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Contexto político

Dicha estrategia implica la participación del ejército en operativos contra el narcotráfico, suplantando tareas que legalmente corresponden a la policía civil. Esto ha generado un verdadero estado de facto en el que se ha incrementado el número de violaciones a los derechos humanos sin control eficaz de ningún órgano civil. Las torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones, homicidios y otras agresiones cometidas por las fuerzas de seguridad no son objeto de investigación por las autoridades civiles competentes, y el uso de la justicia militar para juzgar los abusos cometidos por los militares ha contribuido a mantener la impunidad2. Además, es muy preocupante que los defensores que han denunciado las violaciones de derechos humanos han sido objeto de una represión particularmente violenta, con el asesinato de al menos siete defensores durante el año 2009. En relación a los abusos cometidos por las fuerzas policíacas, entre otros ejemplos el Gobierno mexicano mostró su falta de voluntad para prevenir que sigan ocurriendo tales abusos al nombrar como nuevo responsable de la Policía Federal Ministerial al Sr. Wilfrido Robledo, quien estuvo involucrado en la planeación y ejecución de los operativos que desembocaron en graves violaciones a derechos humanos en San Salvador Atenco y Texcoco los días 3 y 4 de mayo de 2006. Además, México continuó desconociendo su responsabilidad para investigar y castigar los crímenes de Estado cometidos en la denominada “guerra sucia”, a pesar de la publicación de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que reconoce la existencia de un contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante esta época.