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La situación de las defensoras y los defensores de los derechos humanos

La Jornada / Jaime Hernández Ortíz

Lunes 14 de julio de 2008, por Comité Cerezo México

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Reunión de análisis

A fines del mes pasado una veintena de organizaciones se reunieron en la ciudad de México con miembros del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos y de la Organización Mundial contra la Tortura, con el objeto de analizar y denunciar la grave situación de hostigamiento y amenazas que se vive en el ámbito de los defensores de los derechos humanos.

Asistieron entre otras la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, la Fundación Diego Lucero, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México, la Asociación para la Defensa de los Derechos Humanos y la Equidad de Género AC, la Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos, la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México, el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el Comité Hasta Encontrarlos, el Comité Cerezo México, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, la Secretaría de Derechos Humanos del CEN/PRD, y el Movimiento Autogestivo 18 de Marzo.

Ahí se señaló que a 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y a 10 de la Declaración sobre el Derecho y del Deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, mejor conocida como la “Declaración de los defensores de los derechos humanos”, aprobada por la Asamblea General de la ONU, las cuales México firmó y ratificó, no se han cumplido.

Sucede que, aunque tradicionalmente las violaciones en México han sido cometidas principalmente en contra de líderes políticos y sociales, a lo largo de los últimos dos sexenios existe ahora un incremento cuali-cuantitativo de atentados contra las organizaciones civiles de derechos humanos y sus integrantes. Se han documentado numerosos casos de asesinatos, espionaje, hostigamientos, amenazas, secuestros y detenciones arbitrarias y de actos de desprestigio.

Esos hechos han sido perpetrados tanto por agentes estatales como no estatales, con el fin de disuadir, obstaculizar e incluso impedir que estos individuos y organizaciones desempeñen su labor y provocar el cese de alguna o de todas sus actividades. Cuando esto sucede, no sólo quedan desprotegidos los derechos del defensor como consecuencia del ataque sufrido, sino que los grupos involucrados quedan a veces sin representación y por lo tanto sin protección.

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La Jornada

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