Personas desaparecidas: herida abierta

Hoy arranca en México la semana internacional del detenido desaparecido. Un país en donde se calcula que hay hasta la fecha cerca de 25 mil desaparecidos y en donde aún, no existe una Ley General contra la Desaparición Forzada.

Por Omar Rábago

El estado mexicano tiene una deuda histórica con la verdad, la justicia, la reparación integral del daño y las medidas de no repetición, no sólo con las víctimas de desapariciones forzadas ocurridas durante el período conocido como “guerra sucia”, sino también con las víctimas de desaparición forzada ocurridas durante el sexenio de Calderón y las ocurridas en el actual gobierno de EPN. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en comparecencia ante el Senado, expuso que desde 2005 hasta la actualidad tienen el registro de 24 mil 800 personas “cuyo paradero se desconoce o no se encuentran localizables”. Señala que del total de esa cifra de personas no localizadas “existe el dato de 2 mil 610 casos de desaparecidos; de ellos, en 612 expedientes hay la presunción de intervención de agentes del Estado mexicano en su desaparición, y en 267 hay indicios de que intervinieron elementos o miembros de la delincuencia organizada”.

La cifra dada por el mismo presidente de la CNDH no concuerda con las cifras que desde las organizaciones de Derechos Humanos se han venido denunciando, las cuales van desde las 3 mil hasta las 30 mil desapariciones forzadas.

Lo que contrasta con las recientes declaraciones de la Secretaria de Gobernación que asegura que la cifra actual es de 8 mil personas. Mientras tanto la Secretaría de Seguridad Pública federal, encargada de mantener actualizado el Registro Nacional de Personas Extraviadas, tienen en su registro 2 mil 44 casos, esta cifra se duplica en la base de datos de la Procuraduría General de la República, que contempla en su página de Internet un listado de 4 mil 800 expedientes. En contraste, la Procuraduría de Justicia del DF tiene un registro de 5 mil 229 personas extraviadas en todo el país. No existe acuerdo mínimo para ponerse de acuerdo en cuántas personas están desaparecidas en México.

En opinión de Eduardo Buscaglia, especialista en seguridad, crimen organizado y corrupción, se deben especializar en comisiones de desapariciones forzadas, en la labor de canalizar los miles de testimonios que todavía no se han plasmado en expedientes y procesamientos penales.

“Todo país que ha sufrido delitos ligados a desapariciones forzadas ha centralizado ese delito y lo ha tipificado como delito federal. Ha creado programas nacionales de protección de testigos y denunciantes, cosa que en México no existe y no le podemos estar pidiendo a las ciudadanas y ciudadanos que sean testigos y denunciantes cuando se están enfrentando a grupos criminales trasnacionales que están cometiendo estos delitos”, destaca. Buscaglia recomienda a integrantes de asociaciones civiles dedicadas a la búsqueda de personas a crear una comisión nacional de desaparecidos, similar a las que operan en Argentina, Chile, Camboya y Sudáfrica.

Dentro del Informe que presentó el Grupo de Trabajo y Desapariciones Forzadas o Involuntarias sobre México se señala que “la impunidad es un patrón crónico y presente en los casos de desapariciones forzadas y no se están realizando los esfuerzos suficientes para determinar la suerte o el paradero de las personas desaparecidas, sancionar a los responsables y garantizar el derecho a la verdad y la reparación".

"Parecería que México no tiene la voluntad o es incapaz de realizar investigaciones efectivas en casos de desapariciones forzadas" según el informe presentado.

“Sobre aquellos perpetrados durante la “Guerra Sucia” sólo el 2,5% de los casos investigados habrían resultado en el inicio de una averiguación previa y de ésos, sólo 20 habrían sido consignados. En menos de la mitad de estos casos se habría obtenido una orden de aprehensión y, de hecho, no habrá sido por el delito de desaparición forzada sino por el de privación ilegal de la libertad”.

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A la esterilidad de las investigaciones emprendidas por las autoridades, hay que sumar el hecho de que no existe la tipificación del delito de desaparición en la legislación mexicana. México ratificó en marzo de 2008 la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, un instrumento que reconoce como crimen de lesa humanidad cuando la desaparición es llevada a cabo, tolerada o facilitada por alguna autoridad de manera generalizada. Aunque la ratificación constituye un paso positivo, resulta insuficiente ante el tipo de amenazas que enfrentan la prensa, los y las defensoras de Derechos Humanos, los y las activistas ambientales y la sociedad en general durante los últimos años.

En México se llevarán actividades dentro de la semana internacional del detenido desaparecido del 26 al 31 de mayo. Una de las principales demandas es la promulgación de una Ley General contra la Desaparición Forzada junto con la demanda de la presentación con vida de los detenidos desaparecidos. La exigencia de verdad, memoria, justicia, reparación integral del daño y medidas de no repetición es lo menos que se puede esperar del estado mexicano. Es su obligación. Mientras tanto, para las personas que no conocen el paradero de sus familiares y seres queridos, sigue abierta una herida que se hace cada vez más grande ante la falta de ineficacia y voluntad política de las autoridades.