Del 28 de septiembre al 1º de octubre las y los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizaron una visita In Loco en México. En dicha visita, que recorrió seis estados del país, se entrevistaron con diversas familias, víctimas, organizaciones de derechos humanos y pudieron escuchar de primera mano diversos testimonios de familiares y víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares, entre otros testimonios de graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido en México desde la década de los 60s hasta el actual gobierno de Enrique Peña Nieto.
Ante estos hechos, la Comisión Interamericana hizo una serie de observaciones preliminares al Estado mexicano el pasado 2 de octubre, entre las que se destacan las siguientes:
Ø Desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de estas por parte de las policías civiles.
Ø Adoptar una Ley Nacional sobre Desaparición y Desaparición Forzada y una Ley Nacional sobre Tortura. Para ello, adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que tanto a nivel federal como estatal, la legislación y las prácticas se ajusten a los estándares internacionales en la materia.
Ø Establecer mecanismos de búsqueda inmediata de personas desaparecidas en todo el territorio nacional. Mejorar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas como un registro único de desapariciones y que además permita registrar a una persona como víctima de desaparición forzada.
Ø Crear una institución nacional autónoma de servicios forenses que cuente con infraestructura adecuada, suficientes recursos humanos y financieros, y protocolos estandarizados aplicables a nivel nacional.
Ø Establecer un registro nacional sobre la localización de restos no identificados inhumados en cementerios de todo el país con causa de muerte violenta.
Ø Asumir la responsabilidad histórica de rendir cuentas sobre las graves violaciones a los derechos humanos. Como prioridad, investigar, esclarecer y sancionar las violaciones cometidas durante la época de la llamada Guerra Sucia. [1]
Estas observaciones preliminares, refuerzan y complementan las ya realizadas por otras instancias Internacionales, que también han mostrado su preocupación por la gravedad de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado mexicano, principalmente en materia de desaparición forzada; durante casi dos años el Estado mexicano se ha sometido al escrutinio internacional tres veces, como parte de las obligaciones adquiridas a nivel internacional en materia de derechos humanos y, una más por la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos de la CIDH para el caso Ayotzinapa. Sin embargo, pareciera que al Estado mexicano solamente le interesa cumplir con un “requisito” al que está obligado, sin tomar en cuenta de manera seria las preocupaciones de dichas instancias por la gravedad de las desapariciones forzadas en México, no ha habido una sola ocasión en la que el Estado mexicano no salga en conferencia de prensa a intentar minimizar, negar o descalificar las recomendaciones que se le hacen e incluso ha llegado al cinismo de intentar desprestigiar a Relatores por sus recomendaciones.
Como Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, vemos con suma preocupación éste patrón de conducta ante la realidad que estamos viviendo en materia de desaparición forzada, en tanto el discurso sigue versando en que dicha práctica no es generalizada ni sistemática, que los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, son un caso excepcional; cuando las denuncias de miles de familias, no sólo mexicanas sino de migrantes, dan cuenta de la gravedad de la situación en nuestro país; hechos que hemos venido denunciando desde hace 5 años.
En estos momentos, cuando el Estado mexicano debiera asumir y reconocer la gravedad de las desapariciones forzadas en nuestro país; nos resulta aún más preocupante, que el encargado a nivel federal, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Campa Cifrían, (quien debe escuchar y atender los casos de graves violaciones a derechos humanos y, de establecer las políticas públicas para dar certeza tanto a víctimas como familiares), haga declaraciones como las vertidas el pasado 2 de octubre posterior a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diera a conocer sus Observaciones Preliminares declarando lo siguiente:
[…]“Creemos que este informe preliminar no refleja la situación del país, que se circunscribe a zonas, a regiones en donde sabemos que tenemos enormes retos”[…] “Creemos que a todas luces el caso de Ayotzinapa es una situación extraordinaria. Nos parece que no hay posibilidad de compararla con ninguna otra en el país, y mucho menos de plantear que ésta es la situación generalizada en el país”[…] [2]
Dichas declaraciones, lejos de abonar a la solución de la grave crisis en materia de derechos humanos, lo único que demuestra es la falta de voluntad política del actual Gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto para frenar la práctica de las desapariciones forzadas e intentar minimizar la magnitud del problema. Mientras, por otro lado, se presume que se está trabajando con familiares de víctimas, organismos internacionales y nacionales de derechos humanos para la creación de una Ley General en la materia, el Estado mexicano, aún con este intento de incluir a las familias en la creación de dicha Ley, sigue empecinado en desaparecer las desapariciones forzadas desde el nombre que se le ha dado a ésta. [3]
Por todo lo anterior, como Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, exigimos al Estado mexicano acatar todas y cada una de las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su visita In Loco, así como las demás recomendaciones realizadas tanto por el Grupo de Trabajo contra las Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y del GIEI para el caso Ayotzinapa. Así como reconocer la gravedad de las desapariciones forzadas y las desapariciones de personas cometida por particulares como una muestra de voluntad política hacia una verdadera construcción de un Estado que respete y garantice los derechos humanos de la población y, que no sólo haga actos de simulación que buscan acallar las exigencias de Justicia, Verdad Memoria y Garantías de NO repetición de miles de familias, organizaciones sociales y populares que siguen sin conocer la suerte o paradero de las personas desaparecidas, en tanto que con esta política de desaparecer a las víctimas de desaparición forzada cada vez estamos más lejos como sociedad de acceder a la Verdad y la Justicia, siendo una constante la impunidad en todos los niveles de gobierno ante estos graves crímenes.
Por último, el pasado 3 de septiembre de 2015, como Campaña entregamos al Senado de la República la Iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas cometida por Particulares [4]. Desde entonces lanzamos una campaña de firmas en apoyo a dicha Iniciativa, que hasta el día de hoy ha sido signada por 152 organizaciones nacionales e internacionales y más de 800 personas. Seguimos invitando a todas las organizaciones y personas a sumarse a esta petición, sí deseas apoyar la Iniciativa puedes hacerlo en línea en la siguiente liga: http://www.comitecerezo.org/spip.php?article2246
¡Los Detenidos Desaparecidos son del Pueblo, son de Todos!
¡Presentación Con vida de Todos los Detenidos Desaparecidos del País!
¡Ante el Terrorismo de Estado, un Pueblo Organizado!
Atentamente
Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México