Exigen que contemple a las víctimas y sancione a los responsables
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ELIANA GILET
El documento lleva el extenso nombre de “Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y reparar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de personas cometida por particulares” y fue entregado en el mediodía del martes 13 de setiembre a la senadora Layda Sansores, encargada de la comisión de derechos humanos de la cámara alta. Ella hará la tarea de elevarlo al pleno.
No es el primer proyecto que está en danza y eso es importante. Lo que reclaman sus impulsores es que la ley que se sancione sea elaborada “desde, por y en conjunto con las víctimas”. El Comité Cerezo es una de las organizaciones que integra la Campaña y que respalda el proyecto. Es la tercer caminata que realizan frente al Senado, explica Héctor: la primera fue en 2010, cuando empezaron a demandar legislación al respecto, la segunda fue en 2015, cuando entegaron su proyecto a Diputados y la tercera fue esta.
Hay cuatro puntos clave que la Ley General debe contemplar:
- una tipificación correcta del delito de desaparición forzada, siguiendo lo establecido en la legislación internacional
- un mecanismo claro de búsqueda de los desaparecidos y sanción de los responsables de lo sucedido
- la creación de un instituto nacional forense, que sea autónomo del gobierno pero que cuente con financiamiento público para la creación y gestión de un banco nacional de adn y del registro de la información genética obtenida de los cuerpos hallados en fosas comunes.
- la asignación acorde de recursos para que la ley funcione
“Sin asignación de recursos públicos, no va a poder hacerse nada. Hasta ahora, las propuestas del gobierno refieren a que los encargados de aplicar la Ley General serían las fiscalías ya creadas dentro de la estructura judicial actual, algo que rechazamos porque siempre han sido ineficaces”, dijo Héctor Cerezo.
Integrantes del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” y del Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero, así como del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) forman también parte de la Campaña y se manifestaron apoyando el proyecto de ley formulado.
Explicaron que aún no existe en México un marco jurídico adecuado que corresponda con la tipificación internacional que se hace del delito, y que a su vez, sea el que guié una metodología clara para que las fiscalías puedan distinguir en qué situaciones se está frente a un caso de desaparición forzada y a uno en manos de particulares.
En lo que están de acuerdo los impulsores es que por acción o por omisión el Estado siempre es responsable de este delito, que hoy sólo persigue en caso de que exista una denuncia ante el Ministerio Público.
“Sabemos que la mayoría de los casos de desaparición no se denuncian, porque las personas sienten que de hacerlo, su vida y su integridad física están en riesgo. El Estado no ofrece ningún tipo de protección a los denunciantes. Lo que planteamos es que al estar notificado por cualquier medio de lo que sucede, no debe esperarse a que exista una denuncia formal, sino que el Estado debe activar de forma inmediata un protocolo de búsqueda eficiente”
Los integrantes de esta Campaña, a diferencia de otros grupos de familiares de desaparecidos, insisten en que la sanción es el elemento clave de la no repetición. “Incluimos los casos de la guerra sucia que han quedado impunes, una cantidad de crímenes en contra del movimiento popular. Entendemos la sanción como prevención y hoy eso no sucede ya que en el 98% de los casos de desaparición forzada reina la impunidad”
Lo que dicen es que una ley no es suficiente para parar lo que sucede, pero sí es un elemento indispensable.