Comité Cerezo México
#PaComentario: Ejecuciones extrajudiciales en el nuevo sexenio@fcerezo1 #PaComentario: Ejecuciones extrajudiciales en el nuevo sexenio "Adriana y Virginia Ortiz García, militantes del MULT y hermanas de reconocidos dirigentes de esta organización, que por haber logrado que los militares abandonaran su territorio debido a las graves y sistemáticas violaciones a los #DDHH cometidos por el ejército en los años 70 y 80, padecen, hasta la fecha, la estrategia contrainsurgente del Estado que se basó en los manuales contrainsurgentes norteamericanos"
Llevamos apenas dos meses de gobierno de la nueva Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum y lamentablemente ya hemos documentado la ejecución extrajudicial de 6 personas defensoras de derechos humanos o luchadores y luchadoras sociales, como quieran llamarlos, son definiciones sinónimas para quienes de manera organizada, han luchado para derrotar a la derecha y para que la socialdemocracia en el poder no justifique la violación a los derechos humanos o mantenga ese falso discurso de que ahora el gobierno es el que menos viola los derechos humanos, cuándo, no existe otro actor que cometa violaciones a los derechos humanos, excepto el Estado, o mantenga el discurso de que las opiniones del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias no son vinculantes y con ello mantengan la impunidad que se ha ejercido en contra de personas defensoras de derechos humanos como el caso de Higinio Bustos Navarro, quién lleva ya más de tres años en injusta prisión.
Quiénes son estas personas que han sido víctimas de una ejecución extrajudicial, creemos que es necesario nombrarlos, como un ejercicio de memoria, pero también como un ejercicio de denuncia y exigencia de justicia.
• Gerardo Cruz Palacios, miembro del Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo – Unidad Patriótica, víctima de una ejecución extrajudicial en el Estado de Oaxaca el 7 de octubre de 2024.
• Marcelo Pérez Pérez, miembro de la Iglesia Católica, víctima de una ejecución extrajudicial en el Estado de Chiapas el 20 de octubre de 2024.
• Las hermanas Adriana y Virginia Ortiz García, militantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, víctimas de una ejecución extrajudicial en el Estado de Oaxaca el 6 de noviembre de 2024.
• Rigoberto Martínez Sandoval, militante también del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, víctima de una ejecución extrajudicial en el Estado de Oaxaca el 12 de noviembre de 2024.
• y hace una semana, Pablo Gómez Sánchez, militante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, víctima de una ejecución extrajudicial en el Estado de Chiapas el 25 de noviembre de 2024.
Seis casos en dos meses y en dos estados de la república mexicana que han sido históricamente, estados donde la impunidad es total y dónde hemos documentado que son agentes de Estado quiénes por comisión y, en la mayoría de casos documentados, por grupos paramilitares que por aquiescencia son los que cometen las ejecuciones extrajudiciales en contra de personas defensoras de derechos humanos, además de tener las cifras más altas de ejecuciones extrajudiciales desde hace más de 20 años, siempre, salvo contadas excepciones, cometidas dentro de la lógica contrainsurgente del Estado mexicano, la cual, a pesar de los cambios en el gobierno federal se mantiene, si bien con diferencias evidentes dependiendo del espectro político que gobierna el país, pero sin mucho cambio en los gobiernos estatales, dónde no importa si es la derecha o la socialdemocracia la que gobierna, la lógica contrainsurgente se mantiene y además se protege y justifica.
En gobiernos del PRIAN, la justificación ha sido que eran guerrilleros o revoltosos, después con la guerra de Calderón en adelante, que estaban relacionados con la delincuencia organizada y actualmente, que son casos aislados en los que nada tiene que ver el Estado, por que recordemos, dicen que ellos ya no violan los derechos humanos, aunque ningún actor particular, es decir, que no pertenece al Estado viola derechos humanos.
Sobre la primera víctima de esta grave violación a los derechos humanos, Gerardo Cruz, podemos decir que tenía 49 años de edad y que en su ejecución extrajudicial estarían involucrados una diputada del PRD, Minerva López Calderón y el edil del municipio de Pinotepa Nacional Antonio Marbel Jiménez, con lo cual podemos afirmar que fue una ejecución extrajudicial en contra de un luchador social, la primera del sexenio de Claudia Sheinbaum.
El segundo caso es el del Cura Marcelo Pérez en Chiapas, también de 49 años y hasta dónde se sabe, acompañó y era parte de la organización del ejercicio de la protesta social por la creciente violencia paramilitar en el estado de Chiapas, y esa es la razón de su ejecución extrajudicial, Chiapas, un estado que MORENA regaló al Partido Verde a cambio de sus votos para aprobar diversas leyes, para MORENA, miles de muertos valen la pena por el beneficio de millones de personas, o así lo manifiestan ellos mismos, lo cual es una posición utilitarista que los lleva de la mano hacia la derecha y no a profundizar o construir el segundo piso de la transformación.
Las tres personas que continúan en la lista son las hermanas Adriana y Virginia Ortiz García, militantes de Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, de 35 y 45 años de edad y hermanas de reconocidos dirigentes de esta organización, una organización que por haber logrado que los militares abandonaran su territorio debido a las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidos por el ejército en los años 70 y 80, padecen, hasta la fecha, la estrategia contrainsurgente del Estado que se basó en los manuales contrainsurgentes norteamericanos, dividir al pueblo triqui y entrenar, financiar y armar a una parte minoritaria como un grupo paramilitar para desarticular esta expresión organizada en la zona, a lo largo de los años, el MULT ha tenido más de cien víctimas de ejecuciones extrajudiciales, entre ellas la de su máximo dirigente Heriberto Pazos Ortíz, en los años del Calderonato y quién siempre hemos reconocido su solidaridad, junto con la organización y el pueblo triqui a la libertad de los hermanos Cerezo.
Dicha expresión de la lucha del pueblo triqui, pero también oaxaqueño y con la migración, en diversas partes del país, tan lejos de Oaxaca como la Ciudad de México o hasta el norte de la república en Sonora, ha tenido que sufrir años de violencia política en su contra, todos los gobiernos, sin importar su posición política han declarado que las ejecuciones extrajudiciales cometidas en contra de los y las militantes del MULT se deben a problemas internos de su nación, cuándo hemos documentado a lo largo de estos años, que es debido a la estrategia paramilitar que se aplica en esa zona y que a pesar de seis años de gobierno socialdemócrata y de los miles de votos que aportaron para que ganara AMLO, esta estrategia no se detiene y el gobierno de AMLO y el actual siguen hablando de rencillas personales.
Sin embargo, a pesar de toda la palabrería del gobierno y gracias a la inmunidad que han gozado los perpetradores, en este último caso, debido a la presión política, se logró la detención de una persona, que, vaya sorpresa, diría el mismo gobierno estatal, es un policía en activo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca, que además estaba asignado al área de información de la dependencia y según las investigaciones fue quién señaló a las víctimas.
Claro que ahora el discurso del Estado es que es “una manzana podrida” y no actuó como policía, no obstante, también las “manzanas podridas” obedecen a una cadena de mando y por tanto, deben señalar quién es su superior y también investigarlo, siempre fue claro con la documentación por contexto de graves violaciones a los derechos humanos que es el Estado, hasta este caso podemos asegurar que si lo es, aunque el Estado sacrifique a su elemento para intentar, que nunca lo ha logrado, decir que ellos no fueron, pero el contexto y la historia de represión en contra del pueblo triqui organizado en el MULT señalan su autoría y el uso del paramilitarismo para frenar a esta expresión del pueblo.
Y por si no fuera poco, seis días después, el 12 de noviembre de 2024, sería también, víctima de una ejecución extrajudicial, el entrenador de básquetbol de los “niños descalzos de la montaña” Rigoberto Martínez Sandoval, de 34 años de edad y también militante del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui.
Y cómo mencionábamos a inicio, hace una semana, el 25 de noviembre de 2024 fue también víctima de una ejecución extrajudicial el luchador social Pablo Gómez Sánchez, militante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, por un grupo paramilitar en Chiapas, Pablo, fue un compañero que estuvo en el plantón que hemos instalado a un lado del Zócalo de la Ciudad de México y con el cual comimos y convivimos, cabe mencionar que dicho plantón fue instalado ante la falta de solución del caso de Higinio Bustos Navarro, preso por motivos políticos de la 4T desde hace tres años y medio y por la aparición con vida de los insurgentes Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, víctimas de una desaparición forzada cometida por el grupo policiaco-militar contrainsurgente del Estado de Oaxaca en el año 2007 y por la desaparición forzada de Fidencio Gómez Sántiz, miembro también del FNLS y detenido desaparecido, precisamente después de regresar de la Ciudad de México a Chiapas en el 2016, después de otra protesta, otro caso de ejecuciones extrajudiciales cometidos en contra de otros militantes del FNLS como el niño de 12 años Humberto Morales Sántiz en Chiapas en el 2017 entre otros muchos casos que la misma 4T mantiene en la impunidad.
Así que, aquí seguimos, realizando nuestra labor, nada grata, de documentar todas las violaciones graves que ha cometido el Estado mexicano en contra del movimiento social, popular y de derechos humanos desde el año 2006 hasta la fecha, si bien hay menos casos que con los gobiernos del PRIAN, la existencia de uno sólo y además el mismo discurso y mantener en la impunidad a los perpetradores, todos agentes de estado, convierte a la 4T en cómplice de delito del pasados y ya algunos actuales, todos ellos, graves violaciones a los derechos humanos y delitos que no prescriben a los ojos del sistema universal de derechos humanos.