Ley de Movilidad: ¿Espejismo de la seguridad?

Por: Gisela Martínez / México, D.F., a 16 de julio del 2014.-

Vivir en la Ciudad de México es vivir en un gran río de vertiginoso cause, personas, ciclistas y automóviles tenemos la consigna de no detenernos. Cada alto en el camino molesta, cada vez que el tránsito nos hace avanzar a paso lento maldecimos.

Y si a diario las marchas y manifestaciones obstruyen la circulación, la convivencia se vuelve una lucha frontal por el espacio público, por ello, según el Gobierno Capitalino, es necesario regular su uso a través de la Ley de Movilidad.

La ley pretende dar un reordenamiento al transporte público, impulsar la infraestructura ciclista, modificar los reglamentos de transito -incluye la obligación de acreditar un examen para obtener una licencia de conducir- y también regular las marchas y las manifestaciones.

Es el artículo 212 el que más controversia ha suscitado: establece que para realizar desfiles, caravanas, manifestaciones, peregrinaciones o cualquier otro tipo de concentración humana de carácter político, religioso, deportivo, recreativo o social es necesario dar aviso por escrito a la Secretaria de Seguridad Pública del D.F. y con al menos 48 horas de anticipación a la realización del evento.

Según organizaciones sociales el regular marchas y manifestaciones públicas significa una violación a los derechos humanos, y ya puestos en esos términos se polariza el debate: por un lado quienes reclaman el derecho de terceros para circular con su vehículo, en oposición están quienes exigen respeto y garantía al derecho a la protesta social, como si existiera un choque de derechos.

Pero es un falso debate, afirma Francisco Cerezo -coordinador del Comité Cerezo-, pues no olvidemos que la teoría jurídica señala que sólo las autoridades pueden violar derechos humanos – los particulares cometen delitos- y los derechos fundamentales están por encima de cualquier derecho de los particulares. Si no llego a tiempo a mi trabajo no es por culpa de los manifestantes sino porque las autoridades no están haciendo lo posible para que el resto de los ciudadanos sean lo mínimamente afectados.

En la misma tónica, Carlos Ventura del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P., explica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha establecido que el derecho a la protesta debe ser garantizado y antes que usar la fuerza pública para regular o limitar ese derecho, los Estados deben resolver los problemas estructurales que originan tales manifestaciones; es decir, para la Corte IDH la protesta social no es una problemática sino un derecho pues al realizar una manifestación pública la calle se transforma en un espacio de debate para que la ciudadanía pueda expresarse.

Según el análisis del Comité Cerezo, los derechos ganados en la ciudad de México se están restringiendo, basta ver las diversas iniciativas de ley y las modificaciones al Código Penal que tienen como objetivo limitar el derecho humano a la protesta. Exigir un aviso previo de 48 horas y en determinadas condiciones, inhibe el derecho a manifestarse, recalca Cerezo.

“Criminaliza a los colectivos, organizaciones y ciudadanía en general que se organizan para defender sus derechos humanos”, apunta Ventura… “Derechos que les han sido negados por el sistema económico y político en que vivimos. Es deber del Estado transformar las cuestiones estructurales que crean las problemáticas sociales y que impiden ejercer otros derechos como a la educación, a la salud, entre otros. Deben enfocarse en cambiarse los esquemas de pobreza y no en reprimir la protesta social.”

“También es necesario que cambiemos la percepción que tenemos sobre las marchas y manifestaciones, pues en cada protesta las autoridades tienen una oportunidad: pueden transformar las causas por las que se generan tales manifestaciones y así mejorar a la sociedad. Es lamentable que un estado democrático no aproveche estos conflictos y manifestaciones públicas para transformarse en pro de su ciudadanía”, concluye Ventura.

En una lucha en que peatones y ciclistas llevamos la peor parte (la memoria me remite a las bicis blancas como fúnebre homenaje), hemos consensado que el espacio público no sólo es para el tránsito de automóviles. Ahora se hace necesario entender que ese mismo espacio es una herramienta ciudadana que nos permite defender nuestros derechos; vale la pena reflexionar si cedemos a lo conquistado en favor del espejismo de la seguridad.

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