Con EPN, ejecuciones extrajudiciales de activistas a la alza: Comité Cerezo

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Abril 14, 2016 / Por Norma Trujillo Báez

La represión contra los defensores de derechos humanos se ha recrudecido en el país, con Felipe Calderón hubo 56 desaparecidos, mientras que en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto suman 90 activistas, además, la estrategia de Estado con el panista pasó "del preso político a la desaparición forzada", pero con Peña Nieto se agrega a éstas "la ejecución extrajudicial", refirió Héctor Cerezo Contreras, de la organización Comité Cerezo, y agregó que en Veracruz las trasnacionales que perforan pozos en el norte del estado han contratado empresas de seguridad privada que son potenciales grupos de choque contra las comunidades defensoras de los recursos naturales y de sus tierras.

Héctor Cerezo fue preso de conciencia, su historia de injusta reclusión inicia en el Distrito Federal después de la explosión de tres petardos de fabricación casera en bancos de Banamex el 8 de agosto de 2001, fue liberado en 2009. Desde entonces Héctor y sus hermanos, Alejandro y Antonio, se han dedicado a la defensa de los derechos humanos.

Desde el Comité Cerezo documentan hechos, dan acompañamiento a familias de detenidos, dan talleres de protección y asesoría a los defensores de derechos humanos, lo que les ha llevado a recibir premios internacionales, como el otorgado en Alemania, el Premio de la Paz de Aquisgrán 2012.

En entrevista, Héctor Cerezo afirma que "hay variaciones en la modalidad represiva", pues antes era una constante los presos políticos, de conciencia, presos injustamente asociados por motivos políticos y personas amenazadas u hostigadas por el Estado y hoy hay desaparecidos.

–¿Podría pensarse que cambiaron las prácticas de represión por parte de los gobiernos contra defensores de derechos humanos, ya que antes se veían más presos políticos?

–En el 2006 había muchos casos de prisioneros por motivos políticos y detenciones arbitrarias por motivos políticos y empieza a bajar, hasta 2011 la cantidad de prisión por motivos políticos empieza a bajar, pero a la par de ello, la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada subió. A partir del 2006 que inicia la estrategia de lucha contra el narcotráfico de Felipe Calderón, la desaparición forzada y a manos de particulares en México se incrementa potencialmente, afectando no solamente a periodistas, luchadores sociales, migrantes, mujeres, jóvenes sin ninguna participación política, pero que son llevados, sustraídos y desaparecidos.

Cuando entra Peña Nieto a la presidencia no hay ningún cambio sustantivo en cuestiones de seguridad. Incluso se han incrementado en estos tres años los casos de desaparición forzada en el país y particularmente hemos documentado desaparición forzada en contra de defensores y defensoras de derechos humanos y en lo que va de los tres años, hay más desapariciones forzadas, que todo el sexenio de Calderón, porque con él hubo 56 personas defensoras de derechos humanos víctimas de desaparición forzada, documentadas, comprobadas y en el sexenio de Peña Nieto, aproximadamente van 90 casos.

A partir del año 2012-2013 ya muy marcadamente, la tendencia de desaparición forzada y ejecución extrajudicial se mantiene a la alza y también vuelve a repuntar los presos por cuestiones políticas. Es más grave porque están utilizando la modalidad de ejecución, de desaparición, de prisión política y detenciones arbitrarias y agresión a periodistas y defensores de derechos humanos.

–De estas desapariciones forzadas en contra de defensores de derechos humanos, ¿por quién son ejecutadas, se llega a saber? –se le preguntó.

–No sólo se incrementa la desaparición forzada, la típica, la clásica en contra de luchadores sociales, sino, sobre todo, esa práctica de desaparición es ordenada por funcionarios o gente del Estado o por particulares con el consentimiento, con la complacencia de funcionarios del Estado. Es lo que más se está dando, los grupos del crimen organizado que tienen la autorización del Estado mexicano para desaparecer. Es lo que se está dando en la mayor parte del país.

Con datos de los informes que el Comité Cerezo ha realizado, indicó: "la desaparición hay vivido diferentes etapas, primero era Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, luego Veracruz, Guerrero, Chiapas, Michoacán. Lo que estamos diciendo organizaciones civiles junto con el alto Comisionado de la ONU es que la desaparición en México es una práctica generalizada, que en la mayoría de los estados de la República podemos encontrar casos de desaparición forzada y desaparición a manos de particulares.

En más de la mitad de los estados de la República hay colectivos, hay organizaciones de familiares que están buscando a sus desaparecidos y desaparecidas, es preocupante que hasta la fecha a pesar de la promesa del gobierno federal no hay un marco jurídico que proteja en caso de desaparición y que se esté incrementando.

En su conjunto lo que nos indica que hay una estrategia estatal en tratar de acallar, reprimir, detener expresiones del movimiento civil organizado, pero también de la sociedad no organizada, que tal vez está viviendo en algún lugar disputa territorial por empresas mineras por represas, por tierras de cultivo de drogas, porque hay un interés monetario de empresas y Estado y eso los hace víctimas de esas mismas prácticas que generan terror a la población, para que los que no estén organizados no se expresen y los que están organizados no haya quien esté denunciando lo que pasa en el país.

–Para Veracruz hay presas, proyectos de pozos petroleros con la técnica del fracking, también hay exploraciones de minas, ¿cuentan ustedes con registros de desapariciones de defensores de la tierra?

–Está el crimen de Noé Vázquez Ortiz, asesinado en 2013, Ortiz, opositor al proyecto hidroeléctrico El Naranjal y sabemos por los países del sur de América que todas las empresas canadienses que extraen el oro, en donde están explotando, hay ejecuciones extrajudiciales de luchadores sociales, es un patrón porque también es una forma de ejercer control en la población mediante el miedo, por un lado las empresas dicen: "acepten mi oferta de empleo, acepten que explote sus tierras y por otro lado, aplico políticas junto con represión".

Eso está implicando en todo México y las empresas privadas coludidas con el permiso del Estado, coordinadas con las autoridades policiacas y militares están atacando a la gente que está en oposición, por ejemplo del fracking en pozos en Veracruz ya está documentado que las empresas privadas de seguridad son las que están encargándose de la vigilancia, están haciendo el patrulleo de los intereses de las grandes empresas, entonces no va a tardar que ellos mismos se van a volver en el brazo ejecutor que va a estar hostigando, amenazando a las comunidades opositoras, a los intereses económicos y lo que estamos viendo que está valiendo más los intereses económicos al valor de la vida, de las comunidades.

Agregó que en México documentados de 2006 a la fecha hay 160 defensores de derechos humanos ejecutados de manera extrajudicial, de esos el 70 por ciento tiene que ver con la defensa del territorio, ya sea agua, tierra, bosques, mineral. "Sí hay una documentación que nos puede decir que sí está relacionada la defensa del territorio y de los recursos naturales con lo que le está pasando a muchos de los defensores, y eso se explica porque al estar al interior de la república son los menos visibilizados a nivel nacional e internacional aunque sean conocidos en sus localidades".

El costo político de la represión para el Estado es menor en el interior de la República, en los estados, en los municipios, en las comunidades, porque tarda en saberse si la repercusión es menor y también nos explica que hay esta relación.

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