Comité Cerezo México
INFORME: 84 Personas defensoras de Derechos Humanos VÍCTIMAS DE UNA ejecución extrajudicial en el SEXENIO de Andrés Manuel López ObradorEl total de ejecuciones extrajudiciales cometidas en todo el sexenio de AMLO, que abarca desde el 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024 es de 84 personas defensoras de derechos humanos, dichas ejecuciones extrajudiciales fueron realizadas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras de derechos humanos estaban realizando y cuyos perpetradores fueron agentes de Estado bajo la modalidad de Comisión o Aquiescencia.
Presentación
Este informe es el resultado de la documentación de las ejecuciones extrajudiciales realizadas en contra de personas defensoras de derechos humanos en México que, de manera ininterrumpida, ha realizado el Comité Cerezo México del periodo que abarca todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que inició el 01 de diciembre de 2018 y terminó el 30 de septiembre de 2024.
Todos los casos acá presentados, excepto ocho casos, que se cometieron entre enero y septiembre de este año 2024, ya fueron publicados en los informes que Acción Urgente Para Defensores de Derechos Humanos AC, el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada ha presentado en años pasados.
Cabe recalcar como en todos nuestros informes que las cifras expuestas son sólo de ejecuciones extrajudiciales, es decir, de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes de Estado en la modalidad de comisión o aquiescencia, en contra de personas defensoras de derechos humanos que han sufrido esta grave violación a los derechos humanos como respuesta estatal a su trabajo de defensa de derechos humanos.
Cabe recalcar que, discursivamente, el Estado mexicano durante el sexenio de AMLO, intentó convencer a la población de que son otros actores no estatales los que violan los derechos humanos, por ejemplo la delincuencia organizada, para evadir su responsabilidad en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos como la ejecución extrajudicial que en este informe documentamos y que es única y exclusivamente responsabilidad del Estado mexicano, entendiendo a éste, no desde el arcaico punto de vista positivista, que suma población, gobierno y territorio, sino en derechos humanos, hablamos de la responsabilidad de todo agente de estado, que incluye, a todos los funcionarios públicos de cualquier nivel; a los miembros de los cuerpos represivos, policía, militares, marinos, elementos de la guardia nacional y; también están incluidos los civiles que con la aquiescencia del estado cometen las graves violaciones a los derechos humanos.
Introducción
De la estrategia de control social mediante el terror a la estrategia de control social mediante los programas sociales
Desde el movimiento social, popular y de derechos humanos hemos sido testigos de importantes cambios, no sólo discursivos, sino también en la aplicación concreta de la labor represiva del Estado mexicano en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
El discurso que se usó en el sexenio de AMLO, fue un discurso que se declaró antineoliberal, que enfatizó que no usaba la represión política e incluso llamó a los cambios realizados la Cuarta Transformación, aludiendo un cambio radical como en las tres primeras grandes transformaciones realizadas en México: la Independencia, la Reforma y la Revolución mexicanas, aunque esta vez, según palabras del mismo AMLO, es una “[…] transformación sin violencia y por la vía pacífica”.(Indígenas, s/f)
Como es usual, para documentar graves violaciones a los derechos humanos tenemos que partir de un análisis de la realidad, basados en hechos concretos y no en trabajos académicos que, a veces le atinan a algunos aspectos de la realidad, pero siempre quedan cortos ante la realidad misma o incluso tuercen la realidad para “acomodarla” a las ideas preconcebidas que ya tienen en la cabeza.
Para ello debemos revisar análisis pasados, como el que realizamos en el pasado informe sexenal del periodo de Enrique Peña Nieto, uno para ver cómo se desarrolló la realidad y dos, para comparar las cifras de la ejecución extrajudicial cometida en contra de las personas defensoras de derechos humanos en nuestro país.
Ahí podemos leer que en los sexenios anteriores, ambos panistas, en el de Vicente Fox y en el de Felipe Calderón, se aplicó una política económica neoliberal que, al no ser lo necesariamente rápida, obligó en el periodo de Calderón a crear, o mejor dicho, a inventar que el enemigo interno era la delincuencia organizada y el narcotráfico, y a partir de este invento, permitió al estado mexicano usar nuevamente el terror de estado para disciplinar a la sociedad, eliminar físicamente a los miembros de la disidencia social, incluidas las personas defensoras de derechos humanos y profundizar la estrategia contrainsurgente en los estados dónde históricamente han tenido presencia las insurgencias mexicanas.
Mediante estas tres estrategias de represión; la estrategia de control social mediante el terror, la estrategia de represión política y la estrategia contrainsurgente, la ultraderecha en el poder profundizó y aceleró las políticas neoliberales que ya, con un nuevo partido, el “Nuevo PRI”, lograría las reformas constitucionales necesarias para convertir los derechos humanos en mercancías y privatizar casi todas las empresa paraestatales que aún quedaban y vender al mejor postor casi la totalidad del territorio mexicano para su explotación y saqueo de recursos.
Ante esta situación, el pueblo organizado y no organizado no sólo levantó la voz, sino que salió a las calles para manifestar su descontento ante estas políticas entreguistas de la riqueza nacional al poder del dinero trasnacional.
Y decimos que el Estado mexicano inventó que la delincuencia organizada era el enemigo interno, ya que este fenómeno existía antes de Calderón e incluso respondían a los intereses estatales y empresariales neoliberales, fue un invento esa lucha, ya que el verdadero objetivo era militarizar y reprimir el descontento social para así, lograr sus objetivos económicos neoliberales, lo que sucedió es que para armar y fortalecer a las fuerzas represivas del Estado tenía que lograr el control total del mercado ilegal que se convierte en la fuente de recursos para lograr sus objetivos económicos nacionales y para, de paso, también enriquecerse, o quién podría vivir en un auto exilio en Europa con un sueldo de Presidente, es necesario controlar y obtener riquezas como pago al servicio de los grandes empresarios neoliberales nacionales y extranjeros que, durante esta supuesta guerra contra la delincuencia organizada, no sólo no fueron afectados, sino que se les abrieron nuevos mercados y cuyas riquezas, son todavía más grandes.
El pueblo organizado y no organizado salió a las calles y fueron fuertemente reprimidos, miles de casos de detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas fue el costo que tuvo que pagar para que, una posición política que estaba relegada, la socialdemocracia, lograra capitalizar:
“El hartazgo social de una guerra de 12 años que generó más de 250,000 muertos y más de 50,000 personas desaparecidas (en cifras oficiales), así como la ruptura del tejido social en todo México.
Las reformas neoliberales, llamadas estructurales, aprobadas fundamentalmente en el periodo de EPN, que empobrecieron aún más a los más pobres (el 75% de toda la población mexicana) y que profundizaron la disminución del poder adquisitivo.
El “adelgazamiento” de la llamada clase media debido a estas políticas neoliberales, que ocasionó que la llamada sociedad civil bajo la iniciativa de la “clase media”, impulsara movilizaciones masivas que encabezarían el descontento social, aunque con la limitante de los objetivos inmediatos. Por ejemplo, “No más guerra” del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que rápidamente se desdibujó, y el objetivo irrealizable que enarboló el Movimiento #YoSoy132 por la “democratización de los medios”, así como el intento de frenar la imposición de EPN. Otra movilización que encabezaría en este caso el movimiento social y que sumaría al grueso de la población que ya se venía manifestando serían las que en un inicio se realizaron debido al Caso Ayotzinapa. Estas movilizaciones, mencionadas anteriormente, acercaron a la gente a la opción que creyeron, en ese momento, resultaba viable para resolver estos grandes problemas nacionales.”(México, 2019)
Y claro, la sangre de cientos de personas defensoras de derechos humanos que fueron víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, que actualmente están relegados al olvido y cuyos casos, estos nuevos gobiernos, mantienen en la impunidad, ya que los perpetradores son ahora “buenos” como el Ejército.
[...]
Conclusión
La práctica de la ejecución extrajudicial muestra una disminución significativa con respecto a la cifra de 184 casos del sexenio de Enrique Peña Nieto (EPN).
Es claro que no basta declarar el fin del Neoliberalismo y el cese de la represión por motivos políticos, para que ésta se haga, como por arte de magia, realidad, se necesitan hechos concretos para frenar y erradicar esta grave violación a los derechos humanos, en concreto, investigaciones a fondo y sanción a los responsables de estos hechos, así como sanciones a los beneficiarios de las ejecuciones extrajudiciales, sólo así, eliminando la impunidad es posible frenar e incluso erradicar esta práctica del terror estatal en contra de las personas defensoras de derechos humanos en México.
En el sexenio que ha terminado presenciamos algunas acciones judiciales en contra de los perpetradores, sin embargo son intentos tibios, que muchas veces terminan en sentencias absolutorias en contra de los perpetradores, lo que significa también impunidad, pero también en muchos otros casos, es claro que la lógica de la impunidad absoluta se mantiene, un ejemplo es la negativa del Ministerio Público a entregar una copia del expediente judicial a los familiares y representantes legales en el caso de la ejecución extrajudicial de Gregorio de la Cruz de la Cruz, víctima de esta grave violación el 23 de julio del 2024, cinco meses después, sus familiares, su organización, sus representantes legales y como organización de DH que acompaña el caso, no hemos podido obtener una copia de la Carpeta de Investigación abierta, en el Estado de Veracruz, por esta ejecución extrajudicial, el discurso de atención a las víctimas, de la existencia de justicia queda sólo como eso, un discurso que no se traduce en prácticas concretas apegadas a los estándares internacionales de DH firmados y ratificados por México.
Es claro, también, que hay un cambio en la estrategia de represión política, no desaparece, como es imposible que suceda en un país dónde el interés de la acumulación de Capital está sobre el interés de la vida humana, pero si hay, como hemos visto, una reducción de estas prácticas, al mismo tiempo que se le da mayor importancia a la estrategia de control social mediante los programas sociales y no mediante el terror como en los dos sexenios anteriores, pero no basta y nunca bastará repartir migajas, para mantener al pueblo “más feliz”, las condiciones materiales de existencia siguen siendo precarias, aún y con el aumento del Salario Mínimo y el reparto de apoyos asistencialistas a la población, bajo la lógica del Capital, sólo durará unos cuantos años, incluso, hoy hemos podido ver como en lugar del segundo piso, se está construyendo el paso a desnivel de la Cuarta Transformación, viejos caciques del PRIAN llenan las curules de MORENA, lo que les permite mayor impunidad en casos de ejecuciones extrajudiciales, y retrasar, e incluso, frenar leyes a favor del pueblo trabajador, el ejemplo del alza del Salario Mínimo a un monto inferior al aumento que se realizó en el sexenio de AMLO, retrasar la aprobación de la semana de 40 horas de trabajo, mantener el outsourcing para eliminar derechos humanos laborales y permitir el alza de la inflación debido, principalmente a la voracidad de los empresarios, es un signo del debilitamiento de la misma socialdemocracia que, como lo ha sido históricamente, toman el poder con el apoyo del pueblo más golpeado económicamente para luego ellos convertirse en parte de la clase social que mantiene al pueblo en ese estado.
Mientras la socialdemocracia se va recorriendo al centro, que en política significa hacia la derecha, las estrategias contrainsurgente y de represión política se seguirán fortaleciendo, preparando el momento político propicio para reanudar estas graves violaciones a los derechos humanos de manera generalizada y sistemática como en el pasado reciente, es claro en las cifras que hemos presentado que la estrategia paramilitar, que surge y se desarrolla dentro de la estrategia contrainsurgente sigue actuando a sus anchas, sin castigo alguno, incluso es el mismo fenómeno del discurso actual de la nueva Presidenta Claudia Sheinbaum, cuando dice que “lo que no se nombra no existe”el paramilitarismo como estrategia militar de contrainsurgencia, al no ser nombrado en todo el sexenio anterior, simplemente no existe, aunque sus resultados saltan a la vista, 33 de los 84 casos de ejecuciones extrajudiciales son de su autoría.
Como podemos ver en el análisis de los datos duros, mientras MORENA va tomando el poder de Municipios y Estados, la ejecución extrajudicial, aunque en menores cantidades, los beneficiarios son los mismos que en sexenios pasados, viejos caciques locales que, como en Chiapas, fueron del PRI, luego del Partido Verde Ecologista y ahora de MORENA, mantienen la misma lógica de represión y saqueo de recursos a favor de grandes intereses económicos y mantienen el discurso de que son “fuerzas más poderosas que el Estado”la delincuencia organizada la que genera la violencia, mismo discurso con el que Calderón inició y EPN mantuvo la Guerra contra el pueblo en los sexenios pasados.
El mismo gobierno de la 4T, mantiene el discurso de que el Estado ya no viola derechos humanos y ya no reprime a la disidencia política de izquierda, como si existiera otro actor que viola DH, lo cual ya sabemos desde que aprendimos el ABC de los DH, es una mentira que promueve MORENA y sus gobernantes para evadir su responsabilidad.
Pareciera ser que para la 4T, mejorar ínfimamente las condiciones materiales de vida digna de millones de mexicanos, justifica cometer y mantener en la impunidad las ejecuciones extrajudiciales de unos cuantos, idea que los acerca más al pensamiento de la ultraderecha Calderoniana, que a un pensamiento de justicia social y por tanto mantener en la impunidad a los perpetradores es importante en tanto que en otros lados el gobierno hace cosas "buenas" para más gente, que el daño que genera la impunidad en "un puñado de casos".
Otro fenómeno que mantiene del pasado de la ultraderecha es meter en un mismo saco toda agresión a las personas defensoras de derechos humanos, al no separar los homicidios de las violaciones a los derechos humanos, no sólo evade sus responsabilidad en los crímenes cometidos por los agentes de Estado, sino que apuntala su discurso de que son otras fuerzas las que “atacan” a personas defensoras y apuntalan también la muletilla teórica, incluso dentro del mismo movimiento progresista de derechos humanos, de la existencia de las Redes de Macrocriminalidad, como responsables de la violencia y la impunidad en México, como si la delincuencia se comiera al Estado, cuando es éste el responsable, al mantener la impunidad de los responsables de la violencia, de responder abiertamente a los intereses del Capital y no a los intereses del pueblo trabajador, del que tanto hablan, pero al que poco a poco le van dando una patada.
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Sus comentarios
Estoy de acuerdo con esta narrativa, porque en muchos casos a lo largo y ancho de nuestra república se han cometido crímenes contra defensores de bosques, tierras y aguas, pondría como ejemplo la bahía de Ohuira en Sinaloa donde gobiernos morenistas el municipal y el estatal y avalados por el federal, todos de morena, han avalado la instalación ahí de una empresa productora de amoniaco que dañara la ecología de la zona, o los habitantes de Xayacalan en la costa Michoacán que para ser despojados de sus tierras han sido agredidos por paramilitares y que decir de Ayotzinapa dónde el gobierno de Amlo cerro las unidades que avanzaban con la confianza de los familiares la UILCA de Omar Gómez Trejo y la Covaj de Alejandro Encinas, todo para proteger al verde olivo que no quiso entregar los 800 folios que encontró el GIEI, en fin en su política "humanista" no logro de verdad traer justicia para tantas violaciones, así que sin duda de acuerdo con ustedes.
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