La protesta social en riesgo (Parte II)

, por  Comité Cerezo México , popularidad : 1%

Mónica Hernández, estudiante de sociología y antropología, iba a bordo del primer vehículo capitalino, en tanto su amigo, Ilia Adad Infante Trejo, educando de Filosofía y Letras de la UNAM –quien ahora se encuentra preso en el Reclusorio Norte–, era trasladado en el otro

#2 de octubre: inicio del Terror de Estado

(19 de febrero, 2014).- “Aquí llevamos a los delincuentes, aquí los llevamos”, decían los policías a ciudadanos que venían transitando en su automóvil, en Paseo de la Reforma, mientras señalaban con el dedo pulgar la parte trasera del convoy donde venían capturados arbitrariamente decenas de manifestantes y transeúntes. En una iban hombres y en la otra mujeres; todos ellos encapsulados en Reforma #93.

Mónica Hernández, estudiante de sociología y antropología, iba a bordo del primer vehículo capitalino, en tanto su amigo, Ilia Adad Infante Trejo, educando de Filosofía y Letras de la UNAM –quien ahora se encuentra preso en el Reclusorio Norte–, era trasladado en el otro al mismo tiempo que continuaban los estruendos de escudos antimotines azotados en las aceras, disparos de latas lacrimógeno y balas de goma, así como sirenas a todo volumen y el derrape de las llantas acelerando.

“Parecía un show con el fin de aterrorizar”, dice Hernández en entrevista con #RevistaHashtag. Según sus palabras había un uso “desmedido” de elementos policiacos que los venían custodiando desde el inicio de la marcha, rodeándolos en formación rectangular, tal como sucedió el 1º de diciembre cuando agentes de diversas corporaciones mantenían “apresado” al contingente, fotografiando rostros y apuntándolos con armas “no letales”.

Y es que ésta no sería la primera vez se echan a andar estos mecanismos. El reportero de este medio documentó el 13 de septiembre del 2013 cómo la Policía Federal desmanteló el campamento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con uso excesivo de elementos –alrededor de tres mil, según reportes de la SSPDF– a pesar de que sólo se hallaban unos pocos maestros; además del uso de halcones ubicados atrás de las rejillas de los negocios y dos helicópteros que sobrevolaban el Zócalo de la Ciudad de México minuto tras minuto, éstos arrojaban desde los cielos pintura azul a “los blancos” que las autoridades debían perseguir.

Activistas consultados por este medio –quienes pidieron anonimato– están convencidos de que el uso “desproporcionado” de la fuerza pública forma parte de “una estrategia de terror” como “táctica de contrainsurgencia”. A decir de los manifestantes, no sólo existe un terrorismo ejercido por grupos paralelos o radicales como lo ha señalado el gobierno en múltiples ocasiones, sino también uno ejecutado por los poderes, llamado “Terror de Estado”.

De acuerdo con el periodista, Carlos Fazio: “El terrorismo es más que la simple violencia, que implica la presencia de dos partes, el agresor y la víctima. El terrorista necesita una tercera parte que pueda ser intimidada por el trato inflingido a la víctima. En ese sentido, el término terrorismo puede aludir a acciones violentas perpetradas por unidades irregulares secretas o grupos independientes de un Estado (conformados por agentes sub-estatales auto organizados por motivaciones políticas)”.

El especialista que vivió el paramilitarismo en Uruguay durante 1960-1970, agrega: “…pero también abarca una categoría importante de actos realizados o patrocinados de manera directa o indirecta por un Estado, o implícitamente autorizados por un Estado contra sus súbditos, con el fin de imponer obediencia y/o una colaboración activa de la población”.

La semana pasada el terrorismo también acaparó la agenda legislativa pues en el Senado de la República se votó la “Reforma Antiterrorista”, sin embargo, lejos de restringir el poder del Estado para realizar acciones como las mencionadas por Fazio, el contenido de la misma hizo más vulnerable el derecho a la protesta social. De acuerdo con la legisladora, Dolores Padierna, estos cambios “pretextan” el combate al terrorismo con el fin de incluir nuevos crímenes que causen “una restauración autoritaria” del sistema político. La redacción fue refutada por la bancada perredista ya que se agrega como tipo delictivo aquellas acciones que se hagan contra la integridad física o emocional o vida de las personas.

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