Comité Cerezo México
Defensa de Manantlán, coloca a Jalisco en lista de ejecuciones extrajudicialespor Susana Rodríguez and Esther Armenta
Durante los cinco años del gobierno federal con Andrés Manuel López Obrador, y del estatal con Movimiento Ciudadano gobernando Enrique Alfaro, Jalisco ha figurado en dos ocasiones por ejecuciones extrajudiciales a indígenas nahuas, una de ellas documentada en el informe anual elaborado por el Comité Cerezo México en el año 2021, la otra en el 2023.
Ambas ejecuciones están vinculadas a la defensa de la Sierra de Manantlán contra el consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada, el crimen organizado y la participación impune de las autoridades estatales.
En memoria de Higinio y José Santos
La primera ocasión fue en el año 2021, con José Santos Isaac Chávez, el 4 de abril de 2021.
Pie de Página documentó que la noche del 3 de abril de 2021, entre 8 y 10 hombres que dijeron ser “del gobierno” llegaron a la casa de Santos en Telcruz, municipio de Ayotitlán.
Golpearon a su esposa y a un niño, por lo que Santos salió y se fue con ellos. Los captores todavía dijeron con cinismo: “Al rato se lo regresamos”. Unos días después lo encontraron sin vida en el fondo de una barranca, en su camioneta, con huellas de tortura.
José Santos Isaac contendía por el comisariado ejidal de Ayotitlán y cuestionó públicamente las relaciones del ejido con la Minera Peña Colorada, que renta varios terrenos al ejido de Ayotitlán. Santos quería sentarse y revisar los acuerdos, y que la minera pagara bastante más.
El pasado 24 de noviembre, nuevamente la Sierra de Manantlán se vistió de luto con el asesinato de Higinio Trinidad de la Cruz, quien acudió a una cita previamente pactada con el presidente del municipio de Cuautitlán de García Barragán por Movimiento Ciudadano, Jesús Delgado Camberos y no se supo más de él. Un día después lo encontraron sin vida.
Una semana después, el edil se deslindó del homicidio de Higinio mediante un comunicado.
MORENA y Movimiento Ciudadano vs comunidades indígenas
En 2023 las ejecuciones extrajudiciales de defensores de derechos humanos en el país disminuyeron en un 37 por ciento en relación al año anterior, según el informe.
Aunque este no es un indicio de mejoría pues prevaleció la estrategia contrainsurgente contra las comunidades indígenas, principalmente de Veracruz y Oaxaca gobernados por Morena.
De los 14 casos, 11 fueron ataques contra defensores del derecho humano a la autodeterminación, la mayoría de la Nación Triqui, en el estado de Oaxaca; le siguen dos ataques en Veracruz y uno en Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano.
En total de las 14 personas asesinadas, 13 pertenecían a una comunidad indígena (nahua, xiche y triqui).
“Es de mencionar que el número de víctimas de ejecución extrajudicial que pertenecen a un pueblo indígena siempre ha representado un porcentaje elevado, si se mira desde una perspectiva proporcional al número de habitantes indígenas con respecto a la población en general en México”, se lee en el documento.
Entre los casos documentados por el Comité Cerezo entre 2020 y 2022 predominaban entidades gobernadas por el PRI y Morena; el 2023 fue el primer período en el que los estados priistas no figuraron.
Ataque a la insurgencia; presión política para Sheinbaum
Según el registro de los años previos durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, en el 2023 se “reactivó” la estrategia contrainsurgente, se lee en el documento que esto podría entenderse como una acción de presión política para la actual precandidata de Morena a la presidencia de la república, Claudia Sheinbaum.
Aunque las ejecuciones extrajudiciales junto con esta estrategia contrainsurgente es un tema que ha prevalecido.
De acuerdo a las previsiones del informe, la tendencia en las cifras de ejecuciones extrajudiciales podría sostenerse con lo cual AMLO terminaría su sexenio con alrededor de 107 casos, casi 50 por ciento por debajo de Enrique Peña Nieto, aunque esta siga sin ser una cifra alentadora.
La zona sur y sureste en ambos gobiernos federales es una de las más afectadas con las ejecuciones extrajudiciales.
“Lamentablemente es una práctica que se mantiene como una forma de frenar y desarticular la lucha social y de defensa de los derechos humanos. Al contrario de años anteriores dónde los beneficiarios de esta grave violación a los derechos humanos eran los gobiernos priistas, actualmente los beneficiarios de esta práctica son los gobiernos gobernados por MORENA”, especifica el informe.
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