(01 de febrero, 2016).- De acuerdo con la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada la iniciativa de ley de desaparición forzada que Enrique Peña Nieto envió al Senado carece de “elementos básicos” para localizar a personas ausentes y castigar a los perpetradores.
Se adelanta también que si en alguno de los procedimientos de la búsqueda se llegara a involucrar a las fuerzas del ejército, las investigaciones se tornan más complicadas.
“No se observa una voluntad real para reconocer ni combatir esta grave violación a los derechos humanos. Es una situación que cada vez más adquiere el perfil de carácter humanitario, dado el creciente número de víctimas directas e indirectas”, concluye el análisis.
Las organizaciones qe conforman este conjunto que se ha dedicado al análisis de una propuesta de ley coyuntural en un país donde las cifras de desapariciones son alarmantes, así como lo son las acusaciones a miembros de instituciones de seguridad como la policía y el ejército, han advertido que la impunidad es el factor fundamental para que dicha práctica haya pasado a ser una estrategia que afecta a amplios sectores de la sociedad, entre los cuales siguen encontrándose luchadores sociales y personas defensoras de los derechos humanos, pero también jóvenes, mujeres y migrantes.
“Es necesario hacer hincapié en que la desaparición forzada de personas no es cualquier delito, sino una violación a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad que atenta no sólo contra la víctima directa, sino contra la población en general y que es cometida por el Estado mismo, quien se convierte en violador de sus propios ordenamientos jurídicos y del marco internacional al no garantizar el respeto de las garantías más fundamentales del ser humano”, señala.