Repudian más de 70 ONG ley contra manifestaciones en el DF

JESUSA CERVANTES
9 DE DICIEMBRE DE 2013

MÉXICO, D.F. (apro).- Más de 70 organizaciones de todo el país, además de Amnistía Internacional (AI) y legisladores de PRD, PT y MC, exigieron a la Cámara de Diputados no avalar la ley de manifestaciones del Distrito Federal ya que, sostienen, violenta la Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos, así como la Convención Americana de Derechos Humanos.

Los diputados federales de los tres partidos de izquierda también demandaron la opinión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la del Distrito Federal antes de que la ley sea votada por las comisiones unidas este martes 10 a las nueve de la mañana.

Incluso, los legisladores del PRD enviaron un escrito a la Comisión de Derechos Humanos de San Lázaro, en donde piden emitir el dictamen en negativo, ya que la Cámara de Diputados estaría invadiendo atribuciones que corresponden a la Asamblea Legislativa (ALDF).

En el caso de Amnistía, ésta detalló mediante una carta que la ley contra las manifestaciones “pone en riesgo la libertad de expresión” en el Distrito Federal.

En la capital del país confluyen manifestantes de diversas partes del país, quienes acuden al centro de la República para que, en el lugar donde se toman las decisiones que les afectan en sus localidades, puedan expresar su punto de vista.

Con la ley para regular las marchas –que ya fue avalada en la Comisión del Distrito Federal que preside la priista Laura Barrera– se pretende cerrar los espacios de protesta de la población contra las imposiciones del gobierno federal, acusó Ricardo Mejía Berdeja, diputado por MC.

Además, sostuvo que esta ley se debe analizar en el contexto nacional y en los cambios recientes avalados en la propia Cámara de Diputados, entre ellos la ley antiterrorismo aprobada la semana pasada, así como las modificaciones al 29 constitucional, que ahora facultan al Ejecutivo federal para que declare la suspensión de garantías y derechos de la ciudadanía cuando se ponga en riesgo “la paz pública”.

Por su parte, AI advierte “que la propuesta de ley, como está actualmente redactada, atenta contra el derecho de libertad de expresión y asociación tal y como han sido establecido por las normas y mecanismos internacionales de derechos humanos y podría resultar en el uso aún más frecuente de la fuerza excesiva por parte de la policía”.

Más aún, alerta que “esta ley impondría un régimen legal que no garantizaría el derecho a la manifestación pacífica sin discriminación, al privilegiar el uso de espacios públicos para los intereses comerciales y de tránsito por encima de los intereses legítimos de manifestantes pacíficos”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), abundó Amnistía, “ha señalado que esto es incompatible con las obligaciones de derechos humanos”.

Incluso, acotó, “el relator de la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas ha recomendado que las manifestaciones no deban ser sujetas a autorización previa, sino como máximo a notificación”.

La propuesta de ley actual, sostiene Amnistía, emplea terminología ambigua para definir manifestaciones; limita las manifestaciones legítimas a las que tienen un objetivo conforme con “las buenas costumbres”.

Peor aún, el “aviso” requerido en realidad constituye una autorización con criterios confusos y potencialmente arbitrarios; asimismo, impone límites de horas (de 11:00 a 18:00) y lugares sin tomar en cuenta criterios de necesidad y proporcionalidad.

Todo ello, insistió AI, “podría resultar en el uso de la fuerza para disolver una manifestación pacífica que no haya recibido autorización o en casos en que sólo una minoría de manifestantes cometa actos de violencia”.

También recuerda a las autoridades mexicanas que la CIDH ha señalado que “el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más sino, en todo caso, uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática: su socavamiento afecta directamente al nervio principal del sistema democrático”.

La ley contra las manifestaciones elaborada por el panista Jorge Sotomayor también fue rechazada por organizaciones mexicanas de derechos humanos, las que en un comunicado advierten“que, de aprobarse dicha iniciativa, se daría un importante retroceso en materia de protección y garantía de libertades y derechos humanos en la Ciudad de México”.

Además, deploran que los diputados busquen aprobarla con celeridad sin escuchar a grupos especializados en derechos humanos, sin recoger las críticas al texto y eludiendo un debate plural y público con la sociedad.

“La iniciativa de la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal es violatoria a los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); al 13 y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a los artículos IV y XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como a los numerales 19 y 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, sostienen.

Y al igual que los legisladores de izquierda, las ONG señalan que la pretensión de aprobar la ley es una violación a las facultades de la ALDF.

“Resulta falaz que mediante tal propuesta legislativa se busquen ‘equilibrar’ los derechos de manifestantes y de terceros, como si éstos estuvieran en abierto conflicto y contraposición. Se parte de la falsa premisa de que ejercer el derecho a protestar obstaculiza absolutamente el derecho a la libre circulación. La intención real es reducir los derechos a la libre manifestación de ideas, asociación y petición a su mínima expresión, mediante una ley que establece requisitos y sanciones desproporcionados”, acusan.

También denuncian que la propuesta tiene como intención inhibir el uso del espacio público para fines políticos y sociales. “De consumarse la aprobación de la ley de manifestaciones, los derechos a la libertad de expresión, asociación y manifestación se verían gravemente afectados”.

Entre las organizaciones que repudian la ley de manifestaciones, destacan Alianza Democrática de Organizaciones Civiles (ADOC), Artículo 19, Centro Tlachinollan, Centro Fray Francisco de Vitoria, Centro Prodh, Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad.

Además de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y Red “Todos los derechos para todos y todas”, conformada por 74 organizaciones en 20 entidades del país.