Participación del Frente de Lucha Estudiantil-Julio Antonio Mella en el 2do foro por la libertad de Ilia Adad

, por  Comité Cerezo México , popularidad : 1%
  • La detención arbitraria de Ilia Adad Infante Trejo en el contexto de la criminalización de la lucha social y de la juventud
  • El uso de las detenciones arbitrarias como arma de represión política

Las detenciones arbitrarias han sido un instrumento de represión del Estado mexicano para combatir la disidencia política y social al régimen. Los antecedentes pueden considerarse incluso hasta tiempos de la Revolución Mexicana donde el adversario político, dependiendo de las coyunturas y algidez de la lucha, era encarcelado o asesinado según el “riesgo” que representará.

Para mediados del siglo XX con la imposición de las dictaduras militares en América Latina y de la política de Contrainsurgencia y Seguridad Nacional de patente norteamericana, se adoptan formas represivas a los movimientos insurgentes, a los movimientos políticos y sociales disidentes del status quo, a las movilizaciones de trabajadores, maestros y estudiantes que comenzaban a demostrar su descontento con las políticas del sistema capitalista y que los llevaban a plantear alternativas a dicho modelo, muchas de ellas inspiradas en las luchas revolucionarias de Latinoamericana, como resultado de la crisis del modelo de desarrollo capitalista en la región.

México pese a no tener un proceso propio de dictadura militar, sí adoptó el modelo de Contrainsurgencia y aplicó el llamado período de la Guerra Sucia, con el subsecuente período de Guerra de Baja Intensidad, que algunos analistas consideran sigue latente hasta nuestros días y que arrojó a cientos de prisioneros por motivos políticos, pero también, a miles de casos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.

Durante el gobierno de Felipe Calderón, 2006-2012, dio inicio la llamada guerra contra el narcotráfico, la cual no redujo en lo más mínimo el tránsito de drogas hacia Estados Unidos, por el contrario aumentó, junto con el cultivo y el consumo de drogas en nuestro país, más aún, las organizaciones de derechos humanos han denunciado más de 150,000 asesinatos y alrededor de 30,000 desaparecidos en cifras aproximadas, ya que existen miles de crímenes que no están documentados o denunciados.

A la par de esta situación en los últimos años han aumentado los casos de asesinatos y desapariciones de luchadores sociales, de sindicalistas, de indígenas, de campesinos, de defensores de derechos humanos, de periodistas y de estudiantes, además de configurarse la criminalización de la lucha social y de estos sectores, poniendo en tela de juicio el porqué de su asesinato o desaparición. Es en general una guerra contra el pueblo, contra quienes luchan y se organizan.

EL NUEVO ESCENARIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO

La Ciudad de México no está exenta a la realidad nacional, la violencia va en aumento del mismo modo que una política de criminalización de la movilización social y, en fechas recientes, hasta de la juventud que expresa abiertamente un descontento o una legítima demanda. La centralidad de poderes e instituciones del Estado en el Distrito Federal, herencia de la época colonial, lo convierten en el centro de las protestas y movilizaciones de descontento social, en el lugar donde se plasman la mayor cantidad de acciones que buscan exigir al gobierno la defensa de sus derechos, la preservación de las conquistas laborales, políticas y sociales históricamente logradas por el pueblo mexicano.

Ante el contexto de elecciones presidenciales del 2012 la sociedad mexicana enfrentaba con hartazgo un país desangrado por la violencia implementada y/o permitida por el Estado, por la desaparición de los derechos de la población, una población cansada de un discurso enarbolado por una clase política que cada vez se divorcia más de su pueblo, de ahí que podemos comprender en parte la irrupción de movimientos como el #yosoy132.

Las movilizaciones que llenaban la Ciudad de México tuvieron una magnitud que no se veía desde hace mucho tiempo, pero del mismo modo, comenzó a darse la criminalización de la protesta social como respuesta represiva del Estado en su afán por cancelar el derecho a la libre manifestación, pero también, ante el escenario político que se vislumbraba en nuestro país, no sólo de las elecciones presidenciales, sino de las presiones internacionales para que se aprobaran lo más pronto posible las reformas estructurales pendientes en México.

Para el 1 de diciembre de 2012 ante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente de México, la movilización y acción de la población, principalmente de la juventud rebasó en muchos sentidos el control de las autoridades capitalinas, que en parte estaban auto-maniatadas ante la sucesión del jefe de gobierno que se espera días después. Con el arribo de Miguel Mancera al Distrito Federal se han legislado los mayores ataques a la libertad de expresión, de manifestación y de organización, reformas que rayan en actitudes fascistas, el pretexto, evitar las acciones de “grupos infiltrados” o “anarquistas” señalados como violentos por decreto y culpados de antemano de cualquier acción violenta que surja en las movilizaciones o protestas sociales, salvo las políticamente negociadas y permitidas por las autoridades del D.F.

EL CASO DE ILIA ADAD INFANTE TREJO

Con antecedentes de movilizaciones donde son detenidas personas al azar; la que no pudo correr rápido, la que se quedó tomando foto, que permaneció inmóvil porque creyó que no iba en la marcha y entonces no hizo nada por lo cual no sería detenida, la que se atrevió a decirle a los granaderos que no golpearan a otra persona, la que asistió a la movilización en su legítimo derecho y jamás imaginó terminaría ese día tras la rejas, acusada falsamente, sin pruebas, golpeada, atemorizada, torturada y criminalizada por los medios masivos de comunicación, así arribamos al caso de Ilia Adad.

El 2 de octubre de 2013 se cumplían 45 años de la matanza de estudiantes de 1968, para ello se organizó la histórica movilización desde la base estudiantil con amplias reuniones de más de un mes de antelación, pero donde pocas horas antes aparecen organizaciones que se adjudican como los controladores del movimiento y asumen la actividad de policía política sin goce de sueldo para el Gobierno de la Ciudad de México e incluso de la Secretaría de Seguridad Pública Federal señalando a quienes desarrollan actividades fuera de su lógica. Es así que se esperaban provocaciones, detenciones y acciones violentas, las que sin duda alguna se pueden cuestionar en su origen, pero para no caer en mayores discusiones, nos enfocaremos en cómo se organizó desde el gobierno y sus colaboradores un operativo de inteligencia para dar seguimiento y detener a ciertos activistas, pero también a quien se pudiera.
Los detenidos son utilizados como auténticos rehenes del gobierno contra el movimiento social, son usados como escarmiento para que no salgas a protestar, para que ya no exijas tus derechos, para que ya no denuncies los delitos y violaciones a los derechos humanos que se cometen desde todos los niveles de gobierno y de las instituciones quesque de seguridad pública para la población, es decir, ni se te ocurra decirle a un granadero “ya párele”. El Gobierno del Distrito Federal en coordinación con el Gobierno Federal construye un Estado de excepción, criminalización y represión para la población y la lucha social.

La otra parte del caso de los detenidos del 2 de octubre recae en el movimiento social, en las organizaciones políticas que algunas de ellas se asumen como la vanguardia pero que salen corriendo si el preso no es suyo o no lo conocen, si no es diva, no tiene caso su defensa, no me reditúa políticamente y de este modo el preso y sus familiares y amigos caen presos, pero de la desesperación, de encontrarse con los oportunistas del activismo y de uno que otro desequilibrado que pulula por las calles de la Ciudad y de la Universidad.

El avance represivo del Estado nos ha demostrado que las organizaciones pocas veces están preparadas para responder ante detenciones arbitrarias, ¿Qué ocurrirá si el nivel de represión del Estado aumenta con desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales a gran escala? lo que se vuelve imperante es saber cómo reaccionar ante las acciones que criminalizan la movilización social, la lucha social, saber cómo reaccionar para evitar que los casos se compliquen, que se comprenda el contexto político de las detenciones y no se asuma el discurso de criminalizar al detenido, de juzgar que tan sólo por ser detenido en una marcha, ya es terrorista y de seguro algo hizo.

Es necesario reprobar y rechazar las más recientes modificaciones legislativas en el D.F. que abren la puerta del abuso policial y criminalizan a quien intente defenderse, es pues un escenario donde se garantiza la impunidad abierta del Estado, ante un movimiento social desorganizado que no le ha permitido responder ante las circunstancias históricas que se presentan en México, reformas constitucionales como la energética que nos regresa 100 años en la historia, el movimiento estudiantil y social deben de colocarse a la altura de los acontecimientos que se avecinan, teniendo en cuenta sin duda alguna que el Estado tiene ya un marco jurídico que le permite accionar violentamente y se garantiza a sí mismo la impunidad. Son tiempos pues, de buscar reales alternativas e imaginación para la lucha, son tiempos de fortalecer lazos de solidaridad y de formación política la historia lo exige y el pueblo de México lo espera.

Ciudad Universitaria a 13 de febrero de 2014.

¡El presente es de lucha, el futuro es nuestro!
FRENTE DE LUCHA ESTUDIANTIL JULIO ANTONIO MELLA
FLE-JAM

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