectuales.

A continuación el texto completo del comunicado emitido hoy por la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México

No avalamos una Ley General contra la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares que no cumple con los estándares internacionales y se burla de las víctimas

Como Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México, en lo general, no avalamos el Dictamen de Ley General contra la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares que se está discutiendo en el Senado de la República porque es insuficiente, porque se queda corto ante la gravedad de las desapariciones en el país y porque no cumple, de manera general, con los estándares internaciones en materia de derechos humanos ni con las exigencias de las organizaciones de víctimas, de derechos humanos y populares agrupadas en la Campaña y de miles de familiares de víctimas en todo el país.

Como Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México reconocemos pequeños avances en la Ley General producto de la constante lucha de diversas organizaciones de víctimas y no de la voluntad política del gobierno, quien nos obliga a denunciar que el espíritu general de la Ley General no corresponde a las exigencias y expectativas de las víctimas.

Durante casi dos años hemos sido testigos de la simulación de diálogo por parte del Gobierno Federal y, durante décadas, de la falta de voluntad política para erradicar las desapariciones forzadas en el país. Ejemplo de ello es que mientras el Gobierno Federal simula el diálogo con diversas organizaciones de víctimas y de derechos humanos, las cifras de desapariciones forzadas se han venido incrementando año con año.

La estrategia del Gobierno Federal, desde un inicio, fue desgastar, tratar de dividir y engañar con falsas promesas a las familias y organizaciones que han venido exigiendo la Ley General. Ante ello, en todos los espacios en los que como Campaña logramos estar presentes, conjuntamente con diversas organizaciones de víctimas y de derechos humanos, dimos la lucha para llevar ante el Gobierno Federal las exigencias de miles de víctimas de desaparición forzada que desde la década de los años sesenta han mantenido la demanda de Justicia y Verdad, intentar menos que eso sería como arrancarle el corazón a quienes han dejado todo por encontrar a sus hijos, a sus familiares.

El dictamen de Ley General que está siendo discutido hoy (26 de abril de 2017) en Comisiones significa un grave retroceso respecto a la propuesta de Ley General que elaboramos las organizaciones agrupadas en la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México entregada al Senado de la República en septiembre del 2015 y en la Cámara de Diputados en septiembre del 2016, y también significa un grave retroceso respecto a los mínimos propuestos por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.

El Estado mexicano tuvo la oportunidad histórica de dotar al país de un marco jurídico acorde a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y, con ello, dar los primeros pasos para garantizar Verdad, Justicia, Memoria, Reparación integral del daño y Medidas de no repetición, no obstante lo que se presenta en el dictamen de Ley General es una caricatura de lo que realmente necesita hacer el Estado mexicano para erradicar las desapariciones forzadas. Un ejemplo de ello es la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda que en realidad ni es nacional ni tiene las capacidades para buscar.

El Estado mexicano incorporó a su dictamen aquellas exigencias de las víctimas que no tocan el centro de su propuesta y muchas de las exigencias las modificó y redujo para que no lo obligaran a prevenir y erradicar las desapariciones forzadas, las cuales se presentan en el país de manera generalizada y sistemática.

La lucha por contar con un marco jurídico que prevenga y erradique las desapariciones forzadas no se agota con la promulgación de una Ley General que no cumple de manera general con los estándares internacionales ni con las exigencias de las víctimas. Tomaremos y haremos valer lo poco ganado en el marco jurídico nacional y seguiremos luchando por presentación con vida de todas la víctimas de desaparición forzada, por el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales y para que un día el pueblo mexicano logre tener un gobierno que no tenga como política de Estado el desaparecer a su propia gente.

Como Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México, de manera general, NO AVALAMOS el dictamen de Ley General contra la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares por lo siguiente:

1.- Bajo el pretexto de que para activar la Búsqueda inmediata y no caer en actos de incongruencia legal, el Estado mexicano deja en el Dictamen el término persona No Localizada. Este término se utiliza también para nombrar el “nuevo registro” de Personas Desaparecidas, el cual llevará el nombre de Registro Nacional de Persona Desaparecidas y No Localizadas. Con lo cual se demuestra que el Estado mexicano, bajo el argumento de “buscar” a todas las personas desaparecidas, oculta intencionalmente la práctica de la Desaparición Forzada que de manera sistemática y generalizada realizan sus propios funcionarios. Además no crea un registro que responda a la naturaleza y especificidad de la desaparición forzada.

2.- Para poder garantizar impunidad a los responsables intelectuales de cometer desapariciones forzadas, el Estado mexicano se negó a establecer la responsabilidad de los superiores jerárquicos como lo mandata la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada en su Artículo 6; aun a sabiendas de que esto le traerá como consecuencia graves llamamientos y recomendaciones de las instancias internacionales.

3.- Respecto a la creación de instancias eficaces para la Búsqueda, se eliminó la instancia encargada de realizar la Búsqueda inmediata y permanente de las víctimas de desaparición forzada. Eliminaron también establecer, dentro de los mínimos aceptables, el acceso a todos los lugares de probable detención de las víctimas incluidos campos militares y lugares clandestinos. En su lugar se crea una Comisión Nacional, que no es nacional y que no posee atribuciones ni herramientas necesarias para hacer la búsqueda adecuada en campo.

4.-A pesar de que en varias partes de la Ley se reconoce la necesidad de contar con un órgano que realmente sirva para la investigación forense, bajo el alegato de no contar con recursos suficientes, el Estado mexicano se niega a crear un Instituto Autónomo de Ciencias Forenses, y sólo crea una figura llamada Banco Nacional de Datos Forenses, que solamente agrupará Bases de Datos, que serán alimentadas por los mismos peritos dependientes de las Procuradurías, de esas mismas Procuradurías que no investigan y que hacen lo imposible para que los familiares de las víctimas no denuncien.

5.-El Estado mexicano reconoce que las desapariciones forzadas en México de la época de la “guerra sucia” deben ser investigadas, pero no crea una instancia de búsqueda inmediata, es decir, la Ley General no contempla encontrar a las víctimas de desaparición forzada, pese a que la desaparición forzada es un delito continuo.

6.- Como ha sido una constante durante más de cincuenta años, y más aún durante este sexenio, el Estado mexicano se negó a integrar cualquier artículo donde se hiciera alusión a la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, lo que garantiza la imposibilidad de que éstas sean juzgadas bajo su propia jurisdicción.

7.- La Ley General no contempla la reclasificación de los delitos, lo cual seguirá dejando a todos los casos que no son investigados como desapariciones forzadas o desapariciones cometidas por particulares sin la posibilidad de exigir que se clasifiquen adecuadamente al momento de entrada en vigor de la Ley.

8.- Como se ha visto hasta ahora, la Ley General de Víctimas ha sido un mecanismo eficaz para desmovilizar a los familiares de las víctimas, y la Ley General contra la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares hace referencia en todo momento a la Ley General de Víctimas para cualquier petición de búsqueda e identificación de peritos independientes que puedan llegar a solicitar los Familiares.

Por todo lo anterior, como Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México, en general, NO AVALAMOS LA LEY GENERAL CONTRA DESAPARICIÓN FORZADA Y DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES que está por ser aprobada en Comisiones. De ser aprobada esta Ley General, se seguirá perpetuando la impunidad y el Estado mexicano continuará sin garantizar a las víctimas, familiares y sociedad en su conjunto los derechos de MEMORIA, VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN.

Como lo hemos hecho desde hace ya casi siete años, continuaremos con la exigencia y la lucha por la presentación con vida de cada una de las víctimas de desaparición forzada en México. Seguiremos buscando que se castigue a cada uno de los responsables materiales e intelectuales sin importar su jerarquía en la estructura del Estado mexicano.

Por último, hacemos un llamado a las víctimas de desaparición forzada a pronunciarse en contra de una Ley General que generará más impunidad, respetamos el esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil que están avalando la Ley General, pero recordemos que una Ley General sin corazón, sin búsqueda, sin justicia y sin verdad, reduce las exigencias históricas de las víctimas de la desaparición forzada y sus familiares a un autoengaño

Presentación con vida de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, las indígenas triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, el defensor de derechos humanos Francisco Paredes Ruiz, el indígena chatino Lauro Juárez, el profesor Carlos Rene Román Salazar, los activistas Teódulfo Torres Soriano, Gabriel Gómez Caña, Fidencio Gómez Sántiz, los 43 normalistas de Ayotzinapa y las más de 30 mil víctimas de desaparición forzada en México.

Atentamente

Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, Comité Cerezo México, Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero, Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A.C, Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y sierra Oriental (CODHHSO), Comité Independiente de Derechos Humanos de Puebla, Red de Defensa de los Derechos Humanos, Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, desaparecidos y asesinados en Guerrero, Taller de Desarrollo Comunitario A.C., Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Brigada Multidisciplinaria, Ajusco Radio y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM)