Desapariciones forzadas, duelo de un país

Uno de los saldos que dejó la guerra contra el crimen organizado del presidente Felipe Calderón es el incrementó del número de desapariciones forzadas; refleja la falta de voluntad del gobierno de México para dar seguimiento a los casos y el incumplimiento ante instancias internacionales para proporcionar información sobre procesos denunciados.

En su informe Ni seguridad, ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico en México la organización Human Rights Watch denunció que en el gobierno del presidente Felipe Calderón tan sólo en 5 estados —Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco— se tienen comprobados 170 casos de tortura y 39 desapariciones forzadas por parte de elementos del Ejército.

De las desapariciones forzadas cometidas en los últimos años, sólo en el 2.5 por ciento de los casos investigados resultó en el inicio de una investigación penal, y sólo 20 de esos casos fueron consignados ante una autoridad judicial, se subraya en el informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

Por eso, el Comité Cerezo México advierte: “una nueva estrategia paramilitar fue desarrollada de manera acelerada, tanto que hoy, podemos afirmar que la lógica de la guerra que nos impusieron se ha arraigado en amplias regiones geográficas del país haciendo evidente la lucha por el control territorial y ha cobrado ya miles de víctimas, tantas que tal vez por eso el gobierno federal ha dejado de contarlas”.

En el contexto de la actual estrategia de seguridad para combatir a la delincuencia organizada, subraya el CENCOS en un reporte, se ha documentado que la desaparición forzada de personas ocurre en México cada vez con mayor frecuencia.

Una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantiene vigente la figura de la desaparición forzada, en tanto no aparezca la víctima. Pero el tipo contenido en el Código Penal Federal sólo alude a autoría por “servidores públicos”, sin referirse a terceros, como podrían serlo integrantes de las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares cobijados por el Estado.

Entre 1992 al 2006, tan sólo 74 personas cumplieron sentencias por tortura en penales estatales y a escala federal sólo 6 personas compurgan una pena por esa causa, pero no aclara si son militares o policías.

La PGR integró 63 averiguaciones previas por el delito de desaparición forzada.

Negar que existan desapariciones forzadas envía el mensaje a la sociedad de que estos delitos quedarán impunes, por lo que las autoridades que participan en ellos seguirán cometiéndolos por la falta de impartición de justicia.

Un hecho documentado por organizaciones no gubernamentales es el secuestro de jóvenes para forzarlos a trabajar en los cárteles de la droga se ha convertido en una amenaza constante, especialmente en localidades pobres del país.

Frente a este escenario las organizaciones de derechos humanos exigen que el Estado mexicano cree un registro nacional de personas desaparecidas, con el aporte de la sociedad civil, y que establezca entes para su búsqueda y el resguardo de un banco de muestras de ADN de los familiares que consientan su entrega.

Durante los últimos seis años organizaciones no gubernamentales afirman que diez mil personas “levantadas”, la mayor parte migrantes, jóvenes y defensores de los derechos humanos.

La Organización de Naciones Unidas registró en 2011 tres mil casos de desapariciones forzadas. Las cifras coinciden con los reportes elaborados por Amnistía Internacional.

Naciones Unidas en un comunicado señaló que “todas las familias de las personas desaparecidas (…) deben gozar del derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación”.

Santiago Corcuera, investigador y ex presidente del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la ONU, calificó de vergonzosas las desapariciones forzadas durante el presente sexenio: "desde el 11 de diciembre de 2006 comienza esta situación en que hay miles de personas desaparecidas y más de 100 mil desplazados".

Hay quienes destacan que hay más de 18 mil desapariciones, aunque algunas organizaciones dicen que la cifra puede llegar a las 30 mil.

Los datos son alarmantes tomando en cuenta que durante el periodo conocido como guerra sucia, hubo alrededor de mil 800 casos.

En la segunda mitad del siglo XX, México fue escenario de diversas olas de protesta social así como del despliegue de políticas de Estado de alto impacto coercitivo.

Durante los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982) se desplegó una intensa actividad contrainsurgente en varios estados de la República, tales como Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, el Estado de México y el Distrito Federal.

El Estado mexicano actuó contra los opositores políticos (armados o no) principalmente a través del Ejército y de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), adscrita a la Secretaría de Gobernación.

La manera en que ambos cuerpos se condujeron ha sido ampliamente documentada; se ha comprobado, por citar sólo un ejemplo, la existencia de cuerpos creados ex profeso para exterminar a la oposición, como la Brigada Blanca.

A pesar de que este cuerpo irregular operó formalmente a partir de 1976, desde inicios de la década la Dirección Federal de Seguridad y el Ejército trabajaron en la integración de un grupo especial antiguerrilla al que se sumaron al menos nueve agrupaciones policiales y militares.

Dichas organizaciones hicieron de la tortura, la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada y los juicios irregulares una política formal del Estado contra la oposición armada pero que en la práctica se extendió al movimiento social, líderes de izquierda y sus familiares, así como personas totalmente ajenas a la protesta social o la lucha armada.

Elena Poniatowska recordó que Ibarra de Piedra encabezó en la década de los setenta un movimiento de madres de desaparecidos y de víctimas, que hizo llegar al Zócalo capitalino autobuses con 80 mujeres, para iniciar ahí, el 28 de agosto de 1978, una huelga de hambre "a dos pasos de Palacio, en las narices del presidente Luis Echeverría".

Debido a la presión de los familiares de los desaparecidos, en 1990 el gobierno federal creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), un órgano de carácter autónomo al cual se turnaron las 532 denuncias por desapariciones forzadas.

Esto dio lugar a la creación del Programa Especial sobre Presuntos Desaparecidos, el cual fue suspendido en 1992 sin haber obtenido avance alguno en la investigación y documentación de los casos.

Este problema tiene su origen en las carencias legislativas y judiciales para la erradicación y sanción de la desaparición forzada de personas.

Sandra Salcedo González, investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, afirma que la peculiaridad de este crimen es que las autoridades lo cometen sacando de toda esfera de protección jurídica a las víctimas, con impunidad, y en la actual situación que vive el país el escenario empeora ya que sus retenes se confunden con los falsos que ponen grupos delictivos.

“Las desapariciones que realizan los grupos de delincuentes no entran específicamente en esto porque son privaciones ilegales de la libertad, pero la característica de la desaparición forzada es que son por parte de las autoridades y se niega que se tiene a las personas; pero no debemos perder de vista la gravedad de la privación de libertad por la delincuencia organizada que se incrementa y es grave”.

En tanto que para el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, la actuación del Estado “mediante prácticas criminales” –desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, entre otras– lejos de ser asuntos del pasado adquieren un carácter relevante porque “son prácticas que persisten debido a que no hay mecanismos para limitar eficientemente la actuación arbitraria de los más diversos poderes –gubernamentales o no–. Con su persistencia, la impunidad recibe aliento”.

Hasta el momento, Estados Unidos ha destinado mil 600 millones de dólares de ayuda a México a través de la Iniciativa Mérida, un paquete de medidas de asistencia de varios años de duración acordado en 2007 y que busca contribuir a la lucha contra la delincuencia organizada en México.

Grave es la situación a grado tal que Naciones Unidas ha dejado constancia de que “las fuerzas militares se han extendido más allá de las funciones de las operaciones de seguridad”, y “no se limitan a actuar como auxiliares de las autoridades civiles y aceptar sus órdenes, sino que realizan tareas que corresponden exclusivamente” a los “civiles”.

El informe de Naciones Unidas revela “el temor que desanima a las víctimas a denunciar o insistir en las investigaciones sobre desapariciones forzadas”, y que “en varios casos, familiares de las personas desaparecidas forzosamente han sido objeto de intimidaciones, amenazas y represalias por haber exigido una adecuada investigación”.

“México carece de una política integral para hacer frente al fenómeno de las desapariciones forzadas”, y “un gran número de autoridades se negaría a registrar casos de desapariciones dentro del período de 72 horas después de que ocurrió la desaparición”, un período “fundamental para obtener información” sobre el desaparecido “y evitar su asesinato”, añade la ONU.

Human Rights Watch alega que el presidente Felipe Calderón ha delegado mayormente al Ejército la lucha contra la violencia relacionada con el narcotráfico y la delincuencia organizada, de tal suerte que en el marco de sus actividades de seguridad pública, las Fuerzas Armadas han cometido graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones, torturas y desapariciones forzadas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México ha publicado informes detallados sobre casi 90 casos desde 2007 en los cuales determinó que integrantes del Ejército habían cometido graves violaciones de derechos humanos, y ha recibido denuncias adicionales de casi cinco mil 800 violaciones de derechos humanos ocurridas entre 2007 y octubre de 2011.

También destaca cómo numerosos periodistas, especialmente aquellos que han realizado investigaciones vinculadas con el narcotráfico o han asumido una actitud crítica frente a las fuerzas de seguridad y las autoridades, han sido víctimas de graves persecuciones y ataques.

Entre 2000 y septiembre de 2011, fueron asesinados 74 periodistas, al menos 8 de ellos durante 2011.

Si bien muchos de los ataques contra miembros de la prensa ocurridos en 2011 se atribuyeron a la delincuencia organizada, en algunos casos existen evidencias que señalan la posible participación de funcionarios públicos.

En marzo de 2011, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias llevó a cabo una misión de investigación en México.

En sus observaciones preliminares, concluyó que “las desapariciones forzadas han ocurrido en el pasado y continúan ocurriendo en la actualidad”, y que “el incremento del número de nuevos casos admitidos durante 2010 y el gran número de nuevas alegaciones recibidas durante la visita podrían indicar un deterioro de la situación de desaparición forzada en México”.