Los activistas Matías Flores, Rubicel Hernández García y Jesús Hernández Reyes, sufrieron un intento de ejecución extrajudicial cuando fueron baleados en la mañana del 7 de noviembre en las calles de la Delegación Iztapalapa en la Ciudad de México.
Por Gabriel Infante
Matías, un indígena náhuatl integrante del Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y Sierra Oriental, se había trasladado a la capital mexicana junto con sus compañeros, también activistas del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, para denunciar el asesinato del joven indígena Héctor Sántiz López, a manos de grupos paramilitares, el pasado 26 de septiembre en Chiapas.
El deterioro de los derechos humanos en la capital del país ha ido en detrimento desde la llegada del Presidente Enrique Peña Nieto al gobierno federal en 2012, asegura Héctor Cerezo, del Comité Cerezo, una organización dedicada a la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos. Las detenciones arbitrarias han sido el recurso principal la fuerza pública: tan solo en los últimos tres años se han registrado 1.130 detenciones, en muchos casos durante manifestaciones antigubernamentales, asegura Héctor Cerezo.
A los allanamientos a las oficinas de organizaciones de derechos humanos y medios periodísticos, como el semanario Contralínea, Desinformémonos y el Centro de Comunicación Social, y a los domicilios de algunos periodistas, Cerezo asegura que se ha incrementado la tortura, el hostigamiento, el acoso y el monitoreo permanente de los activistas de derechos humanos.
Jesús Hernández Reyes, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo narró ante los micrófonos de ElToque de RNW cómo ocurrió el intento de ejecución extrajudicial contra su persona y la de sus compañeros. Y entre otras cosas, explica las razones por las cuales cree que detrás del ataque existe la complicidad no sólo del gobierno federal, sino también el gobierno de la Ciudad de México.